Comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad en San Javier durante la dictadura

Este lunes se inicia en el juicio oral y público contra nueve militares retirados, imputados por los delitos de secuestro agravado y aplicación de torturas a aproximadamente treinta ciudadanos de la localidad de San Javier, departamento de Río Negro. Los hechos bajo investigación judicial se enmarcan en el período comprendido entre los años 1980 y 1984. La causa es sustanciada por el juez penal de 1º Turno de Fray Bentos, Claudio de León.

El fiscal especializado Ricardo Perciballe conduce la acusación, solicitando penas de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los acusados. El representante del Ministerio Público presentó un conjunto de aproximadamente setenta evidencias documentales y testimoniales para fundamentar su postura.

Uno de los casos centrales que se analizará en el debate corresponde al del médico Vladimir Roslik. El profesional fue secuestrado en su domicilio en abril de 1984, sometido a sesiones de tortura en dependencias del Batallón de Infantería Nº 9 y fallecido durante su reclusión. Su deceso fue registrado oficialmente como resultado de causas naturales, una versión que fue posteriormente cuestionada y rechazada por sus familiares y por informes periciales independientes. Este proceso judicial representa el primer juicio oral que aborda de manera integral los sucesos represivos ocurridos en dicha comunidad.

La imputación contra los militares retirados se fundamenta en la legislación nacional sobre crímenes de lesa humanidad, la cual considera que estos delitos son imprescriptibles y no pueden ser amparados por leyes de amnistía. El tribunal deberá evaluar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados en los eventos de privación de libertad y severos tratos infligidos a los habitantes de San Javier. La audiencia inicial establecerá el calendario de comparecencias testimoniales y la metodología para la presentación de las pruebas admitidas.

La historia de la colonia y la represión sufrida en dictadura

La comunidad de San Javier fue fundada en 1913 por inmigrantes rusos pertenecientes a la secta religiosa «Nuevo Israel», quienes se establecieron en tierras fiscales ribereñas. Esta colonia mantuvo una identidad cultural distintiva, con la creación de instituciones como el Centro Cultural Máximo Gorki, lo que generó una percepción de vinculación con la Unión Soviética durante el contexto de la Guerra Fría. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por el gobierno cívico-militar, la colectividad fue señalada como un potencial foco subversivo.

La persecución sistemática incluyó vigilancia, infiltración por parte de agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y quema de libros pertenecientes a la biblioteca comunitaria. Se emitieron acusaciones sobre la existencia de entrenamiento guerrillero y tráfico de armas, afirmaciones que nunca fueron corroboradas con pruebas materiales. El estigma por el origen eslavo de los pobladores fue un factor recurrente en los operativos de las fuerzas de seguridad.

El patrón represivo se intensificó a partir de 1973, con la intervención recurrente del Batallón de Infantería Nº 9, con asiento en Fray Bentos. Además de la violencia física y psicológica, se instrumentaron mecanismos de despojo económico mediante la aplicación de decretos-ley que permitieron la expropiación de tierras y bienes a varias familias. Si bien la Ley de Amnistía de 1985 dispuso la devolución de algunas propiedades, no todos los afectados lograron una reparación integral por las pérdidas sufridas.

Principales operativos y víctimas documentadas

Los registros históricos y los archivos oficiales, incluidos los del Sitio de Memoria Uruguay, detallan una serie de operativos militares de envergadura en San Javier. El primero de ellos ocurrió entre octubre y noviembre de 1973, con el cierre a nivel nacional de instituciones culturales vinculadas a la URSS y las detenciones de líderes comunitarios. En esa ocasión, Vladimir Roslik, entonces presidente del centro Gorki, fue detenido durante siete días y liberado tras ser forzado a renunciar a su cargo.

En julio de 1976, un allanamiento violento fue ejecutado por efectivos del Batallón Nº 9. El procedimiento incluyó la quema pública de libros, detenciones con uso de bayonetas y encapuchamientos de civiles. Varios de los detenidos fueron trasladados a la unidad militar en Fray Bentos, donde refirieron haber sido sometidos a torturas mediante plantones, golpizas e insultos. Entre los afectados se encontraron Adela Guchin, Susana Zanoniani y Jorge Gurin Jlakin, cuyo testimonio forma parte de la causa judicial.

El operativo de abril de 1980 constituyó la incursión de mayor escala. El 29 de abril, efectivos combinados del ejército y la policía invadieron la localidad, resultando en la detención de unas veinte personas acusadas de integrar una supuesta celda del Partido Comunista. Los aprehendidos fueron trasladados al cuartel, donde declararon haber sufrido tortura con picana eléctrica, privación de alimento y simulacros de fusilamiento. Once de ellos fueron posteriormente procesados por la justicia militar y condenados a penas de entre uno y cuatro años de prisión en el Penal de Libertad.

Último operativo y muerte de Vladímir Roslik

En abril de 1984, en lo que se registra como el operativo final de la serie, siete ciudadanos fueron secuestrados en sus hogares durante procedimientos nocturnos. Todos ellos fueron llevados al Batallón Nº 9 para ser interrogados. Entre los detenidos se encontraba nuevamente el médico Vladimir Roslik, quien fue apresado junto a su esposa y su hijo bebé. Durante su reclusión, Roslik fue sometido a métodos de tortura que incluyeron la aplicación de picana eléctrica y la técnica del submarino.

El médico falleció en las dependencias del cuartel el 16 de abril de 1984. El informe oficial de la autopsia, realizado en ese momento, atribuyó su muerte a «causas naturales». Esta conclusión fue impugnada por la familia y por peritos forenses que, en instancias posteriores, señalaron que las lesiones internas compatibles con hemorragias masivas eran la causa probable del deceso. Su caso es considerado a nivel histórico como la última muerte bajo custodia de la dictadura uruguaya.

El actual proceso judicial reabre la investigación sobre estos hechos, con doce militares originalmente imputados en 2023, de los cuales nueve llegarán a juicio oral. La resolución del tribunal sentará un precedente legal sobre los eventos ocurridos en San Javier y la responsabilidad penal individual de los acusados. El veredicto se basará en el análisis de las pruebas documentales y el testimonio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas