Ope Pasquet respalda el proyecto de Orsi sobre nacionalidad uruguaya: “La patria es la república”

Ope Pasquet respaldó el proyecto del gobierno de Yamandú Orsi para reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos legales. En su entrada de blog “La patria es la república”, el dirigente colorado defendió que quienes obtuvieron la ciudadanía dejen de encontrar una barrera adicional para ser reconocidos como uruguayos.

Su apoyo tiene una precisión: discrepa con otorgar la nacionalidad desde la entrega de la carta de ciudadanía y propone esperar tres años. El texto del Poder Ejecutivo, publicado por Presidencia el 14 de octubre de 2026, abre una discusión sobre pertenencia, documentos y derechos, sin eliminar las categorías de ciudadanía natural y legal.

Qué establece el proyecto de nacionalidad uruguaya

La propuesta contiene dos artículos. El primero interpreta los artículos 73 a 75 de la Constitución y reconoce como nacionales a todos los ciudadanos naturales y a los legales por naturalización. Para estos últimos, fija la adquisición de esa condición desde el otorgamiento de la carta de ciudadanía. No los convierte, por esa vía, en ciudadanos naturales.

El segundo contempla a menores de 18 años: prevé que obtengan la carta mediante sus representantes legales, con la ciudadanía suspendida hasta la mayoría de edad y posterior ratificación personal. La iniciativa busca resolver también su situación, un punto que Presidencia destacó al anunciar la propuesta. Se trata de un proyecto remitido al Parlamento, no de una ley que este artículo presente como vigente.

Por qué Pasquet considera necesario el cambio

El argumento central de Pasquet es que resulta injustificado reconocer a una persona como integrante de la comunidad política y, al mismo tiempo, negarle la condición de uruguaya. Su columna describe a inmigrantes que trabajan, forman familias, pagan impuestos y cumplen las leyes del país, pero encuentran que ese arraigo y la ciudadanía obtenida no resuelven su nacionalidad.

También pone el foco en los hijos que llegaron pequeños, fueron a la escuela y construyeron sus vínculos en Uruguay. Para el dirigente, el reconocimiento tiene una dimensión de pertenencia que excede cualquier trámite. “No tiene ningún sentido negarles la nacionalidad uruguaya a quienes se hicieron merecedores de que se les otorgue la ciudadanía”, sostiene en el texto aportado.

El problema de los pasaportes y la apatridia

Pasquet ilustra las consecuencias prácticas con un ciudadano legal nacido en Cuba: advierte que, al viajar, puede enfrentar exigencias de visa asociadas a su origen que no se aplican a otros uruguayos. Es un ejemplo de su columna, no una regla general para todos los destinos. El problema es la discordancia entre ciudadanía y nacionalidad al identificar internacionalmente a una persona.

Hay además un riesgo más grave: que quien pierde su nacionalidad anterior al adquirir otra ciudadanía quede sin una nacionalidad reconocida. Pasquet advierte sobre esa posibilidad de apatridia. El gobierno también la señaló: en su comunicación del 9 de octubre, Presidencia explicó que el reclamo surgió de organizaciones sociales y que las dificultades documentales formaban parte de los motivos para impulsar una solución.

La discrepancia de Pasquet: cuándo reconocer la nacionalidad

El respaldo del colorado no es una adhesión sin observaciones. Pasquet entiende que el reconocimiento debería producirse después del plazo de tres años que la Constitución establece, en los casos ordinarios de ciudadanía legal, para ejercer los derechos correspondientes. El Ejecutivo, en cambio, propone que la nacionalidad se adquiera con la carta, sin esa espera adicional.

Conviene distinguir dos etapas. La reglamentación de la Corte Electoral, publicada por IMPO, recoge que el artículo 75 exige, entre otras condiciones, tres años de residencia habitual con familia constituida o cinco sin ella. Después de otorgada la carta corre otro plazo de tres años para el ejercicio de derechos en los supuestos A y B. Es a este segundo período al que remite la objeción de Pasquet.

Qué cambia en materia electoral y qué límites permanecen

Pasquet subraya que reconocer la nacionalidad no agrega por sí mismo nuevos derechos electorales a quienes ya adquirieron la ciudadanía legal. En su razonamiento, esas personas acceden al padrón cuando cumplen las condiciones constitucionales: la iniciativa no debe confundirse con una habilitación inmediata para votar de cualquier extranjero residente ni con la supresión de los requisitos para hacerse ciudadano.

La distinción también alcanza al acceso a cargos. La Presidencia y la Vicepresidencia continúan reservadas a ciudadanos naturales, como recuerda Pasquet. Por eso, hablar de igualdad en el reconocimiento de la nacionalidad no significa que desaparezcan todas las diferencias constitucionales. El punto que defiende es que esas diferencias no justifiquen mantener a los ciudadanos legales fuera de la condición de nacionales.

Un cambio de posición sobre la interpretación constitucional

Uno de los aspectos más relevantes de la columna es que Pasquet reconoce haber revisado su criterio. Explica que antes adhería a la doctrina de Justino Jiménez de Aréchaga sobre ciudadanía y nacionalidad. Mantiene que una ley no puede ampliar ni reducir las categorías de ciudadanos naturales definidas por la Constitución, pero ahora considera que existe margen legislativo para reconocer la nacionalidad de los legales.

Su argumento se apoya en que la Constitución regula quiénes son ciudadanos, pero deja una definición insuficiente de quiénes son nacionales. Pasquet recuerda la Ley 16.021 de 1989 como antecedente legislativo sobre nacionalidad. Desde esa perspectiva, sostiene que el Parlamento puede interpretar el texto constitucional o completar sus vacíos, sin modificar las reglas que determinan quién es ciudadano natural.

Una discusión sobre qué significa ser uruguayo

Pasquet también reconoce dificultades interpretativas en el artículo 81, que trata la conservación de la nacionalidad y la pérdida de ciudadanía legal por una naturalización posterior. En su columna presenta distintas lecturas posibles, sin describir la cuestión como jurídicamente indiscutible. Su conclusión es que la regulación deficiente no impide legislar: justamente abre un espacio para precisar el alcance de esas disposiciones.

El respaldo está acompañado por una idea republicana de pertenencia: para Pasquet, integrar la comunidad de ciudadanos debe permitir ser reconocido como uruguayo. Su cierre condensa esa posición: “la patria no es la tierra ni la sangre, la patria es la república”. El debate parlamentario deberá resolver la interpretación jurídica y los plazos de una iniciativa que el dirigente colorado considera necesaria, aunque plantea corregir uno de sus aspectos.

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