LEY DE MEDIOS

Nuevo proyecto de Ley de Medios mantiene los privilegios a grandes propietarios

El investigador y consultor uruguayo, experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e Internet, y director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Gustavo Gómez, cuestionó que con la nueva redacción del proyecto de Ley de Medios no cambian “los privilegios a los grades medios, que no pagarán nada por usufructuar un bien público, no aportarán a la creación del Fondo Audiovisual y tendrán renovaciones casi automáticas, eternas, de 15 años”.

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El Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión del proyecto de Ley de Medios, surgida de las negociaciones dentro de la coalición de Gobierno.

En tal sentido, Gómez destacó que el proyecto contiene tres avances en la nueva versión que, aunque no cambian la estructura de la norma, hay que destacar. En tal sentido, dijo que “no deroga el derecho de objeción de conciencia de periodistas, ni la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes”.

Resaltó que, además, “no se obligará a ANTEL a compartir infraestructura (tampoco impide que lo haga, por decisión propia)”.

Dueño del pueblo

Por otro lado, enumeró los aspectos “negativos” del nuevo proyecto.

Subrayó que las empresas de TV cable “podrán tener licencia de Internet, pero sólo para el área de servicio que tienen actualmente, no podrán vender en todo el país”.

El experto en regulación de medios dijo que a través del proyecto “se reduce de ocho a seis la cantidad de licencias de radio y TV que se pueden concentrar, hoy son tres, y hasta ocho licencias de TV paga (el proyecto inicial no ponía límites)”. En tal sentido, destacó que “es mejor que el original, pero el nivel de concentración que permite es inaceptable para una democracia”.

Ejemplificó que si se deja que una persona pueda acumular cinco radios y un canal de TV abierto en un departamento del interior es convertirla en el “dueño del pueblo” y, además, “puede ser dueña de hasta ocho empresas de TV cable”.

Gómez dijo que la extranjerización de la TV se mantiene. “Ahora la Ley ya no lo establece expresamente en su artículo 14, pero le deja al Poder Ejecutivo la potestad de autorizar la compra de empresas nacionales a transnacionales extranjeras o sus subsidiarias, de manera discrecional”.

Remarcó que los derechos de las personas con discapacidad auditiva y visual “no son garantizados por Ley de manera efectiva”. El derecho se reconoce de manera general, pero queda librado a la discrecionalidad del Gobierno qué programas serán accesibles.

Por otra parte, manifestó que la nueva versión de la Ley de Medios “mantiene la falta de transparencia en las políticas de comunicación y se derogan todos los organismos de fiscalización independiente de la Ley de Medios actual. También se elimina el Consejo Honorario que debe fiscalizar a los medios públicos”.

Retroceso en transparencia

Además, “ya no habrá audiencias ni consultas públicas que garanticen la transparencia de los procesos de otorgamiento de licencias de radio y TV, o su venta, como se hace ahora con la Ley de Medios vigente. Un retroceso importante en transparencia”, cuestionó.

En tal sentido, Gómez lamentó que algo no cambia: “Los privilegios a los grades medios del proyecto de Ley inicial. No pagarán nada por usufructuar un bien público, no aportarán a la creación del Fondo Audiovisual y tendrán renovaciones casi automáticas, eternas, de 15 años”.

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