Imputaron dueño de inmobiliaria y militante del PN por vender terrenos con documentos falsos

La jueza de crimen organizado Diovanet Olivera imputó este viernes a Paulo Álvez, propietario de una inmobiliaria de Piriápolis, por su presunta participación en una organización que vendía terrenos en Punta Negra, Maldonado, utilizando documentos falsificados.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, investiga ahora el patrimonio de los implicados ante la posible comisión del delito de lavado de activos.

Según informó La Diaria, tanto Álvez como su esposa son militantes del Partido Nacional e integraron la lista 133, que en junio de 2024 postuló a Álvaro Delgado a la Presidencia y al diputado Diego Echeverría a la Intendencia de Maldonado, con respaldo de Enrique Antía. En la misma lista también figuran María Fernández Muñoz y William Mattón.

Una trama de al menos siete años con documentos apócrifos

La investigación se originó en junio de 2019, cuando una actuación administrativa de la Intendencia de Maldonado detectó irregularidades en operaciones inmobiliarias sobre terrenos del balneario Punta Negra. Según reconstruyó la Fiscalía, la maniobra se articuló en torno a un poder para realizar compraventas en nombre de terceros, para lo cual se falsificó una firma y se utilizó el sello de un escribano fallecido en 2006 que no emitía poderes desde la década de 1980.

Los integrantes de la organización seleccionaban terrenos cuyos propietarios eran argentinos fallecidos o que no visitaban el país con frecuencia, de modo que los predios carecían de una custodia permanente. Con el poder falsificado, actuaban ficticiamente en nombre de esos propietarios y se vendían el terreno entre ellos por valores nulos o ínfimos, para después revenderlos a terceros compradores de buena fe a través de la inmobiliaria de Álvez, obteniendo miles de dólares de ganancia.

Los implicados con medidas cautelares

Álvez fue encausado por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. Deberá cumplir arresto domiciliario total hasta el 22 de diciembre, con tobillera electrónica, cierre de fronteras y prohibición de comunicarse con otros investigados. Su esposa fue condenada mediante acuerdo abreviado por los mismos delitos en calidad de coautora y cumplirá 22 meses en régimen de libertad a prueba.

Ambos se encontraban de vacaciones en Río de Janeiro y regresaron anticipadamente al enterarse de los avances de la causa, siendo detenidos el jueves en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. La suegra de Álvez quedó desvinculada al participar en una venta que no se concretó, mientras que una escribana que se encuentra en el exterior será detenida el domingo a su arribo al país.

En la causa ya hay otros dos imputados: William Mattón Pimentel, empleado de la inmobiliaria que se encargaba de conseguir terrenos y se hacía pasar por propietario para expulsar a ocupantes bajo amenazas de embargo, y Oscar Iguini, quien facilitó el sello y la documentación del escribano fallecido. Ambos irán a juicio oral y cumplen arresto domiciliario con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre, pese al pedido de prisión preventiva por 90 días solicitado por la Fiscalía.

También fueron condenados Sebastián Mattón y María Fernanda Muñoz Esquivel mediante acuerdo abreviado a 18 meses de libertad a prueba por asociación para delinquir y estafa.

US$ 200.000 comprobados y una investigación por lavado de activos

El Ministerio Público tiene comprobadas transacciones fraudulentas por US$ 200.000 y busca determinar el destino final de ese dinero. La fiscal Fleitas informó que se investigará el patrimonio de los implicados ante la posibilidad de que se haya cometido lavado de activos, un delito que en Uruguay pueden cometer también las inmobiliarias como sujetos obligados no financieros ante la SENACLAFT.

Durante los allanamientos realizados en los domicilios de los involucrados se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y un sello con el nombre del escribano fallecido, además de copias de documentos que simulaban tener carácter notarial.