Demanda civil contra una consultora internacional

El Juzgado Letrado en lo Civil de 13° Turno, a cargo de Angel Manuel Cal, será quien deba resolver sobre el juicio que la empresa Fablet y Bertoni SA inició a la consultora multinacional Price Waterhouse.

Este litigio surge en un reclamo de la parte demandante contra la consultora por incumplimiento contractual al haber actuado con negligencia e impericia, en una cifra que alcanza los 450 mil dólares.

Fablet y Bertoni SA comenzó el juicio contra la reconocida multinacional debido a que contrató sus servicios para la búsqueda y selección de personal para ocupar un cargo vacante de vendedor. Ante ello reclama el pago de una importante cifra por daños y perjuicios, debidos al incumplimiento de contrato, entendiendo que hubo clara negligencia e impericia de parte de Price Waterhouse, seleccionando un empleado que a los pocos meses de entrar a la empresa cometió una estafa millonaria contra ésta y que luego de ser investigado se descubrió tenía antecedentes que lo hacían absolutamente no recomendable para ocupar el cargo.

Es el primer caso de esta índole que se presenta ante la Justicia en Uruguay, no existiendo antecedentes similares, salvo las demandas llevadas adelante contra profesionales como doctores, ingenieros, etc.

El abogado de la firma nacional, Gonzalo Vertiz, explicó a LA REPUBLICA que además de los caminos convencionales en el Poder Judicial, se presentó un reclamo ante la Dirección de Derechos del Consumidor (institución dependiente del Poder Ejecutivo) pero la respuesta ni la solución fueron brindadas. El profesional afirmó considerar «que existió incumplimiento contractual al haberse actuado con negligencia e impericia, no haber chequeado referencias ni haber evaluado psicológicamente el estado de la persona recomendada».

Vertiz añadió otro agravante a la denuncia, al manifestar que «personas con nombre y apellido que en el informe de Price Waterhouse figuran como que fueron consultados, niegan haber dicho lo que dice el informe». «Simplemente con chequear el Clearing de Informes alcanzaba, pero además las referencias que supuestamente se chequearon nos informaron que nunca dijeron nada de lo que dice la empresa», agregó el profesional.

Fiscal solicitó el archivo del caso Ovalle

El fiscal en lo Penal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat, pidió el archivo de la investigación de una conversación grabada entre José Luis Ovalle, ex ministro de Transporte y Obras Públicas durante la administración de Luis Alberto Lacalle, y el empresario estadounidense Jummy Rohr, representante de Cargas y Servicios. En el diálogo contenido en esta cinta Ovalle pidió dos millones de dólares al empresario norteamericano para interceder a su favor en la licitación de la terminal de contenedores, licitación que luego fuera anulada por el Poder Ejecutivo.

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que el fiscal Fernández Dovat analizó los posibles delitos por los que se podía acusar a Ovalle, fundamentalmente el de tráfico de influencias. El representante del ministerio público confirmó que en 1997 el delito de tráfico de influencias no existía como tal, ya que fue creado en la Ley Anticorrupción de diciembre de 1998.

Las mismas fuentes indicaron que para el fiscal la posible estafa no llegó al grado de tentativa porque para ello se requiere empezar a engañar y en este caso Cargas y Servicios realizó la grabación del hecho e hizo la denuncia. Tampoco está probado que haya existido abuso de funciones o conjunción del interés personal y público.

Dos semanas atrás el fiscal Fernández Dovat recibió el resultado del peritaje de la cinta con la grabación de la conversación realizado en la Universidad de Camphinas (Brasil), confirmando que la voz era la de Ovalle. Esta pericia técnica solicitada por la fiscalía tuvo un costo de 9 mil dólares y tardó dos años en tramitarse.

En lo que refiere al delito de falso testimonio, ya que Ovalle declaró ante el juez que lleva el caso, José Balcaldi, que no era su voz la registrada en la cinta, tampoco existe para el fiscal posibilidad de que sea sancionado, ya que la ley no sanciona la mentira del imputado de un delito sino de un testigo.

El Parlamento creó una comisión investigadora por este caso, la que no vio ninguna figura delictiva en el accionar de Ovalle, pero igualmente decidió pasar el tema a la órbita de la Justicia Penal para que ésta se expida. Hasta el momento, a pesar de confirmar que Ovalle mintió ante el juez, la Justicia tampoco pudo encontrar una figura delictiva a aplicarle.