debemos interpelarnos como sociedad

En lo que va del año ocho niños fueron asesinados por sus padres en Uruguay

Entrevista de LARED21 a Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales y consultora, representante de Uruguay en la Comisión de Mecanismo de Seguimiento de Belén do Pará (MESECVI).

 

Desde hace 5 años, está vigente la Ley integral de Violencia basada en Género (Nº 19.580 del año 2017). Recientemente hiciste un monitoreo, encargado por la Oficina de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, para evaluar el funcionamiento de dicha ley ¿Primeros comentarios? 

 

La evaluación no es muy positiva, porque el punto de partida no lo es, porque cuando se aprueba la ley 19.580, el conjunto del movimiento feminista y las organizaciones que nos ocupamos de la violencia basada en género, dijimos muy claramente que no tenía presupuesto, a pesar de la alegría de que la ley se aprobó, que era una ley en la que hacía mucho tiempo se venía trabajando. Aprovecho para referirme al mito urbano de que esta ley es un invento de las feministas uruguayas,  esta ley se aprueba tarde si observamos el contexto internacional, muchos países ya tenían leyes integrales,  y en Uruguay hacía mucho tiempo que se venía trabajando con el equipo de Naciones Unidas, que colaboró en los insumos para la redacción de la ley. Esta ley recoge la experiencia y la necesidad, de cuidar que efectivamente se dé respuesta integral al problema de la violencia basada en género. Cuando se aprueba la ley, usemos un término vinculado a las mujeres, ya viene mal parida, es una ley que se aprueba (2017) como una expresión de deseo, pero sin presupuesto, y las políticas públicas sin presupuesto terminan vaciadas de contenido. Por lo tanto, el Estado uruguayo siguió haciendo lo mismo que hacía hasta ese momento, el Poder Judicial que hace muchos años sabemos, que tanto el gobierno anterior como este, no le aumenta un peso de presupuesto, es decir, no tenía ninguna condición económica, ni financiera de afrontar esta nueva ley, tampoco tenía mucho interés, debo decirlo. Se podrían haber hecho reingenierías para dar una mejor atención, por ejemplo, los juzgados de familia que empezaron como juzgados comunes, hay algunos que no tienen tanto trabajo, porque están los juzgados de familia especializados, que ya venían de antes, de la ley anterior (Ley de Violencia Doméstica).

En definitiva, si tenés que hacer una evaluación, más de lo mismo. Tabaré Vázquez (2015 – 2020), antes de finalizar su mandato, declaró “emergencia nacional” (femicidios) y no da un peso para atenderla. Hasta el día de hoy, lo único que tenemos, es que seguimos funcionando de una manera diría “esquizofrénica”, es decir, se sigue funcionando con todo lo que la ley quería impedir, que es que las mujeres tengan que concurrir a tres juzgados diferentes para poder obtener algo de justicia. Ante situaciones de violencia, las mujeres recorren los juzgados, repitiendo la misma historia. Muchas veces no hay conocimiento en el juzgado de familia de lo que pasó en el juzgado de familia especializada, o de lo que paso en el juzgado penal. Entonces, es una situación muy compleja para las mujeres, podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que en realidad no hay real acceso a la justicia por parte de las víctimas.

Esa falta de presupuesto, para que la gente pueda ubicarse, implica por ejemplo que, en los juzgados especializados, ubicados en Rondeau y Valparaíso (Montevideo), lo han denunciado los propios defensores de oficio, hay un solo defensor, y se supone que, en cada situación, por lo menos tres de los que concurren necesitan un defensor de oficio, la mujer que denuncia, el denunciado y en muchos casos hay criaturas involucradas que también necesitan defensores.  

Hay muertos de primera y muertas de segunda, lo digo así justamente para marcar la diferencia de género. Las cifras (de mujeres muertas) en Uruguay son escandalosas.

No se ha logrado que la violencia basada en género sea un tema de prioridad en la agenda política ¿coincidís? 

