¿Copiar a Bukele? Los riesgos de replicar megacárcles en países con realidades criminales y sociales distintas

La imagen es ya familiar en toda América Latina: filas de reclusos tatuados, sin camisa, corriendo hacia enormes pabellones bajo la mirada de guardias fuertemente armados. Fue la puesta en escena del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, inaugurado en febrero de 2023, y desde entonces se ha convertido en el modelo a seguir para una decena de gobiernos de la región.

Tres años después, al menos 10 países han anunciado la construcción de 16 megacárceles, imitando la estrategia del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, expertos en seguridad y organizaciones de derechos humanos advierten que el tamaño de las prisiones no es la clave del éxito y que, en muchos casos, replicar este modelo puede ser contraproducente.

El CECOT, ubicado en Tecoluca, a unos 70 kilómetros al este de San Salvador, tiene capacidad para 40.000 reclusos y fue construido en solo siete meses. Su inauguración estuvo acompañada de un despliegue mediático sin precedentes, con videos cuidadosamente producidos y ampliamente difundidos en redes sociales por el gobierno de Bukele, que mostraban la disciplina y el control absoluto sobre los internos.

La política de mano dura del mandatario salvadoreño comenzó en marzo de 2022, tras una masacre perpetrada por pandillas que dejó 86 muertos. En respuesta, Bukele decretó un régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales y flexibilizó las detenciones por cargos de crimen organizado.

Desde entonces, el régimen ha sido renovado durante 52 meses consecutivos y ha llevado a la captura de decenas de miles de presuntos pandilleros. Sin embargo, también ha generado numerosas denuncias de abusos contra los derechos humanos, desde detenciones arbitrarias hasta torturas.

Megacárceles que cultivan pandillas (¿para luego combatirlas?)

El “éxito” de Bukele en debilitar a la Mara Salvatrucha (MS13) y a la Barrio 18 ha sido innegable, pero los líderes de otros países han intentado copiar la receta sin considerar las diferencias estructurales. En Honduras, la entonces presidenta Xiomara Castro anunció planes para una megacárcel con capacidad para 20.000 reclusos, aunque el proyecto en las Islas del Cisne fue descartado por motivos de protección ambiental.

En Perú, una propuesta para construir un centro en Ananea, en el departamento de Puno, ni siquiera fue aprobada. Mientras tanto, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha sido uno de los principales defensores del enfoque de mano dura.

Tras declarar un conflicto armado interno en enero de 2024, Noboa anunció la construcción de varias prisiones, y ya puso en funcionamiento el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, conocido como “El Encuentro”. “Para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita”, afirmó al anunciar sus planes penitenciarios.

Pero el entusiasmo por las megacárceles choca con una realidad incómoda: la historia de la región está llena de ejemplos de prisiones que se convirtieron en centros de operaciones criminales. El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en Venezuela; el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV) surgieron en las cárceles brasileñas; y en Ecuador, grupos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones también se forjaron tras las rejas.

Las oficinas de las pandillas

En El Salvador, las pandillas utilizaron las prisiones como sedes de facto durante años. El propio CECOT es una excepción porque impone condiciones extremadamente restrictivas: los reclusos no tienen contacto con sus familias, permanecen en celdas hacinadas y sin ventanas, y la mayoría no accede a asistencia jurídica. Estas condiciones, que violan los derechos humanos, han sido posibles gracias al respaldo político y a la suspensión de garantías constitucionales, algo que no todos los países pueden o están dispuestos a replicar.

Además, el tamaño importa, pero no tanto como se cree. Aunque la mayoría de los proyectos se promocionan como megacárceles, son considerablemente más pequeños que el CECOT. En Paraguay, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, en Alto Paraná, comenzó a recibir traslados masivos en agosto de 2025, pero apenas tiene capacidad para 1.300 reclusos de alta seguridad.

En Argentina, la construcción del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP), apodado “El Infierno”, avanza a menos de 16 kilómetros de Rosario, una de las ciudades más violentas del país. Pero ni el tamaño ni la dureza de las condiciones garantizan resultados. Las megacárceles abordan los síntomas del crimen organizado, no sus causas.

La pobreza, la corrupción y el aumento del tráfico de cocaína son los verdaderos motores de la violencia en la región. En Panamá, la pobreza impulsa el crecimiento de las pandillas; en Costa Rica, los narcotraficantes aprovechan las vulnerabilidades de los puertos; en Guatemala, la corrupción debilita los esfuerzos de seguridad.

El incremento de la producción y el tráfico de cocaína desde Colombia y Perú, y a través de Ecuador, sigue alimentando la competencia entre grupos criminales. En este contexto, las megacárceles son, en el mejor de los casos, una respuesta parcial y, en el peor, una cortina de humo que desvía la atención de las reformas estructurales necesarias.

Los expertos coinciden en que el encarcelamiento masivo no es una fórmula confiable contra el crimen. Las prisiones con poco personal y escasos recursos son un caldo de cultivo para la violencia, donde los reclusos forman grupos para protegerse y competir por territorio y negocios. La historia ha demostrado que los grupos criminales más poderosos de la región surgieron en prisiones hacinadas, y que el control de las cárceles les ha permitido expandirse en las calles. El CECOT logró doblegar a las pandillas en El Salvador, pero a un costo altísimo en términos de derechos humanos y con un modelo que, por ahora, parece difícil de exportar.

La “megaobsesión” con estas prisiones, como la califica InSight Crime, responde más a una necesidad política de mostrar mano dura que a una estrategia de seguridad pública efectiva. Los gobiernos de la región enfrentan el desafío de diseñar políticas que ataquen las raíces del crimen organizado, no solo sus consecuencias más visibles. Mientras tanto, la construcción de megacárceles sigue adelante, alimentando la esperanza de replicar el éxito salvadoreño, pero también el riesgo de repetir los errores del pasado.