Uruguayos de la Sumud Flotilla, arrestados ilegalmente por Israel, liberados y en proceso de expulsión

El Gobierno de Uruguay informó mediante un comunicado oficial que los ciudadanos Rodrigo Ciz y Ana Zugarramurdi, quienes se encontraban detenidos en Israel, han sido liberados. La Cancillería uruguaya confirmó que ambos nacionales “en camino a sus lugares de residencia” tras la resolución de su situación. El documento oficial detalló que “ambos se encuentran en buen estado de salud”. Asimismo, el organismo extendió su agradecimiento por los “esfuerzos realizados” por “varios países” que facilitaron el retorno de los uruguayos a sus domicilios.

La detención de los ciudadanos se produjo durante el desarrollo de una misión humanitaria organizada por la Flotilla Global Sumud, y tuvo lugar en aguas internacionales, violando el Derecho Internacional, ya que ningún ejército tiene jurisdicción en aguas que no sean de su territorio.

Esta iniciativa, conformada por embarcaciones de la sociedad civil, tenía como objetivo declarado el transporte de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza. La intercepción de la flotilla fue llevada a cabo por la Armada de Israel en aguas internacionales el pasado miércoles, un hecho que generó la inmediata movilización de las autoridades diplomáticas uruguayas.

La liberación de los detenidos marca el desenlace de un episodio que captó la atención pública y mediática a nivel nacional. El canciller Mario Lubetkin mantuvo una reunión con los familiares de los uruguayos afectados para intercambiar informaciones y coordinar las gestiones necesarias. Lubetkin manifestó públicamente que el propósito de dicha reunión era “intercambiamos informaciones y opiniones para poder avanzar hacia una rápida liberación de los mismos”, según consta en una publicación de su cuenta oficial en la red social X.

 

En su declaración pública, la Cancillería uruguaya incluyó un recordatorio contextual sobre los eventos que desencadenaron el actual conflicto en Gaza. El comunicado hizo referencia expresa al “ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás”. En dicho apartado, se señaló que “hace dos años, se dio el peor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel. Dejó cerca de 1.200 personas muertas y más de 250 secuestradas en manos de Hamás”.

De forma paralela, el documento oficial describió las consecuencias posteriores al 7 de octubre, marcando el inicio de una “devastación de la Franja de Gaza por parte de Israel, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños”. Esta mención establece el escenario de complejidad en el cual se desarrolló la misión de la flotilla y la subsiguiente detención de sus integrantes.

La solidaridad del FA y las burlas de Sebastián Da Silva

El incidente generó reacciones dispares dentro del escenario político uruguayo. Desde el Frente Amplio, coalición de oposición, se manifestó “solidaridad” con la Flotilla Global Sumud. En un acto de carácter simbólico, los senadores de este sector colocaron barquitos de papel con los colores de la bandera palestina en sus bancas durante una sesión parlamentaria.

En contraste, voces de la oposición emitieron declaraciones críticas hacia la participación de los ciudadanos uruguayos en la flotilla. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, expresó una postura abiertamente desfavorable. El legislador afirmó que la situación de los detenidos no le preocupaba “en lo más mínimo” y calificó la acción de la flotilla como una forma de “propaganda esnobista”.

Da Silva realizó una serie de comentarios caracterizados por su tono al referirse a los involucrados. “Son nenes de mamá y papá que están jugando a ser hippies arriba de un velero, un mes en el Mediterráneo”, afirmó. El senador enfatizó que su principal preocupación residía en la posibilidad de que el Estado uruguayo asumiera los costos de la repatriación de los ciudadanos, algo a lo que se opuso rotundamente.

 

El foco de la crítica del senador Da Silva se centró en la potencial utilización de fondos públicos para financiar el regreso de los ciudadanos. “Si tienen que venir, volver a Uruguay, que se los pague su mamá, su papá o alguien más, pero que no lo termine pagando el Estado uruguayo”, manifestó. El legislador argumentó que “la plata del Estado uruguayo debería ser para los pobres, no para gente con problemas de autoestima o que quiera popularidad”.