Inmigración en Uruguay: el miedo irracional a los que llegan a un país envejecido y despoblado

Hay una escena que Uruguay conoce bien: alguien junta documentos, reconstruye el recorrido de un abuelo y busca una oportunidad del otro lado de una frontera. En muchas familias, esa historia explica cómo llegaron los antepasados. En otras, explica cómo se fueron los hijos.

Sin embargo, cuando el viaje termina aquí, la conversación puede cambiar. La búsqueda de trabajo se vuelve sospechosa. Un acento adquiere valor de advertencia. La necesidad de empezar de nuevo, tan comprensible cuando tiene nuestro apellido, empieza a leerse como una amenaza cuando pertenece a otros.

La inmigración merece una discusión seria. Incluye empleo, vivienda, servicios públicos, documentación y convivencia. Precisamente por eso necesita algo más que imágenes de redes sociales y palabras capaces de convertir a una población entera en un problema.

También necesita una pregunta que suele quedar fuera: ¿qué país queremos construir mientras Uruguay envejece?

Cuántos inmigrantes viven en Uruguay

El Censo 2023 ofrece una referencia concreta. Según el análisis de sus resultados realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, 121.151 residentes habían nacido en el exterior: aproximadamente el 3,5% de la población. En 2011, la proporción era del 2,4%.

Argentina seguía siendo el principal país de nacimiento de esa población, con 32.027 personas. Le seguían Venezuela, con 16.179, y Cuba, con 11.862. Estos dos últimos grupos sumaban alrededor de 28.000 residentes, equivalentes al 0,8% de la población del país.

Es una fotografía de 2023. No describe automáticamente la situación de 2026 ni permite negar cambios posteriores. Pero sí establece una escala desde la cual discutir en un país que siempre necesitó de los migrantes.

Las comparaciones internacionales exigen otro cuidado. La serie International Migrant Stock 2024 de Naciones Unidas estima para Uruguay unos 160.000 migrantes internacionales, el 4,7% de su población. El promedio mundial de esa edición es del 3,7%. Por tanto, sería incorrecto enfrentar el porcentaje censal uruguayo con el promedio de la ONU y concluir, sin aclaraciones, que el país está por debajo del mundo.

Las cifras pueden diferir por sus fechas, fuentes y métodos de estimación. Explicar esa diferencia fortalece el argumento: una discusión contra el prejuicio también debe resistir la tentación de elegir solamente el número más conveniente.

Cruzar una frontera no equivale a instalarse

En 2025, la Dirección Nacional de Migración registró 22.550 ingresos y 7.589 egresos de pasajeros de nacionalidad cubana. La diferencia fue de 14.961 movimientos.

El dato muestra un desequilibrio importante entre entradas y salidas. Pero requiere una precisión: los registros de pasajeros contabilizan movimientos de frontera. Una persona puede viajar más de una vez, y una entrada no demuestra por sí sola una radicación permanente.

Tampoco es lo mismo contar pasajeros que residencias concedidas o personas nacidas en el exterior que viven habitualmente en el país. Estas diferencias parecen pequeñas hasta que desaparecen de un titular. Entonces, turistas, trabajadores, residentes y viajeros recurrentes pueden quedar convertidos en una única multitud imaginaria.

La dimensión nacional, además, no agota lo que ocurre en cada localidad. Un cambio moderado para el conjunto del país puede sentirse con intensidad en un barrio o en un pueblo. Esa experiencia merece políticas y recursos; no autoriza a transformar el origen de sus nuevos vecinos en una acusación.

El aporte existe y la integración también cuesta

La presencia migrante tiene una dimensión laboral verificable. En enero de 2026, los cotizantes migrantes del BPS superaban las 104.000 personas y representaban casi el 7% de los trabajadores registrados en el organismo, según la información presentada por su presidenta, Jimena Pardo.

En la misma actividad, el MTSS y la Facultad de Ciencias Sociales señalaron que, entre los inmigrantes llegados durante los cinco años estudiados, la mitad tenía formación terciaria. También identificaron un desajuste entre esa preparación y las tareas que desempeñaban.

Hay aquí una discusión más útil que la competencia entre nacionalidades: cuánto conocimiento pierde un país cuando una persona no consigue ejercer lo que sabe.

Aportar al sistema de seguridad social no elimina las dificultades para alquilar, reconocer estudios o acceder a un empleo acorde con la formación. La investigación sobre las condiciones de vida de la población nacida en el exterior también identifica mayores problemas de hacinamiento entre cubanos y venezolanos y dificultades específicas de inserción laboral y educativa.

