EE.UU. enviará US$6.5 millones a Uruguay para luchar contra el crimen organizado

Uruguay y Estados Unidos han concretado un acuerdo de cooperación bilateral en seguridad pública, consolidando un proceso de diálogo iniciado a principios de 2026. Este convenio establece la entrega de US$ 6,5 millones durante el primer año, con la posibilidad de extenderse en el tiempo sujeto a la aprobación del Congreso estadounidense. Se trata de un hito en la relación entre ambos países, dado que es el primer programa estrictamente bilateral en esta materia, superando la modalidad previa de fondos regionales.

La ejecución de este programa está a cargo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés). Este organismo tiene como función principal el diseño y financiamiento de estrategias de cooperación para la lucha contra las drogas y el fortalecimiento institucional. La INL ha desarrollado iniciativas similares en otros países de la región, siendo el Plan Colombia uno de sus precedentes más significativos en cuanto a asistencia técnica y operativa.

De acuerdo con información oficial de la agencia, el objetivo del organismo es claro: “La INL debilita y desmantela organizaciones criminales transnacionales y cárteles narcoterroristas mediante la capacitación y el equipamiento de fuerzas de seguridad extranjeras, y facilitando que las autoridades estadounidenses priven a estos grupos de sus ganancias ilícitas, investiguen sus estructuras operativas y de liderazgo, y arresten, procesen judicialmente y extraditen a narcoterroristas que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses”.

Un acuerdo bilateral del actual gobierno

El origen de este entendimiento se remonta a los primeros meses del año, tras conversaciones entre el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y el equipo de la embajada estadounidense liderado por el embajador Lou Rinaldi. La solicitud de una mayor colaboración fue respondida con la construcción de un programa estructurado. Según fuentes diplomáticas, el embajador Rinaldi enfatizó la necesidad de apoyar a un socio estratégico frente a desafíos de creciente complejidad.

La estrategia busca trascender la asistencia puntual para convertirse en un compromiso sostenido en el tiempo. Chris Andino, encargado de Negocios de Estados Unidos en Uruguay, destacó la relevancia de actuar preventivamente: “Uruguay tiene hoy la posibilidad de enfrentar ciertos desafíos de crimen organizado. Es clave hacerlo ahora, antes de que haya mayores problemas aquí o en los países vecinos”. Asimismo, añadió que la intención es consolidar una “estrategia nacional a largo plazo”.

En las próximas semanas, agentes estadounidenses de organismos como la Administración para el Control de Drogas (DEA) viajarán a Montevideo para trabajar junto a autoridades locales en el diseño detallado del plan. Estos expertos, que hasta ahora supervisaban las acciones desde oficinas regionales en Buenos Aires y Brasilia, definirán las prioridades junto a los mandos uruguayos.

El alcance del programa es amplio e involucra a diversas dependencias clave del Estado uruguayo. Además del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se prevé la participación de la Dirección Nacional de Aduanas, la Prefectura Nacional Naval, el Ejército Nacional, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

El enfoque no se limitará únicamente al equipamiento, sino que abarcará el análisis jurídico para adaptar regulaciones nacionales, el desarrollo de investigaciones complejas en territorio uruguayo y la mejora en la gestión e intercambio de inteligencia. Los temas ya discutidos incluyen el narcotráfico por vía marítima en el Puerto de Montevideo y el impacto de la actividad criminal en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Un punto crítico del diagnóstico compartido es la expansión regional del Primer Comando Capital (PCC). La preocupación radica en la capacidad de estas organizaciones para diversificar sus actividades ilícitas. “Hoy ha cambiado mucho cómo enfrentamos al comercio de drogas y a las organizaciones cuyo negocio no es solo vender drogas, sino lavar el lucro de esa venta”, afirmó Andino.