Mieres alerta a Orsi sobre el sobrecosto de Casupá y plantea dudas sobre la viabilidad hídrica

El presidente Yamandú Orsi recibió a líderes políticos en una ronda de reuniones que, aunque enfocadas en política exterior, derivó en un debate clave sobre el futuro del suministro de agua potable en la zona metropolitana. La decisión de construir la represa de Casupá en lugar del proyecto Neptuno genera controversia técnica, ambiental y política.

En la agenda de encuentros que el presidente Yamandú Orsi mantuvo este viernes con referentes políticos, el tema que terminó acaparando la atención no fue la Asamblea General de la ONU, sino el agua. Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, aprovechó el mano a mano en Torre Ejecutiva para transmitir al mandatario la preocupación de su partido y de otros sectores de la oposición por la construcción de la represa de Casupá, en el límite entre Lavalleja y Florida.

El proyecto, que reemplaza al Neptuno planeado por el gobierno anterior en Arazatí (San José), se financia con un préstamo de 130 millones de dólares del CAF. Sin embargo, el propio organismo de crédito multilateral acaba de catalogar la iniciativa como de «alto riesgo» ambiental y social, un dato que encendió todas las alarmas en el arco opositor.

«No puede ser que estemos construyendo una represa que no va a resolver el problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana teniendo adelante un curso inagotable de agua como es el Río de la Plata», sostuvo Mieres al finalizar la reunión. Y agregó: «Es el lujo de la miseria».

¿Un proyecto inviable o una oportunidad postergada?

La decisión del gobierno de avanzar con Casupá en lugar del proyecto Neptuno no es menor. Mientras el primero toma agua de un curso interior —el arroyo Casupá, afluente del Santa Lucía—, el segundo lo hacía directamente del Río de la Plata, un recurso de volumen incomparable.

Para el Partido Independiente, esta elección tiene costos que recién ahora comienzan a visibilizarse. La calificación de «alto riesgo» por parte del CAF implica, según Mieres, que «se tienen que hacer una serie de obras adicionales para evitar daños ambientales y sociales, lo cual encarece aún más la obra».

¿De cuánto es ese sobrecosto? Aunque el CAF no ha difundido cifras precisas, fuentes del sector hídrico consultadas estiman que las medidas compensatorias podrían elevar el presupuesto final entre un 15% y un 20%, lo que llevaría la inversión total a cerca de 150 millones de dólares.

La respuesta oficial: «No es una novedad»

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, salió rápidamente a bajar el tono de la preocupación. En declaraciones a la prensa, Ferreri señaló que la calificación del CAF «no constituye una novedad» y que, por sí sola, «no supone un problema o impedimento para llevar adelante la obra».

Según Ferreri, el Ministerio de Ambiente ya otorgó al proyecto una categoría «C», lo que implica que deberá presentar una Autorización Ambiental Previa (AAP) y cumplir con otros requisitos técnicos exigentes. «El proyecto está en regla y avanza conforme a lo previsto», afirmó.

Sin embargo, especialistas en derecho ambiental consultados por este medio recuerdan que la categoría «C» es la más alta dentro de la escala de evaluación de impacto ambiental, lo que significa que la obra tiene potencial para generar alteraciones significativas en el ecosistema si no se implementan las medidas de mitigación adecuadas.