Por 42 votos en 52 se aprobó el traslado de los restos de Artigas
El Poder Ejecutivo ya está facultado por ley para retirar, cuando lo entienda pertinente y oportuno, la urna que guarda los restos mortales del general José Artigas, encriptada desde hace años en el mausoleo de la Plaza Independencia.
Sólo 42 manos de legisladores de la izquierda aprobaron el proyecto. Los partidos Independiente, Nacional y Colorado votaron en contra. El resultado fue 42 en 50 legisladores presentes.
Pero ésta no es la única noticia generada ayer en la Cámara baja. Hubo confesiones y sensaciones.
Por ejemplo, nos enteramos que en 2000 el gobierno blanco presidido por Luis Alberto Lacalle estuvo a un segundo y fracción de realizarle un estudio de ADN a los restos del general José Artigas, según confesó el herrerista José Carlos Cardozo, que por entonces era subsecretario de Educación y Cultura.
También supimos que los restos del prócer fueron trasladados del Panteón Nacional al cuartel de los Blandengues porque «se temía que los que se robaron la bandera de los Treinta y Tres, grupo al que perteneció el hoy prosecretario de la Presidencia, hicieran lo mismo con los restos del general», reveló el diputado colorado Daniel García Pintos «y de allí ¡ja!…jamás lo iban a robar», agregó golpeando la mesa.
Nos desayunamos con la idea que el diputado Iván Posadas tiene de la bancada del Frente Amplio y de la conformación actual del Poder Legislativo: «es una maldita dijo mayoría que hay en este Parlamento obsecuente y sin rebeldía», gritó sin tartamudear.
Y nos ilustramos con la íntima sensación que por lo menos tiene el diputado socialista Artigas Melgarejo de ese mismo Partido Independiente del que acababa de escuchar y enterarse que él, como otros 51 legisladores más, formaba parte de una especie de aquelarre: «Pasa que ellos son el último orejón del tarro y están enojados porque no pueden incidir políticamente», le espetó.
Sin tiempo para reponernos y tomar aire por tantas novedades, la socialista Alba Cocco pidió la palabra y confesó: «Soy descendiente del general Artigas». Tras escucharse la noticia de quien integra el árbol genealógico de la legisladora, parecía que alguien pedía un médico para atender un soponcio.
La breve ley
Lo norma votada anoche en esta cámara y que cierra definitivamente su trámite parlamentario consta de dos artículos.
El primero deja sin efecto el decreto ley de la dictadura que establecía la «perpetuidad» en el alojamiento de los restos del general Artigas.
El segundo «faculta» al Poder Ejecutivo a su traslado. No se habla de cuándo debería hacerlo ni de cuál sería su nuevo destino.
Edgardo Ortuño (VA) dijo que la intención es «rescatarlo del frío mármol» en el que está.
Leyó parte del discurso del extinto general Julio César Vadora cuando en la dictadura que él integró inauguraba el mausoleo y recordó las palabras del último caudillo blanco, Wilson Ferreira, cuando aludía al aspecto faraónico y napoleónico del lugar construido para albergar los restos del prócer.
José Carlos Cardoso entiende que el gobierno «utiliza» la figura de Artigas para dividir y destacó que el mausoleo es «una obra magnífica; el único lugar donde los niños hacen silencio cuando lo visitan».
García Pintos acusó de «desidia» al gobierno por no invertir dinero en la manutención de la obra marmórea (que en realidad es granito) e insistió con la teoría nunca confirmada de que en la Plaza Independencia hay intenciones de construir un estacionamiento para automóviles. Rubén Martínez Huelmo (609) ilustró con que la arquitectura del mausoleo es «funcional» a la dictadura y acusó de «haraganería intelectual» a los que no quieren debatir el tema del traslado.
Adriana Peña (PN) pidió «dejar en paz» los restos, Víctor Semproni (609) confesó no estar convencido de la oportunidad del traslado, Alvaro Vega (MPP) quiere que mejor se apliquen los ideales de Artigas como el Reglamento de Tierras y los diputados Javier Chá, Jorge Pozzi, Alfredo Cabrera y Federico Casaretto redundaron en sus intervenciones, dependiendo claro desde qué lado se estaba.
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