Cancillería investiga entrega de jubilación a militar prófugo por delitos en dictadura

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay dispuso una pesquisa administrativa tras la certificación de existencia realizada en el consulado de Miami a favor de Roberto Freddy Amorín Maciel, aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya. Sobre este militar pesa una investigación judicial por su presunta participación en la desaparición de José Arpino Vega y en torturas cometidas en la base aérea de Boiso Lanza.

La decisión fue tomada por el canciller Mario Lubetkin luego de que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos planteara el caso ante el presidente Yamandú Orsi durante una reunión celebrada el lunes. En ese encuentro, el mandatario derivó el reclamo a la órbita de la cancillería.

Se investiga por qué el militar en fuga cobra jubilación

Fuentes de esa cartera confirmaron a LARED21 que se analizarán las circunstancias del hecho y que, según lo que surja de la indagatoria, podría iniciarse algún proceso disciplinario contra los funcionarios involucrados. Paralelamente, la Fiscalía ya había tomado conocimiento de la situación antes de la reunión con Orsi y solicitó al Juzgado Letrado en lo Penal de 27° turno que curse oficios a la cancillería y a la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación para ponerlas en alerta.

La fe de vida fue certificada el 11 de febrero por Mariana Baubeta Álvarez, cónsul de Distrito en Miami. En el documento se indica que Amorín Maciel presentó “documentación probatoria de su existencia” con el objetivo de “acreditar su vida en esta oficina consular para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar”.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la embajada uruguaya en Estados Unidos, el trámite de certificación de existencia sin concurrencia presencial requiere enviar un formulario “firmado ante notario público con copia de su documento uruguayo vigente”.

Se inició una ínvestigación consular oficial

Desde 2023, Amorín Maciel es buscado mediante orden de captura nacional e internacional. La medida fue dictada tras su incomparecencia a la audiencia en la que otros cinco exmilitares fueron procesados con prisión por delitos de lesa humanidad en la misma causa. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad había solicitado su procesamiento en mayo de 2019, junto al de otros uniformados, en el marco de una denuncia colectiva presentada por ex presos políticos en 2010.

Ignacio Errandonea, miembro de Madres y Familiares, señaló que ante la existencia de un requerimiento de Interpol, “la orden es que los funcionarios [del consulado] deben llamar inmediatamente a Interpol”, pero “eso no se hizo”. El activista calificó la omisión como una “falta grave” y agregó: “No sé si no es falta criminal también, si no corresponde que actúe la Justicia”. Hasta el momento no se ha informado de medida judicial alguna contra los empleados consulares.

El pedido de procesamiento del fiscal Ricardo Perciballe sostiene que el aviador retirado “revistió como juez sumariante en distintas ocasiones y fue reconocido por alguna de las víctimas como partícipe en los tormentos”, por lo cual “deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad”.

Antecedentes similares

En su declaración, el exdetenido Miguel Ángel Fernández, quien estuvo cautivo en 1974 y fue trasladado a Boiso Lanza, identificó que quien “dirigía todo el tipo de tortura, interrogaba, era el capitán Amorin, que hacía de juez sumariante”.

No es la primera vez que un militar uruguayo con orden de captura logra realizar el trámite de fe de vida en una sede consular. En 2019, Pedro Mato Narbondo, prófugo de la justicia uruguaya desde 2013 y también requerido por Italia por su participación en los crímenes del Plan Cóndor, obtuvo la certificación en el consulado de Santana do Livramento, en Brasil.

Roberto Freddy Amorín Maciel

Entre 1972 y 1977, el lugar donde operaba Amorín Maciel funcionó como centro de detención y tortura. Por sus instalaciones pasaron más de cien personas de ambos sexos, incluidas mujeres embarazadas y niños pequeños. En una primera etapa, durante 1972, el sitio alojó a trabajadores sindicalizados en el contexto de la militarización de la clase obrera bajo medidas prontas de seguridad.

El 10 de diciembre de 1973, pocos meses después del golpe de Estado, Julio Enrique Pereira Llamas fue asesinado de un disparo por la espalda. Su cuerpo fue entregado a la familia dentro de un cajón cerrado, con prohibición expresa de abrirlo.

El predio también fue utilizado para mantener presos políticos procesados por la justicia militar. Estos recibían en ocasiones la visita de sus hijos pequeños en condiciones intimidantes. Según testimonios, el encuentro se realizaba en una habitación pequeña, completamente vacía, iluminada únicamente por un tragaluz. Los familiares y los niños aguardaban a la intemperie hasta que el detenido era conducido hasta esa caseta, situada a pocos metros de la entrada principal.

Desapariciones forzadas, torturas y homicidios

En ese lugar fueron vistos con vida por última vez dos obreros militantes del Partido Comunista: José Arpino Vega, secuestrado en 1974, y Ubagesner Chávez Sosa, secuestrado en 1976. Ambos están registrados como detenidos desaparecidos. Los restos de Chávez Sosa fueron hallados en 2005 en un campo que perteneció a la Fuerza Aérea, conocido como “chacra de Pando”, gracias al trabajo del equipo de antropología de la Universidad de la República que operaba en la zona mediante un convenio con la Presidencia de la República.

En julio de 2008 se presentó una denuncia por “desaparición forzada, torturas y homicidio” de Ubagesner Chávez Sosa ante el Juzgado Penal de 7° Turno. En 2012 fueron procesados los aviadores retirados Enrique Ribero Ugartemendia como autor material y José Uruguay Araújo Umpiérrez como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado, calificado como crimen de lesa humanidad. La sentencia fue apelada y quedó firme en agosto de 2014.

La fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad solicitó en mayo de 2019 el procesamiento de los oficiales que revistieron en ese centro, denunciados por ex presos políticos en una causa judicial colectiva.

Los mencionados son: