Los atentados contra políticos, militares, jueces y fiscales en Uruguay son de larga data

El atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero el 28 de septiembre de 2025, cuando dos atacantes irrumpieron en su domicilio personal, disparando y detonando una granada, no es un hecho aislado en la historia reciente de Uruguay. Aunque el país se enorgullece de su estabilidad democrática desde el retorno a la democracia en 1985, la violencia política y los ataques dirigidos contra figuras públicas han marcado momentos críticos, especialmente en los primeros años de la transición y, más recientemente, con la irrupción del narcoterrorismo.

El caso de Ferrero, vinculado al decomiso de 2.200 kg de cocaína en agosto de 2025 y al narco prófugo Sebastián Marset, refleja una escalada de audacia criminal que recuerda episodios de los 90, cuando grupos como el «Comando Lavalleja» o la «Guardia de Artigas» desafiaron la joven democracia con explosivos y balazos.

Recorramos los atentados más relevantes contra políticos, jueces y figuras públicas desde 1991 hasta el caso Ferrero, con un enfoque en los episodios que estremecieron al país entre 1991 y 1993, y su resonancia con la creciente amenaza del crimen organizado. Desde coches bomba hasta disparos contra despachos judiciales, estos actos reflejan tensiones residuales de la dictadura y, en la última década, el desafío del narcotráfico.

Democracia bajo fuego: atentados que sacudieron al Uruguay

La explosión de una granada y los disparos que sacudieron la casa de la fiscal Ferrero el pasado 28 de septiembre no son un fenómeno nuevo en Uruguay. Aunque el país es un bastión de estabilidad en América Latina, su historia postdictadura (1973-1985) está salpicada de episodios violentos contra figuras políticas y judiciales, desde los resabios de tensiones militares en los 90 hasta la reciente amenaza del narcoterrorismo.

11 de enero de 1991: El coche bomba contra Hugo Cores

En la madrugada del 11 de enero de 1991, un artefacto explosivo destrozó el automóvil del diputado frenteamplista Hugo Cores, estacionado frente a su hogar en Montevideo. La detonación, que no dejó heridos, fue reivindicada por el “Comando Lavalleja”, un grupo desconocido que alegaba defender “valores patrióticos” contra la izquierda.

Cores, referente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), denunció el ataque como un intento de intimidar a la oposición en un contexto de reconciliación frágil tras la dictadura. La investigación apuntó a explosivos militares, pero no hubo detenidos, y el caso, cubierto por diarios como El Día, expuso la vulnerabilidad de la joven democracia y las tensiones con sectores castrenses.

29 de abril de 1992: Explosión en el estudio de Sanguinetti

Mientras Peñarol celebraba un golazo en el Centenario, una bomba estalló en el estudio jurídico del expresidente Julio María Sanguinetti en Ciudad Vieja, el 29 de abril de 1992, causando daños materiales sin víctimas. La “Guardia de Artigas” se atribuyó el atentado, acusando al líder colorado de “traicionar” a las Fuerzas Armadas por su rol en la transición democrática (1985-1990).

La explosión, que rompió vidrios y mobiliario, generó pánico en la zona histórica y fue investigada como parte de una serie de ataques contra figuras civiles. Sin culpables, el caso, reportado por medios de prensa de la época, reforzó debates sobre control civil y evidenció la persistencia de grupos radicales.

1 de mayo de 1992: Bomba en un puente en Minas

El Día del Trabajador de 1992, una bomba casera detonó en un puente ferroviario en Minas, Lavalleja, interrumpiendo el tráfico de trenes y dañando la estructura. El “Comando Lavalleja” reivindicó el acto, denunciando la “entrega” del país a intereses extranjeros, en alusión a las políticas neoliberales del gobierno de Luis Alberto Lacalle.

La dinamita, de origen militar, apuntó a sectores castrenses disidentes, pero la investigación no prosperó. El atentado, en una región simbólica por Juan Antonio Lavalleja, generó rechazo local y alertas sobre infraestructura, según crónicas de El Observador, marcando un año de creciente inestabilidad.

24 de septiembre de 1992: Balazos contra la casa de Cores

El 24 de septiembre de 1992, entre 8 y 9 disparos impactaron la puerta de la casa de Hugo Cores en Montevideo, en un segundo ataque al diputado frenteamplista. Perpetrado desde un vehículo, el atentado no dejó heridos, pero los casquillos calibre 9 mm, de uso militar, reforzaron sospechas de represalia por su activismo contra resabios dictatoriales. Sin reivindicación explícita, se vinculó al “Comando Lavalleja”.

