Justicia de Rivera procesa con prisión a sobrino del dictador Gregorio Álvarez por torturas

La dictadura uruguaya sigue teniendo consecuencias judiciales 50 años después. Esta semana, la jueza letrada de Rivera de 1° Turno, Claudia Romano Cortazzo, ordenó el procesamiento con prisión de Julio Gregorio Álvarez Carrasco, de 83 años, sobrino del dictador Gregorio Álvarez (presidente de facto entre 1981 y 1985).

El fallo, al que accedió LARED21 el 10 de febrero de 2026, lo imputa por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves, cometidos entre 1972 y 1974 en el Regimiento de Caballería N°3 de Rivera.

El caso es clave en el mapa de la justicia tardía uruguaya. No solo porque involucra a un familiar directo del exdictador, sino porque aporta 43 testimonios de víctimas que detallan sesiones sistemáticas de tortura en las caballerizas del cuartel.

Un procesamiento que esperó décadas

Álvarez Carrasco fue detenido el 9 de febrero de 2026, luego de que una pericia forense determinara que su estado de salud sí permitía la reclusión. A fines de marzo de 2025, la jueza ya lo había procesado, pero suspendió la prisión por un estudio médico.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, impulsó la medida tras cotejar documentos internos del Ejército con los relatos de sobrevivientes.

La sentencia señala que en junio de 1972, efectivos del regimiento desplegaron un “fuerte operativo contra integrantes del MLN-T”, que derivó en la detención de decenas de personas sin vínculo probado con la guerrilla.

El rol de Álvarez en las caballerizas de Rivera

Según el fallo, Álvarez Carrasco se desempeñó como oficial S2 (Inteligencia) del Regimiento de Caballería N°3 entre diciembre de 1971 y noviembre de 1974, ascendiendo de teniente a capitán.

Su superior, el coronel Calixto De Armas, lo ubicó “al frente de interrogatorios, allanamientos y en relación directa con los prisioneros”.

Uno de los testigos, Adán Ferreira, relató que fue detenido en su casa llevado por el propio Álvarez. Permaneció tres días sin agua ni comida, 56 días con los ojos vendados y dos años en el cuartel. Allí sufrió “plantones, golpes, choques eléctricos y submarino” (introducción forzada de la cabeza en un tanque de agua). Al salir, le diagnosticaron úlcera duodenal y anemia.

Testimonios coincidentes y negativa del acusado

Otro sobreviviente afirmó que “la tortura la realizaban los oficiales de menor rango, pero los comandantes eran responsables de todo”. Identificó a Álvarez Carrasco por una cicatriz en la cara como uno de los interrogadores habituales en las caballerizas.

El informe del Comando General del Ejército confirma que en ese período sirvieron en el batallón otros oficiales ya procesados o mencionados en causas de lesa humanidad, como Arigel Monge, Calixto De Armas y Raúl Picapiedra.

Álvarez negó “categóricamente” los hechos. Pero la jueza sostuvo que “la prueba colectada conforma un cúmulo coherente y unívoco de indicios” que desvirtúan su versión.

La resolución añade un dato crítico: “En principio, existen elementos para determinar que participó en la detención de decenas de personas, que fueron trasladadas al Batallón N°3 y allí sometidas a tratos crueles e inhumanos para obtener confesiones”.

Justicia tardía en Uruguay: un caso que no será el último

El procesamiento de Álvarez Carrasco no es aislado. En 2019, su primo Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto fue el primer militar de la familia en ser condenado por torturas, como juez militar en La Tablada, donde simuló la muerte de la hermana de un detenido para quebrarlo psicológicamente.

El dictador Gregorio Álvarez falleció en 2016 sin ser condenado en firme, pero al menos cuatro de sus sobrinos y familiares directos enfrentan hoy causas por delitos de lesa humanidad.

Este nuevo fallo ocurre apenas 72 horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara a Uruguay a acelerar los juicios por crímenes de la dictadura (1973-1985), muchos de los cuales siguen imprescriptibles.

Lo relevante aquí no es el parentesco, sino la evidencia: 43 testimonios, legajos militares desclasificados y la identificación de métodos de tortura idénticos a los registrados por la Comisión para la Paz en 2003.