Lamentablemente no somos originales, la violencia basada en género no es prioridad en la agenda política de casi de ningún gobierno en ningún país, y eso demuestra que todavía seguimos viviendo en una sociedad de cuño patriarcal. Hay muertos de primera y muertas de segunda, lo digo así justamente para marcar la diferencia de género. Las cifras (de mujeres muertas) en Uruguay son escandalosas. Comparemos con países que llevan buenas estadísticas, porque a veces te dicen “lo que pasa es que Uruguay lleva buenas estadísticas y otros países no la llevan”. Comparemos con España, en lo que va del año hay 38 mujeres víctimas de femicidio y España está soliviantada con esto, y nosotros tenemos 27 mujeres muertas por femicidio, y a nadie se le mueve un pelo. La diferencia es que España tiene 50 millones de habitantes y nosotros 3 millones de habitantes. Tenemos escándalos tales cómo qué en lo que va del año, han asesinado a 8 criaturas, sus padres, sus progenitores, en lo que se llama violencia vicaria. ¿Por qué los asesinaron? Para atacar a la madre de esos niños, como una forma de matarlas en vida, en algunos casos han asesinado a la mujer y a su hijo, pero en muchos casos, asesinaron solo a las criaturas. Hablamos de 8 niños en lo que va del año. Deberíamos interpelarnos como sociedad. No voy a decir que no hay gente en el gobierno, como lo hubo en todos los gobiernos, que se preocupa, y que está comprometida con este tema. Pero una política pública, no puede depender de que haya tres o cuatro personas o cinco o diez preocupadas y comprometidas. 

Una política pública implica sistematicidad, comprensión y compromiso. Lamentablemente no se ve, en mi estudio claramente se ve que quienes tienen que tomar las decisiones, y lamentablemente muchas veces de todos los pelos (políticos), se mueven con mitos y slogans, ya sea para minimizar el problema o aunque no lo minimicen, no tienen profundidad en el análisis de la causalidad, en los problemas de la prevención, en como el sistema tiene que estar mucho más integrado para poder dar una respuesta acabada.  Montones de cuestiones contenidas en la ley que se podrían cumplir incluso sin presupuesto. 

Este país es increíble, hay leyes que se votan y nunca se cumplen. Todas las instituciones están en omisión. Lo que dice la ley, es que el tema de violencia basada en género, y generaciones y su etiología, tienen que ser explicados desde jardinera.

¿Por ejemplo? 

Por ejemplo en educación,  es decir, a lo largo de todos estos años con muchas dificultades, pero hay un conjunto de personas preparadas y formadas desde las más variadas vertientes, de lo que fueron las buenas épocas del programa de educación sexual dirigido por la queridísima Stella Cerruti (médica especialista en sexología, fallecida), lo que significan los esfuerzos esporádicos  que también existen dentro de la Universidad (UDELAR) para formar   gente en algunos posgrados o en algunas materias específicas, lo que significan los esfuerzos de universidades privadas como el CLAEH, donde coordino el  diploma sobre violencia basada en género y generaciones. Entonces, hay gente formada, por lo tanto, no sería un esfuerzo económico, lo que hay que hacer es ponerlo en la currícula,  que es lo que dice la ley. Este país es increíble, hay leyes que se votan y nunca se cumplen. Todas las instituciones están en omisión. Lo que dice la ley, es que el tema de violencia basada en género, y generaciones y su etiología, tienen que ser explicados desde jardinera. La Universidad no enseña en su currícula, aunque haya esfuerzos esporádicos. Estamos hablando de la falta de prioridad política e institucional, porque a todos les cae el sayo, al sistema político, a las instituciones educativas, al Ministerio del Interior, al Poder Judicial y al Ministerio de Salud.  

Tenemos 40.000 denuncias al año. Entonces, rompe los ojos, es imposible pensar que puede haber acceso a la justicia.

En el estudio planteas que hay 12 juzgados en Montevideo ¿Qué pasa con el interior?  

 