Recibir personas implica ocuparse de esas condiciones. Celebrar su contribución mientras se tolera su precariedad sería una forma bastante cómoda de hospitalidad.

Seguridad: lo que una cifra permite decir

Ahora bien; veamos el universo penitenciario uruguayo. Sobre 16.726 personas privadas de libertad, 404 eran extranjeras: aproximadamente el 2,4%. Es un dato que obliga a examinar con cuidado las asociaciones generales entre extranjería y delincuencia.

Pero tampoco corresponde convertirlo en una demostración definitiva sobre quién delinque más o menos. Nacionalidad y país de nacimiento son categorías distintas. La población penitenciaria tampoco constituye, por sí sola, una tasa de delitos comparable entre grupos.

Investigar organizaciones criminales exige pruebas sobre conductas, vínculos y operaciones. Sospechar de una colectividad por su procedencia desplaza esa exigencia hacia personas que no tienen por qué responder por otras.

La misma prudencia sirve para la educación. El informe uruguayo de PISA 2022 no encontró diferencias estadísticamente significativas en el desempeño matemático entre estudiantes migrantes y nacionales, pero advirtió que el grupo migrante comprendía apenas 101 casos. Es un resultado con límites, no una autorización para generalizar sobre todos los estudiantes.

La memoria selectiva de un país de inmigrantes

Uruguay suele contar su historia migratoria desde el momento en que los recién llegados ya consiguieron pertenecer. Los barcos se vuelven recuerdos familiares; los apellidos, patrimonio; las diferencias, costumbres nacionales.

El recorrido fue menos amable y la bienvenida (o no) dependía del origen. Se favorecía la inmigración europea mientras se consideraban indeseables otros grupos. La reglamentación de 1902 llegó a justificar las restricciones mediante la expresión “razas inferiores”.

También intervenía la posición económica: las autoridades intentaban impedir que personas rechazadas ingresaran desde puertos vecinos comprando pasajes de primera clase. La aplicación tenía controles, excepciones y vías de evasión; no fue una barrera uniforme.

La legislación de 1890 combinaba medidas para fomentar la inmigración con exclusiones explícitas contra asiáticos, africanos y personas identificadas entonces como “zíngaros o bohemios”, términos empleados entonces para referirse a poblaciones romaníes o gitanas.

Las investigaciones históricas documentan esa convivencia entre bienvenida y selección racial, pero de ello poco se ha hablado antes y ahora.

Décadas después, la Ley 8.868 de 1932 estableció nuevas restricciones de entrada y permanencia de extranjeros. Su lenguaje clasificaba a personas bajo categorías como “vagos”, “maleantes” o “ebrios habituales”.

Recordar esos antecedentes ayuda a desconfiar de una memoria nacional que conserva las contribuciones y borra los rechazos.

Un ejemplo está en el himno. Francisco José Debali compuso su música, como reconoce la Academia Nacional de Letras. La letra pertenece a Francisco Acuña de Figueroa. La precisión importa: hasta los símbolos más familiares tienen historias que exceden una idea cerrada del origen nacional.

El país que viene tendrá más canas

Mientras se discute la llegada de extranjeros, las proyecciones demográficas describen una transformación profunda. La revisión del INE presentada en julio de 2025 sitúa el máximo poblacional en 2020 y el comienzo de la disminución en 2021. Proyecta un descenso desde unos 3,5 millones de habitantes en 2024 hasta aproximadamente 3 millones en 2070.

En ese escenario, las personas de 65 años o más pasarían del 15,8% al 32,5% de la población. Son proyecciones sujetas a supuestos, pero dibujan un horizonte que exige decisiones sobre cuidados, trabajo y servicios públicos.

La caída de los nacimientos ya es visible: Uruguay pasó de 48.926 en 2015 a 29.899 en 2024, una reducción cercana al 39%.

La inmigración puede contribuir a sostener población y actividad económica. Su alcance dependerá de cuántas personas lleguen, de sus edades, de cuánto permanezcan y de las oportunidades que encuentren. No reemplaza las políticas de vivienda, empleo, cuidados o apoyo a quienes desean tener hijos.

También importa la emigración. Una encuesta de Cifra realizada en mayo de 2022 encontró que seis de cada diez jóvenes se irían si tuvieran la oportunidad. Esa respuesta medía disposición, no partidas efectivas; aun así, revela una pregunta que Uruguay lleva tiempo haciéndose sobre sus posibilidades de futuro.