Uruguay es uno de los países mejor preparados de Latinoamérica para afrontar los efectos de la IA

Uruguay enfrenta una combinación de crecimiento económico débil y oportunidades tecnológicas que todavía debe transformar en resultados. El Banco Mundial estima que el producto interno bruto aumentará 1,2% en 2026, mientras identifica al país como uno de los mejor posicionados de América Latina y el Caribe para aprovechar la inteligencia artificial.

Ese contraste atraviesa el informe Panorama económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA, publicado en octubre de 2026. El organismo sostiene que disponer de tecnología avanzada resulta insuficiente si empresas, trabajadores y gobiernos carecen de las capacidades necesarias para incorporarla de manera productiva.

La publicación, elaborada con información disponible hasta el 23 de septiembre de 2026, conecta el bajo dinamismo regional con problemas persistentes de inversión, educación e informalidad. También plantea que la inteligencia artificial puede contribuir a superar esas restricciones, aunque su expansión podría profundizar las desigualdades si los beneficios quedan concentrados.

Uruguay crecería por debajo del promedio regional

La estimación de crecimiento de 1,2% para Uruguay en 2026 se ubica un punto porcentual por debajo del 2,2% previsto para América Latina y el Caribe. El documento presenta una trayectoria de desaceleración respecto del aumento de 3,3% registrado en 2024 y del 1,8% correspondiente a 2025.

Para los años siguientes, el Banco Mundial proyecta una recuperación gradual: 1,8% en 2027 y 2% en 2028. Esas cifras describen una expansión moderada y están sujetas a cambios en las condiciones económicas, comerciales y climáticas.

Al explicar el desempeño uruguayo, el organismo menciona factores externos adversos y una reducción de los rendimientos de la soja relacionada con la sequía. El consumo privado aparece como una fuente importante de sostén para la actividad, aunque el informe no cuantifica por separado la contribución de cada factor.

Riesgo soberano y combustibles: dos fortalezas institucionales

Uruguay mantiene una posición favorable en la comparación del riesgo soberano. El gráfico del informe sobre diferenciales de deuda lo sitúa, en agosto de 2026, con el menor nivel entre los siete países latinoamericanos considerados: Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

La publicación también incluye al país entre las economías que utilizan mecanismos institucionales para enfrentar la volatilidad internacional de los combustibles. Señala que Uruguay conserva los precios de referencia y aplica alivios sectoriales focalizados, aunque no detalla sus instrumentos, destinatarios o costos presupuestarios.

Estas referencias aparecen dentro de un escenario regional condicionado por el encarecimiento del financiamiento y las presiones energéticas. El Banco Mundial advierte que los intereses de la deuda restringen el margen de los gobiernos para invertir y responder a nuevas necesidades sociales.

Una región que resiste, pero no logra acelerar

El crecimiento regional previsto para 2026, de 2,2%, queda ligeramente por debajo del 2,4% de 2025. Para el organismo, esa estabilidad revela resistencia frente a perturbaciones externas, pero no alcanza para mejorar significativamente los ingresos por habitante.

El consumo de los hogares sostiene buena parte de la actividad, mientras la inversión permanece moderada. Las empresas enfrentan costos financieros elevados e incertidumbre; los gobiernos, por su parte, disponen de poco espacio fiscal debido al endeudamiento y los pagos de intereses.

Las diferencias nacionales son amplias. Paraguay y República Dominicana crecerían 4,7%; El Salvador, 4,5%; Panamá, 4,2%; y Perú, 3,2%. Brasil y Argentina registrarían una expansión de 2,1%, México de 1,4% y Chile de 0,8%. Guyana presenta un crecimiento extraordinario de 23,7%, vinculado con su producción petrolera.

Argentina recibe una evaluación favorable y el Caribe muestra dos trayectorias

El documento valora favorablemente la estabilización fiscal argentina, la reducción del riesgo soberano y las reformas destinadas a promover inversiones. También menciona una cartera de proyectos asociada al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, pero aclara que la mayoría todavía no se ha materializado.

Brasil enfrenta condiciones monetarias restrictivas que limitan el crédito y la demanda. México combina incertidumbre comercial y de políticas internas con un menor impulso de grandes proyectos públicos. En ambos casos, su peso económico influye considerablemente sobre el resultado regional.

En el Caribe, el Banco Mundial distingue entre economías exportadoras de hidrocarburos y países dependientes del turismo. Estos últimos enfrentan costos elevados de energía y transporte, además de una moderación del crecimiento tras la recuperación de los viajes posterior a la pandemia.

Energía y El Niño agregan presión sobre precios y producción

El informe identifica al conflicto en Medio Oriente como una fuente de volatilidad para los combustibles, los alimentos y los fertilizantes. Los efectos varían según cada país: los exportadores energéticos pueden recibir ingresos adicionales, mientras los importadores enfrentan mayores costos.