En el interior tenemos los famosos juzgados multimateria, qué es para atender varios temas. Todos los aspectos legales de la violencia basada en género, tienen muchas especificidades, por ejemplo, la protección a la víctima. Algunas personas están comprometidas con el tema, entonces, cuando fue el primer presupuesto de este nuevo gobierno, la vicepresidenta (Beatriz) Argimón, insistió mucho en que tenía que haber recursos para la ley. Entonces, finalmente se hizo la negociación política, para hacer tres juzgados en el interior. Hasta ahora, se ha plasmado el Juzgado de San Carlos (Maldonado), con mucha dificultad. El fiscal de San Carlos, ha dicho que no entendía porque se había ubicado geográficamente en esa ciudad. Para la víctima trasladarse hasta allí, le puede traer dificultades y tampoco está previsto el traslado de las denunciantes, además, con grandes carencias, a pesar de que tienen equipo multidisciplinario en acuerdo con ASSE. Porque insisto tanto en esto del equipo interdisciplinario, porque la ley 19.580, me interesa que quede claro porque ahora está este movimiento de la ley de Tenencia Compartida, o de Corresponsabilidad en la Crianza, hablando de que los varones quedarían desguarnecidos con esta ley, y que cuando se produce una denuncia, están mucho tiempo sin poder ver a sus hijos. En cualquier proceso, los tiempos procesales que prevé la ley, cuando se legisla teniendo claro la delicadeza de los temas y todo lo que está involucrado, plantea tiempos procesales breves, tres meses para lo que se decida, y nunca se cumplen porque no hay equipos interdisciplinarios, porque no hay presupuesto y porque los juzgados están desbordados, tenemos 40.000 denuncias al año. Entonces, rompe los ojos, es imposible pensar que puede haber acceso a la justicia. Son procesos larguísimos, algunos de los cuales, en el caso de los varones, se quejan de que les cuesta ver a los hijos, en el caso de las mujeres les cuesta la vida. 

Los otros días veía al obispo de Minas (Jaime Fuentes), se quejaba de las letras de las canciones de la cantante argentina Tini, no voy a negar que las letras están al borde de la violencia simbólica. Pero me preocupa mucho más que la Iglesia Católica nunca haya condenado los femicidios y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué es lo que más te impactó del estudio que hiciste? 

La falta de abogados defensores, eso es terrible, fijémonos la consecuencia de no aplicar la ley, si la ley se aplicará, con un abogado defensor te alcanza. Pensemos una víctima denunciante, por qué, porque todo se debería sustanciar en el mismo juzgado, pero cómo está ahora la cosa, tienen que ir a tres juzgados diferentes y necesita abogados con especializaciones, no es lo mismo un abogado que hace familia que un abogado que hace penal. Entonces, eso nos lleva un poquito más atrás, y es la falta de especialización y de capacitación en todos los sistemas de justicia, los abogados, los jueces y los fiscales. Los fiscales están un poquito más capacitados, un poquito significa que tampoco se puede tirar manteca al techo. El sistema de justicia no tiene una capacitación específica en una nueva técnica que hay que aprender, que hay que aprender que la víctima es la que tiene la prioridad, y que hay que protegerla. Ha habido avances, tampoco quiero ser terrible. Los otros días me preguntaban de una buena práctica, decía sin duda, la creación de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, ha habido un avance que quiero rescatar también, que después de muchos años de insistir el teléfono de ayuda, de orientación y consulta, ahora funciona 24 horas los 365 días del año. Antes parecía que la violencia tenía que tener horario, ha habido algunos avances, pero realmente estamos muy lejos de proteger a las víctimas. A las pruebas me remito, miremos las cifras, no logramos abatir de ninguna manera los femicidios y ahora se suma la violencia vicaria. Además, como si fuera poco, tenemos que tener claro que esta es la punta del iceberg, miremos las cifras del SIPIAV (1). Miremos los miles de gurises y gurisas que sufren violencia y que son detectados a nivel del sistema educativo, o lo detectan referentes cercanos que pueden dar una mano. No estamos bien, y lo más grave es la indiferencia. Los otros días veía el obispo de Minas (Jaime Fuentes), se quejaba de las letras de las canciones de la cantante argentina Tini. No voy a negar que las letras están al borde de la violencia simbólica, pero me preocupa mucho más que la Iglesia Católica nunca haya condenado los femicidios y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Invito a que busquen una condena de la Iglesia, he tenido varias reuniones con el cardenal (Daniel) Sturla (arzobispo de Montevideo), creo que no tendremos más porque es inútil ir a verlo, no hemos logrado nada. No se le ha caído la más mínima condena. Necesitamos un cambio cultural, no podemos seguir naturalizando que maten mujeres por el hecho de ser mujeres.   


 

SIPIAV (1) trabajó sobre un total de 7.035 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Representa 19 casos por día.  Aumentó de la violencia representa un 43% más que 2020.  Cifras de 2021 

 

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