Uruguay negociará de Estado a Estado para adquirir patrulleras oceánicas tras el escándalo Cardama, dijo Lazo

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó este viernes que el Poder Ejecutivo resolvió modificar la estrategia de compra de las patrulleras oceánicas para la Armada, priorizando acuerdos directos entre gobiernos en lugar de licitaciones con privados. La decisión busca sortear los obstáculos que derivaron en la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y agilizar la obtención de las embarcaciones que Uruguay necesita para la vigilancia de sus aguas jurisdiccionales.

Lazo se reunió este viernes con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para realizar una puesta a punto de las acciones del gobierno tras la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. En conferencia de prensa, la jerarca explicó que el gobierno uruguayo resolvió que la negociación sea “de Estado a Estado” y aseguró que existen varias ofertas sobre la mesa.

“Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional que es efectivamente obtener lo que necesitamos que, en este caso, es una patrullera oceánica”, afirmó la ministra.

La decisión de cambiar el rumbo en la estrategia de adquisición responde directamente a las dificultades experimentadas con el contrato previo. Lazo justificó el nuevo enfoque diciendo que “han sucedido cosas que no eran las esperables” y que además “entendemos que es la modalidad que nos da más garantías”, enfatizó.

Un contrato que terminó en rescisión y disputas judiciales

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2021, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou lanzó una licitación para comprar dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Se presentaron ofertas de China, Holanda y Francia; la propuesta técnica mejor calificada fue la china, lo que generó malestar en Estados Unidos. Finalmente el contrato se adjudicó al astillero español Cardama, con sede en Vigo, por unos 92 millones de dólares.

El tema estalló en octubre de 2025, cuando el presidente Yamandú Orsi anunció que iniciaría acciones para rescindir el contrato por “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”. El detonante fue una garantía de fiel cumplimiento emitida por una empresa llamada Eurocommerce, calificada por el gobierno como “de papel” e irregular, sumada a presuntas irregularidades en el avance de la construcción.

El avance físico de las obras fue motivo de fuerte disputa: se había dicho que la primera patrullera llevaba un 60% de avance, pero un informe de la Armada ubicó el avance real en apenas 20% del cronograma inicial. El 13 de febrero de 2026, Orsi formalizó la rescisión por “incumplimientos graves” y anunció que se buscaban alternativas para las patrullas: cuatro o cinco opciones en danza, incluyendo Argentina, Colombia, Corea del Sur, India y Francia, además del ofrecimiento de Estados Unidos de un buque clase Reliance de guardacostas como solución puente.

Frente judicial y parlamentario

El conflicto derivó en una disputa cruzada con demandas de ambos lados. El Estado uruguayo presentó primero una denuncia penal en octubre de 2025 y luego, en agosto de 2026, una demanda civil reclamando 35 millones de dólares para recuperar los 28,79 millones de euros ya pagados y compensaciones por retrasos, sobrecostes y gastos legales.

Cardama, por su parte, presentó una demanda internacional contra Uruguay reclamando el pago del 100% de los buques, generando una disputa de jurisdicción. La empresa sostiene que debe intervenir la sociedad de clasificación Lloyd’s y, si esta se rehúsa, un tribunal internacional; Uruguay entiende que corresponde a la justicia de Montevideo. Mario Cardama, dueño del astillero, inició además un arbitraje internacional en mayo de 2026 contra la rescisión, que el Ejecutivo uruguayo considera sin competencia.

En su defensa escrita ante el Parlamento, Cardama sostuvo que el Ministerio de Defensa “nunca” lo intimó formalmente a sustituir la garantía de Eurocommerce, y que el gobierno de Orsi dejó de responder a sus consultas desde junio de 2025. También reveló que el propio Ejecutivo le había planteado modificar el contrato, rescindirlo o reducirlo a una sola patrullera.

En el frente parlamentario, tras un forcejeo entre oficialismo y oposición, se acordó una comisión investigadora bicameral única aprobada a fines de febrero de 2026, con representación de todos los partidos. El mandato fue investigar tanto la compra original como la rescisión, abarcando el período 2010-2026. La comisión sesionó durante seis meses, presidida por el senador nacionalista José Luis Falero, y concluyó a mediados de agosto de 2026 tras 17 sesiones, remitiendo cuatro informes a la Asamblea General.

Las conclusiones quedaron divididas por bancada: el Frente Amplio sostuvo que hubo “hechos con apariencia delictiva” y graves irregularidades administrativas que alcanzarían al gobierno anterior, incluido el expresidente Lacalle Pou, y pidió remitir toda la documentación a la Fiscalía. La Coalición Republicana, en cambio, habla de una “operación política” y responsabiliza a la actual gestión, argumentando que las principales irregularidades se dieron a partir de marzo de 2025. La oposición anunció que denunciará penalmente a la ministra de Defensa por presunto “abuso innominado de funciones” en la gestión del caso.

La Fiscalía toma acciones

El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, pidió acceso a toda la información reunida por la comisión para una eventual causa penal. Además, la Fiscalía anunció acciones legales contra legisladores opositores integrantes de la comisión, acusados de “ejercicio ilegal de la abogacía”, en el marco de un recurso judicial que forzó al Ejecutivo a divulgar el texto de la demanda de Mario Cardama contra el Estado.

“Este gobierno no trabaja para anunciar, trabaja efectivamente para llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo las decisiones que tiene que tomar”, dijo Lazo, en clara referencia a la nueva estrategia de negociación de Estado a Estado.

La ministra también cuestionó la carta que envió el propietario del astillero Cardama a la Comisión Investigadora del Parlamento en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores. “El señor empresario tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas, algunas parecen respondidas con algunos detalles que parecían surgidos desde aquí”, sostuvo, dejando entrever sospechas sobre la filtración de información interna.