Martín Lema propone legalizar y fiscalizar cuidacoches que cumplan la normativa

El senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, intervino en el debate sobre la regulación de los cuidacoches en la capital uruguaya con una postura que distingue dos categorías dentro del universo de quienes ejercen esa actividad. Para el legislador, el abordaje debe ser diferenciado según si los trabajadores cumplieron o no con los requisitos establecidos por la Intendencia de Montevideo (IMM).

Lema sostuvo que quienes actuaron dentro del marco normativo vigente merecen una respuesta distinta a quienes operan al margen del sistema. Frente a estos últimos, el senador reclamó que la IMM intensifique los mecanismos de fiscalización con respaldo directo de la Policía Nacional, en una estrategia orientada a reducir la informalidad en la vía pública.

La propuesta de Lema no se limita a la dimensión del control. El parlamentario planteó también una reconversión de la actividad para quienes sí están registrados: asignarles tareas alternativas, como el cuidado y mantenimiento de parques e instalaciones comunales, o integrarlos en cooperativas que habiliten el desarrollo de otras formas de trabajo.

La perspectiva del Frente Amplio

Desde la vereda opuesta, el diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, encuadró el fenómeno de los cuidacoches en un contexto más amplio de transformación social. El legislador afirmó que esa actividad se expandió no solo en Montevideo sino también en el área metropolitana, y que su crecimiento responde a condicionantes estructurales que exceden la voluntad individual de quienes la ejercen.

Inthamoussu fue explícito al señalar su distancia frente a las propuestas de prohibición: «Plantear la prohibición tajante de este tipo de actividades nos preocupa mucho». En su planteo, la prohibición no constituye una herramienta válida de política pública, y la situación demanda respuestas que atiendan la raíz del problema. «Es un fenómeno social que hay que atenderlo con otras herramientas», sostuvo el diputado.

El legislador frenteamplista propuso retomar el trabajo articulado entre la IMM y el Ministerio del Interior, con el objetivo de avanzar en la formalización de la actividad. En su visión, ese proceso contribuiría además a reducir los delitos contra la propiedad en las zonas donde los cuidacoches operan de forma regular.

Puntos de convergencia y diferencias en la propuesta de regulación

Ambas posiciones coinciden en que los trabajadores que ya atravesaron el proceso de registro deben recibir un tratamiento específico. Inthamoussu lo expresó en estos términos: «El camino es apoyar a los que están formalizados y protegerlos de personas que hacen otro tipo de actividad». La distinción entre operadores regulares e irregulares aparece, en consecuencia, como un punto de acuerdo transversal entre los dos partidos.

Donde divergen es en la respuesta frente a quienes actúan fuera del sistema. Mientras Lema apuesta a la fiscalización con presencia policial como mecanismo de presión sobre la informalidad, Inthamoussu enfatiza la necesidad de construir una salida institucional que no pase por la sanción ni la prohibición, sino por la integración social y el fortalecimiento de los vínculos entre el municipio y las personas que desarrollan la actividad.

El debate se inscribe en un escenario en que la Intendencia de Montevideo administra un padrón de trabajadores registrados que coexiste con una franja no cuantificada de personas que ejercen la misma actividad sin haberse sometido a ningún proceso de habilitación formal. La discusión legislativa y política en torno a cómo intervenir sobre esa realidad permanece abierta.