La inflación regional descendió desde los máximos de 2022, pero persisten dificultades para completar ese proceso, especialmente en los servicios. Los nuevos aumentos energéticos pueden retrasar las reducciones de tasas de interés y mantener condiciones financieras exigentes para hogares y empresas.

El documento también advierte sobre los riesgos de El Niño: sequías, lluvias excesivas, daños agrícolas y afectaciones de infraestructura. La dependencia latinoamericana de la generación hidroeléctrica amplifica la exposición, porque una menor disponibilidad de agua puede obligar a recurrir a fuentes térmicas más costosas.

Pobreza y empleo: las tasas generales ocultan fragilidades

El bajo crecimiento reduce la capacidad de avanzar contra la pobreza. El Banco Mundial señala que la informalidad y los déficits educativos limitan las posibilidades de acceder a aumentos sostenidos de productividad y salarios.

Su caracterización regional muestra que 80,9% de la población pobre tiene bajo nivel educativo y que 83,4% de los trabajadores pobres son informales. Son resultados agregados de América Latina y el Caribe y no deben interpretarse como cifras exclusivas de Uruguay.

El organismo también advierte que una tasa de desempleo estable puede ocultar deterioros. En economías informales, los ajustes pueden producirse mediante menores ingresos, ocupaciones precarias o autoempleo de subsistencia, sin que necesariamente aumente la cantidad de personas que declara estar desempleada.

Las precisiones necesarias para interpretar los datos uruguayos

Uruguay aparece entre los países con menores niveles de pobreza en la comparación realizada mediante la línea internacional de US$8,30 diarios en paridad de poder adquisitivo de 2021. Esa referencia sirve para comparaciones internacionales y no equivale a la línea oficial utilizada por el país.

El informe advierte que los cambios de encuesta y metodología limitan las comparaciones históricas uruguayas. El dato de 2013 no es totalmente comparable con el resto de la serie y los valores desde 2023 también presentan diferencias respecto de los anteriores.

En desempleo existe otra precisión: la observación de Uruguay presentada bajo la etiqueta de 2025 corresponde a 2024. Además, los períodos 2016–2019, 2020 y 2024 no son plenamente comparables entre sí, por lo que el documento recomienda considerarlos indicativos.

Uruguay destaca en preparación para la inteligencia artificial

En el índice de preparación para la IA incluido en la publicación, Uruguay obtiene 0,55 sobre 1 y queda segundo entre los países latinoamericanos y caribeños listados, detrás de Chile, con 0,59. El promedio de referencia de la OCDE, excluidos sus integrantes latinoamericanos, alcanza 0,69.

El mejor resultado relativo uruguayo corresponde a regulación y ética, con 0,67. En capital humano y políticas laborales obtiene 0,52; en innovación e integración económica, 0,49; y en infraestructura digital, 0,52. Esta última dimensión presenta la mayor distancia respecto del parámetro de la OCDE.

La fecha de la medición es relevante: la tabla utiliza la edición de 2023 del indicador del Fondo Monetario Internacional. Su incorporación al informe de octubre de 2026 no significa que todas sus variables hayan sido medidas nuevamente este año.

Preparación tecnológica y aplicación pública muestran diferencias

Otro indicador incluido en la publicación ofrece una imagen menos favorable para Uruguay. El gráfico sobre adopción de IA en los gobiernos, basado en información de CEPAL, coloca al país por debajo del promedio regional de 43,1 puntos.

Ese resultado no mide lo mismo que el índice general de preparación. Combina aspectos del gobierno digital con el uso y desarrollo de inteligencia artificial para participación ciudadana. Ambos indicadores permiten observar capacidades y aplicaciones desde perspectivas diferentes.

Uruguay recibe, además, una valoración positiva en ciberseguridad. El documento destaca que combina su estrategia nacional con inversiones sostenidas en respuesta a incidentes y coordinación de políticas, como ejemplo de avances desde la planificación hacia la implementación.

La educación define cuánto puede aprovecharse la tecnología

El informe considera que los déficits educativos constituyen una barrera fundamental para la transformación productiva. En su análisis de PISA 2025 identifica amplias diferencias entre los países latinoamericanos participantes y el promedio de la OCDE en matemáticas, ciencias y lectura.

Dentro de ese panorama, Uruguay figura junto con Costa Rica y El Salvador entre los países con mejoras significativas en ciencias. El pasaje no proporciona un puntaje uruguayo específico ni permite extender esa mejora a todas las áreas evaluadas.

El Banco Mundial vincula la preparación tecnológica con aprendizajes básicos, formación docente y continuidad educativa. También recomienda fortalecer trayectorias técnicas y profesionales que faciliten el ingreso al empleo y la adaptación a nuevas tareas.