La Policía reforzó la escolta de Cores, pero la impunidad del caso, cubierto por medios de prensa del momento, intensificó críticas al gobierno por no desmantelar redes subversivas, en un contexto de protestas y tensiones laborales.

28 de octubre de 1992: Bomba desactivada en la casa de Coates

En Piriápolis, el 28 de octubre de 1992, artificieros desactivaron una bomba con explosivos plásticos en la residencia del almirante James Coates, jefe de la Armada. Un volante anónimo negaba autoría de la “Guardia de Artigas” o el “Comando Lavalleja”, acusando a Coates de “traidor” por su lealtad al gobierno civil.

Descubierto por un guardia, el dispositivo evitó una tragedia en un balneario turístico, pero la investigación, con rastros de C-4 militar, no avanzó. El caso, opacado por la Supercopa de Nacional, según El País, resaltó riesgos a jerarcas y aceleró reformas de seguridad en las Fuerzas Armadas.

17 de noviembre de 1992: Cuatro atentados en una noche

La noche del 17 de noviembre de 1992, Montevideo fue sacudida por cuatro explosiones: una granada en el Grupo de Artillería Nº 5 (tras una reunión del general Juan Rebollo), otra frente a la Embajada de EE.UU., una tercera en el Jardín Botánico y la cuarta en el Monumento a la Armada.

Sin víctimas, los ataques, atribuidos implícitamente a la “Guardia de Artigas”, buscaban amedrentar instituciones en el contexto de la fuga de Eugenio Berríos. La Policía halló explosivos militares, pero sin detenciones, según El Día. El episodio, un “cuasi-golpe” simbólico, unió al Parlamento y aceleró controles civiles.

19 de noviembre de 1992: Granada en el Palacio Legislativo

El 19 de noviembre de 1992, una granada estalló en el edificio anexo del Palacio Legislativo, dañando fachadas y ventanas. Ocurrida de madrugada, no dejó heridos, pero su simbolismo como ataque al corazón democrático generó alarma. Sin reivindicación clara, se vinculó a la serie de atentados y al caso Berríos, confirmado muerto al día siguiente.

La investigación halló explosivos militares, pero la impunidad, reportada por El País entre noticias deportivas, expuso debilidades en inteligencia. El incidente impulsó protocolos de seguridad legislativa y debates sobre la Ley de Caducidad.

7 de junio de 1993: Disparos contra la casa de Hugo Cabrera

El 7 de junio de 1993, disparos calibre 9 mm impactaron la casa del capitán de navío Hugo Cabrera, denunciante del caso Berríos. Sin heridos, los balazos perforaron ventanas, y los casquillos apuntaron a armamento naval. Cabrera, un oficial progresista, lo vio como represalia por alertar sobre agentes chilenos en Uruguay.

La investigación no avanzó, pero el atentado resaltó riesgos para testigos y fortaleció la cooperación con Chile. Fue un eco de la violencia transnacional que marcó 1992-1993, acelerando reformas judiciales.

29 de junio de 1993: Ataque al despacho del juez Vomero

El 29 de junio de 1993, dos disparos alcanzaron la ventana del despacho del juez penal Rolando Vomero en el Palacio de Tribunales, mientras investigaba el caso Berríos. Sin heridos, el ataque desde la calle buscaba obstruir la justicia.

Los casquillos, de origen militar, apuntaron a redes de encubrimiento, pero no hubo detenidos. Vomero, escoltado tras el incidente, continuó su labor, según El Observador. El atentado expuso la vulnerabilidad judicial y aceleró demandas por protección a magistrados, en un año crítico para la transición democrática.

31 de diciembre de 1993: Bomba en la casa de Barbagelata

En la víspera de Año Nuevo de 1993, una bomba estalló en la casa del fiscal penal José Luis Barbagelata, dañando la estructura sin víctimas. La “Guardia de Artigas” lo reivindicó, acusando al fiscal de “perseguir” a militares en casos de corrupción y derechos humanos.

El explosivo, de origen militar, no llevó a detenciones, pero generó alerta, según archivos de LARED21. El caso cerró una serie de atentados “nacionalistas” y reforzó medidas de seguridad fiscal, marcando el fin de una ola violenta en la transición.

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