Uruguay avanza hacia la igualdad de ciudadanía: qué cambia para los extranjeros nacionalizados si se aprueba

Uruguay dio un nuevo paso hacia el reconocimiento de la nacionalidad uruguaya para los extranjeros que obtuvieron la ciudadanía legal. El Poder Ejecutivo presentó formalmente el 14 de octubre de 2026 un proyecto de ley interpretativa de la Constitución que pretende terminar con una diferencia jurídica que afecta a personas nacidas fuera del país, incluso después de haber cumplido los requisitos para convertirse en ciudadanos uruguayos.

La iniciativa del Gobierno de Yamandú Orsi recibió un respaldo internacional el 30 de octubre, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró públicamente su presentación y alentó a las autoridades uruguayas a avanzar hacia su aprobación. Sin embargo, el reconocimiento propuesto todavía no está vigente: el proyecto debe completar su tratamiento parlamentario y no se ha podido confirmar una fecha para su votación definitiva.

El proyecto de ciudadanía uruguaya ya fue presentado al Parlamento

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció el 9 de octubre que el Ejecutivo impulsaría una ley interpretativa para reconocer como nacionales uruguayos tanto a los ciudadanos naturales como a los ciudadanos legales. La propuesta fue elaborada después de estudiar una petición de organizaciones de personas nacionalizadas y consultar a los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Martín Risso.

El documento fue presentado el 14 de octubre, según consta en la publicación oficial de Presidencia. Este avance representa el paso de un anuncio político a una iniciativa legislativa concreta. No obstante, la documentación pública consultada para esta actualización no permite confirmar una aprobación en comisión, una votación en alguna de las cámaras ni un calendario definitivo para su sanción.

La CIDH respalda el avance y pide continuar con la aprobación

El 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el comunicado 240/26, dedicado a los avances de Uruguay en materia de protección de las personas migrantes. El organismo destacó tanto las medidas de regularización migratoria como la presentación del proyecto destinado a reconocer la nacionalidad de los ciudadanos legales.

La CIDH subrayó la importancia del derecho a la nacionalidad y la obligación de los Estados de prevenir situaciones de apatridia. También alentó a las autoridades competentes a examinar la propuesta desde una perspectiva de derechos humanos y avanzar en la eliminación de los obstáculos que afectan a las personas con ciudadanía legal. El pronunciamiento constituye un respaldo institucional relevante, aunque no sustituye el procedimiento legislativo uruguayo ni obliga al Parlamento a aprobar un texto determinado.

Por qué un extranjero puede ser ciudadano uruguayo sin ser reconocido como nacional

La Constitución uruguaya diferencia entre ciudadanía natural y ciudadanía legal. El artículo 74 establece las condiciones de la primera, mientras que el artículo 75 regula el acceso de los extranjeros a la segunda. En términos generales, quienes acreditan familia constituida pueden solicitar la ciudadanía legal después de tres años de residencia habitual, mientras que quienes no tienen familia constituida deben acreditar cinco años, además de cumplir las restantes condiciones constitucionales.

La controversia aparece porque la interpretación jurídica aplicada históricamente distingue entre adquirir la ciudadanía y adquirir la nacionalidad. De esa manera, una persona que nació en otro país, se estableció en Uruguay y obtuvo su Carta de Ciudadanía puede continuar sin ser reconocida como nacional uruguaya. Esa diferencia tiene consecuencias que exceden el debate académico, especialmente cuando se trata de documentos de identidad y viajes internacionales.

Qué cambiaría para los ciudadanos legales si se aprueba la ley

El cambio central sería el reconocimiento de la nacionalidad uruguaya para quienes ya adquirieron la ciudadanía legal. No se trata de eliminar las categorías constitucionales existentes, sino de establecer una interpretación según la cual ambas comprenden a personas nacionales de Uruguay. Esto podría proporcionar un fundamento jurídico más claro para la emisión de documentación y el reconocimiento internacional de su condición.

El proyecto no significa que cualquier extranjero con residencia legal pase automáticamente a ser nacional uruguayo. Residencia legal, ciudadanía legal y nacionalidad son situaciones jurídicas diferentes. Quienes todavía no hayan obtenido la Carta de Ciudadanía deberán seguir el procedimiento correspondiente ante la Corte Electoral, salvo las modificaciones específicas que puedan aprobarse. Tampoco se eliminan necesariamente todas las distinciones constitucionales: determinados cargos públicos, como la Presidencia de la República, continúan reservados a ciudadanos naturales.

Los pasaportes uruguayos están en el centro del reclamo

Uno de los principales motivos de la iniciativa es la situación documental de los ciudadanos legales. Durante años, personas que obtuvieron la ciudadanía uruguaya denunciaron dificultades para viajar debido a la forma en que sus pasaportes identificaban la nacionalidad. La existencia de una ciudadanía reconocida por Uruguay, pero sin una nacionalidad uruguaya igualmente reconocida, generó problemas de interpretación ante autoridades extranjeras.