La automatización también llegará fuera de las oficinas

Uno de los aportes del informe consiste en ampliar el análisis más allá de los trabajos frente a una pantalla. Según su clasificación, 78,1% del empleo regional pertenece a actividades donde la tecnología debe interactuar con el mundo físico.

El organismo estima que 9,5% del empleo latinoamericano corresponde a tareas cognitivas rutinarias expuestas a automatización mediante IA generativa, mientras 8,4% presenta posibilidades de complementación. Otro 26,8% se concentra en actividades físicas o transaccionales previsibles, susceptibles de reemplazo mediante automatización.

También identifica un 19,7% bajo resistencia frágil: ocupaciones cuya automatización todavía resulta limitada por costos, bajos salarios o entornos imprevisibles. Esas proporciones describen exposición tecnológica y no representan una previsión de puestos que necesariamente desaparecerán.

Uruguay presenta un perfil de servicios y conocimiento

El Banco Mundial menciona expresamente a Uruguay y Chile como ejemplos de economías orientadas a los servicios y el conocimiento. Describe sus perfiles laborales como relativamente cercanos a los de economías avanzadas, con mayores posibilidades de complementación mediante IA generativa y menor presencia de resistencia frágil.

Esa posición ofrece oportunidades, pero también expone tareas administrativas y cognitivas rutinarias. El documento no presenta una estimación de despidos para Uruguay ni permite convertir las categorías de exposición en una cantidad determinada de empleos que serán eliminados.

Las ventajas más duraderas se vinculan con trabajos que requieren destreza física, resolución de problemas, cuidado y relaciones humanas. El informe identifica posibilidades en oficios especializados, mantenimiento, salud, educación y servicios de atención.

Jóvenes, mujeres y trabajadores rurales enfrentan riesgos diferentes

Los jóvenes pueden encontrar menos oportunidades en tareas iniciales que tradicionalmente permiten ingresar a una profesión. La transformación podría manifestarse mediante una reducción de las contrataciones, además de eventuales despidos.

Las mujeres presentan una exposición particular por su participación en ocupaciones administrativas y de cuidado doméstico. Los trabajadores rurales, en tanto, enfrentan riesgos de mecanización y dificultades de conectividad que limitan su acceso a los beneficios digitales.

Por eso, el organismo recomienda evaluar la calidad de las transiciones laborales. Conseguir otro empleo puede coexistir con una caída salarial, menor estabilidad o pérdida de perspectivas profesionales.

Las empresas usan IA, pero pocas transforman sus procesos

Las encuestas citadas muestran que las empresas utilizan inteligencia artificial principalmente para buscar información, resumir, redactar y traducir. Su integración con datos propios, procesos centrales y automatización compleja es menos frecuente.

La falta de experiencia y personal preparado aparece reiteradamente como una barrera. El informe sostiene que comprar herramientas resulta insuficiente cuando las organizaciones no saben identificar aplicaciones útiles, reorganizar responsabilidades o verificar los resultados.

Los efectos observados sobre las plantillas todavía son limitados: 91% de las empresas argentinas adoptantes y 95% de las costarricenses usuarias no reportan cambios en su dotación. Las diferencias entre encuestas impiden trasladar esos resultados automáticamente a Uruguay.

Centros de datos: inversión con beneficios que deben demostrarse

Uruguay aparece en el mapa de anuncios de infraestructura digital desde 2022, dentro de la categoría correspondiente a una empresa de hiperescala con un proyecto anunciado. El relevamiento cuenta empresas, incluye anuncios todavía no construidos y no acredita por sí mismo disponibilidad local de cómputo de IA.

El Banco Mundial advierte que los centros de datos generan empleo durante su construcción, pero requieren relativamente pocos puestos permanentes. También pueden aumentar la demanda de electricidad, agua, suelo y capacidad de las redes.

Su recomendación es evaluar los costos y negociar beneficios verificables antes de otorgar incentivos: formación de trabajadores, desarrollo de proveedores, infraestructura y recaudación. También alerta sobre tarifas eléctricas preferenciales cuyos costos puedan trasladarse a otros usuarios.

Capacitar y fortalecer instituciones antes de que aumenten los costos sociales

El organismo propone que los gobiernos impulsen aplicaciones concretas, mejoren sus datos y utilicen las compras públicas para desarrollar soluciones útiles. Los ejemplos incluyen detección de fugas de agua en Argentina, apoyo educativo en Perú, telemedicina en El Salvador y fiscalización ambiental en Brasil.

La estrategia laboral combina formación técnica, carreras cortas, asistencia a empresas, servicios de empleo y apoyo temporal de ingresos. El objetivo es facilitar transiciones antes de que los trabajadores queden excluidos durante períodos prolongados.