Balcaldi archivó denuncia contra el ex ministro Ovalle

El fiscal en lo Penal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat, pidió el archivo del caso que vinculaba a Ovalle, ex ministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en un delito de tráfico de influencias, solicitud que fue avalada por Balcaldi.

Fernández Dovat señaló que la conducta de Ovalle y de los particulares que eventualmente habrían colaborado (Osvaldo Risi y Jorge Giachino, personas vinculadas al entorno del Presidente de la República de la época según el informe del Ministerio Público), «no obstante la inmoralidad de la misma, no implica responsabilidad penal».

El informe, en poder de LA REPUBLICA, indica que tal conducta encuadra nítidamente en el delito de tráfico de influencias creado por la Ley Nº 17.060 del 23 de diciembre de 1998, pero en la época de los hechos –diciembre de 1997– escapaba a la tipicidad penal.

En marzo de 1996 el Directorio de la Administración Nacional de Puertos convocó una licitación para la concesión a un privado de la terminal de contenedores. A dicho llamado se presentaron cinco consorcios, de los cuales tres quedaron calificados. Estos fueron Maersk/Christophersen/Planir (al que en enero de 1998 fue adjudicada la licitación, luego anulada), Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip, y Seaport Terminal/Zona Franca de Montevideo.

El 8 de diciembre de 1997, Ovalle, quien había ocupado el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas en el último tramo del gobierno del período 1990-1995, mantuvo una conversación con Jummy Rohr, presidente de Cargas y Servicios, la que era parte de uno de los consorcios participantes en la licitación. La conversación fue grabada por Rohr, sin conocimiento de Ovalle, habiéndose comprobado la autenticidad de la cinta aportada según el dictamen pericial del laboratorio fonética forense de la Universidad Estadual de Campinas (Brasil). Del contenido surge que Ovalle invocó tener influencias en el gobierno para incidir en el resultado de la licitación a favor del consorcio que integraba Cargas y Servicios, y solicitó la suma de dos millones de dólares para ello. El 16 de diciembre del mismo año, Ovalle llamó dos veces al celular de Rohr insistiendo en su planteamiento. Posteriormente se reunieron elementos de convicción para sustentar que «en los hechos denunciados el contador Ovalle habría actuado con la colaboración de los señores Osvaldo Risi y Jorge Giachino, personas vinculadas al entorno del Presidente de la República de la época (Julio María Sanguinetti)», aunque «no hay un elemento sólido» para la sospecha de que Ernesto Laguardia, secretario privado de la Presidencia de la República en la época, hubiere colaborado en la maniobra. Informes suministrados por Antel y Movicom constataron comunicaciones telefónicas muy frecuentes en el período 3 al 16 de diciembre de 1997 entre Ovalle, Risi y Giachino, y de estos dos últimos con Laguardia.

Fernández Dovat descartó el delito de estafa en grado de tentativa, ya que de los testimonios recogidos en el presumario surge que «los directores de Cargas y Servicios en ningún momento llegaron a creer que la propuesta del contador Ovalle tenía un fundamento real. Solamente se estaría ante un acto preparatorio de un delito de estafa, acto que no es punible».

El fiscal también descarta el delito de abuso innominado de funciones, ya que no se obtuvieron elementos para sospechar de la participación de parte de funcionarios públicos de la maniobra detectada. Es así que «atento a la imposibilidad de acceder al contenido de las comunicaciones telefónicas entre Ovalle y las personas vinculadas al entorno de la Presidencia de la República, a que ante la eventual imputación los involucrados no tienen obligación de declarar la verdad, y al tiempo transcurrido sin que se hubieran obtenido otras fuentes de investigación para esclarecer este punto, no se prevé la posibilidad de otras diligencias de instrucción que permitan esclarecer la remota hipótesis de un abuso de funciones por parte de funcionarios públicos del gobierno». Por tales fundamentos, el fiscal solicita el archivo del presumario.