En 2025, el Gobierno introdujo modificaciones en el formato de los pasaportes que incluyeron el código URY para ciudadanos naturales y legales, además de cambios en la información sobre el lugar de nacimiento. Posteriormente, las autoridades anunciaron el retorno al modelo anterior mientras continuaban las consultas sobre los requisitos internacionales. La nueva iniciativa busca resolver el problema desde su fundamento jurídico, aunque la adaptación concreta de los documentos dependerá de las decisiones administrativas y las normas internacionales aplicables.

La propuesta también contempla a niños y adolescentes extranjeros

Una de las novedades del proyecto está relacionada con el acceso de menores de edad a la ciudadanía legal. Según explicó Jorge Díaz, el artículo segundo de la iniciativa contempla que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la Carta de Ciudadanía mediante sus representantes legales, con la obligación de ratificarla cuando alcancen la mayoría de edad.

Este punto es especialmente importante para familias migrantes establecidas en Uruguay cuyos hijos nacieron en el extranjero. Actualmente, la regulación constitucional de la ciudadanía legal presenta dificultades para las personas menores de edad. La propuesta intenta ofrecer una respuesta a esa situación, aunque su aplicación concreta dependerá del texto que finalmente apruebe el Parlamento y de los procedimientos que establezcan los organismos competentes.

El riesgo de apatridia y los derechos de las personas migrantes

La discusión también involucra a quienes proceden de países que restringen o no admiten la doble nacionalidad. Algunas personas pueden perder su nacionalidad de origen al adquirir otra ciudadanía y encontrarse posteriormente con que Uruguay no las reconoce como nacionales. Jorge Díaz advirtió que esa combinación puede dejar a determinados ciudadanos legales prácticamente en una situación de apatridia.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ya había abordado este problema en un informe publicado en abril de 2025. El documento reunió recomendaciones para garantizar el derecho a la nacionalidad de personas inmigrantes, refugiadas, apátridas y menores de edad. La CIDH retomó ahora la preocupación y recordó que los Estados deben adoptar medidas para evitar la privación arbitraria de nacionalidad y las situaciones de desprotección jurídica.

La oposición constitucional: no todos consideran suficiente una ley interpretativa

La iniciativa también enfrenta cuestionamientos jurídicos y políticos. El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez adelantó objeciones basadas en la Constitución, particularmente en el artículo 81. Esta disposición establece diferencias entre la conservación de la nacionalidad y la pérdida de la ciudadanía legal cuando una persona adquiere otra ciudadanía mediante naturalización.

Los críticos sostienen que esa distinción constitucional impide equiparar nacionalidad y ciudadanía legal por medio de una ley ordinaria y que una modificación de ese alcance podría requerir una reforma constitucional. Por el contrario, los especialistas consultados por el Ejecutivo respaldaron la posibilidad de recurrir a una ley interpretativa. El debate parlamentario deberá examinar estas posiciones, sin que pueda atribuirse automáticamente la postura de un legislador a la totalidad de su partido.

Una reivindicación que lleva años en discusión

El reclamo por la igualdad entre ciudadanos naturales y legales no comenzó en octubre de 2026. Organizaciones como Somos Todos Uruguayos promovieron iniciativas y presentaciones ante autoridades nacionales durante varios años. En 2021 se impulsaron proyectos legislativos vinculados con la igualdad de ciudadanía y la libertad de circulación, que fueron examinados en comisiones parlamentarias y recibieron aportes de académicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil.

En julio de 2025, la organización presentó otra propuesta sobre nacionalidad uruguaya ante la Presidencia de la Cámara de Representantes. El proyecto impulsado ahora por el Ejecutivo representa una nueva etapa de esa reivindicación, al contar con la participación directa del Gobierno nacional y una fundamentación jurídica preparada con asesoramiento constitucional especializado.

Qué falta para que la igualdad de nacionalidad sea una realidad

El siguiente paso decisivo es el tratamiento legislativo. Los representantes parlamentarios deberán estudiar la propuesta, considerar sus eventuales modificaciones y determinar si reúne los votos necesarios para convertirse en ley. Después de una eventual sanción y promulgación, corresponderá establecer cómo se aplicará el reconocimiento en los registros y documentos expedidos por el Estado.

Hasta el 2 de noviembre de 2026, la información verificada permite confirmar tres acontecimientos: el anuncio gubernamental del 9 de octubre, la presentación formal del proyecto el 14 de octubre y el pronunciamiento favorable de la CIDH el 30 de octubre. No existe confirmación suficiente de que la ley ya haya sido aprobada. Para las personas extranjeras que construyeron su vida en Uruguay y obtuvieron la ciudadanía legal, el proyecto representa una posibilidad concreta de reconocimiento nacional, pero todavía depende de una decisión del Parlamento.