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Antía apelará orden de devolver campo de Colonización en Aiguá y asegura ser víctima de injusticias

El exintendente de Maldonado y líder nacionalista anunció que recurrirá la orden de entregar El Sarandí y defendió sus pagos e inversiones.

Enrique Abella (izq) con Enrique Antía en una foto de archivo
Enrique Abella (izq) con Enrique Antía en una foto de archivo

El exintendente de Maldonado, Enrique Antía, anunció que apelará el fallo que le ordenó entregar al Instituto Nacional de Colonización (INC) un campo que arrendaba cerca de Aiguá, en Maldonado. El exintendente nacionalista cuestionó la decisión y defendió su desempeño como productor, mientras el expediente recoge incumplimientos relacionados con la residencia y el trabajo en el establecimiento.

El anuncio fue realizado por el líder blanco el pasado jueves. “Por supuesto que voy a apelar, porque las injusticias no hay que dejarlas pasar”, afirmó. A pesar ello, aún no consta que haya hecho la presentación oficial ante las deidas instancias Judicial.

Qué resolvió la Justicia sobre el campo

El Juzgado Letrado de Maldonado de 6.º Turno dictó el 8 de octubre una sentencia favorable a la restitución del inmueble. El predio, conocido como El Sarandí, corresponde a la fracción 4D de la colonia Benito Nardone. La cobertura de El País informó que se dispuso su entrega en diez días.

El pronunciamiento llegó después de otro antecedente decisivo: en febrero de 2024, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la pretensión de Antía de anular la rescisión del arrendamiento. Son actuaciones diferentes: el TCA examinó la decisión administrativa del INC y el juzgado de Maldonado intervino en la recuperación del inmueble.

Por qué Colonización reclamó la devolución

Según los antecedentes del expediente recogidos por Telemundo, Antía residía en la ciudad de Maldonado y la explotación funcionaba mediante una sociedad agropecuaria que integraba con otro productor. El trabajo directo quedaba en manos de empleados. El organismo consideró que esas condiciones no correspondían al perfil de beneficiarios que debía priorizar.

La inspección también identificó 591 hectáreas de propiedad de Antía y una superficie de explotación de aproximadamente 1.400 hectáreas a cargo de la sociedad. Los números describen situaciones distintas: uno refiere a tierras propias del exintendente y el otro al conjunto de la actividad productiva de la sociedad, según la información publicada.

Los argumentos de Antía para defender el arrendamiento

En la entrevista, Antía sostuvo que su relación con Colonización comenzó en 1981, que cumplió con los pagos y que realizó inversiones para mantener la producción. También explicó que la parcela cuestionada no tenía vivienda, electricidad ni agua y que disponía de una casa situada a unos 500 metros.

El exintendente relató que había entregado una superficie mayor a cambio de otra más pequeña, próxima a su tambo, mediante una operación autorizada por el organismo. Además, atribuyó el conflicto a motivaciones partidarias. Esa interpretación corresponde a su defensa pública y debe distinguirse de los incumplimientos examinados en las actuaciones administrativas y judiciales.

La renta diferencial y las obligaciones del colono

Otro antecedente es el cobro de una renta diferencial por no residir en el establecimiento. Según la reconstrucción de El Observador, Antía entendía que esa decisión del INC legitimaba su situación. El organismo sostuvo que cobrar una renta distinta no implicaba renunciar a la facultad de rescindir el contrato por incumplimientos.

La Ley 11.029 establece obligaciones que exceden el pago. El artículo 61 vigente contempla trabajar en el predio, supervisar la actividad y habitarlo, con excepciones sujetas a condiciones. Su redacción actual proviene de una modificación de 2020; al analizar un litigio iniciado antes debe distinguirse del texto aplicable a cada actuación.

Un conflicto iniciado en 2019

Colonización decidió rescindir el arrendamiento el 5 de septiembre de 2019. Antía impugnó esa decisión y el TCA rechazó su demanda en febrero de 2024. Según El Observador, el INC retomó el trámite de entrega en julio de 2025 y presentó ante la Justicia la sentencia firme del tribunal en septiembre de ese año.

El artículo 101 de la Ley de Colonización permite rescindir compromisos por determinadas causales de incumplimiento y acudir a la Justicia para recuperar el inmueble cuando no se entrega voluntariamente. El anuncio de Antía abre la expectativa de una nueva actuación de su defensa, cuyo ingreso y resolución deberán verificarse para actualizar el caso.

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