Hernán Casciari enfrenta denuncias por presunta estafa: inversores de Orsai reclaman saber el destino de su dinero

El escritor y empresario argentino Hernán Casciari, creador de la revista Orsai y uno de los principales impulsores de modelos alternativos de financiación cultural, enfrenta una denuncia penal presentada por 18 inversores que participaron en diferentes proyectos audiovisuales de su productora. Los denunciantes sostienen que existieron irregularidades en la administración de los recursos y reclaman que la Justicia investigue el destino de los fondos aportados.

La presentación judicial apunta a la gestión de Orsai Audiovisuales SRL, empresa que desarrolló un sistema de producción cinematográfica financiado mediante pequeñas inversiones de particulares. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de Buenos Aires, con intervención de la Fiscalía N.º 16.

Los inversores están representados por el abogado Ariel Gil Ces, quien solicita investigar posibles maniobras de defraudación. Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser examinadas judicialmente y no existe una resolución que permita considerar probada la comisión de los delitos denunciados.

El modelo de Orsai: una promesa de democratizar la producción cinematográfica

El origen del conflicto se encuentra en un modelo de financiación que Casciari comenzó a desarrollar en 2020, cuando propuso producir películas y series sin depender exclusivamente de grandes estudios, plataformas audiovisuales o inversores tradicionales.

La iniciativa invitaba a lectores y seguidores a convertirse en socios productores, mediante la adquisición de participaciones económicas en diferentes proyectos. A cambio, los participantes podían intervenir en determinadas decisiones y recibir una proporción de los ingresos obtenidos por la comercialización de las obras.

El sistema despertó interés porque combinaba la participación cultural con una expectativa de rentabilidad. No se trataba simplemente de donaciones para apoyar producciones artísticas, sino de aportes económicos que, según las condiciones de cada proyecto, podían generar beneficios.

Casciari construyó buena parte de la propuesta sobre la relación de confianza desarrollada durante años con su comunidad de lectores. La transparencia financiera, la participación colectiva y la distribución de eventuales ganancias eran elementos centrales del modelo.

Precisamente esos compromisos son los que ahora cuestionan los denunciantes, quienes aseguran que la información recibida no fue suficiente para conocer el verdadero destino de sus inversiones.

Las denuncias: pérdidas económicas y rendiciones de cuentas cuestionadas

De acuerdo con la presentación judicial, los 18 denunciantes realizaron aportes individuales que oscilaron entre 50 y 3.000 dólares. Algunos sostienen que no recuperaron dinero, mientras que otros aseguran haber recibido cantidades muy inferiores a las originalmente invertidas.

Entre los principales cuestionamientos aparece la supuesta falta de documentación respaldatoria de los movimientos financieros. Los inversores afirman haber recibido planillas generales de ingresos y gastos, pero sin acceso suficiente a facturas, contratos, comprobantes de pago y otros documentos necesarios para verificar las operaciones.

También solicitan investigar si existieron transferencias de recursos entre diferentes producciones, modificaciones de presupuestos y decisiones comerciales adoptadas sin la participación prevista para los socios productores.

Otro punto de conflicto se relaciona con la información sobre la distribución de películas, la venta de derechos y los ingresos generados posteriormente. Los denunciantes consideran que no recibieron explicaciones satisfactorias sobre estos aspectos.

Las pérdidas económicas, por sí mismas, no constituyen una estafa. Para determinar la existencia de un delito, será necesario establecer si hubo engaños deliberados, ocultamiento de información o utilización irregular de los fondos.

La uruguaya, uno de los proyectos que impulsó el fenómeno Orsai

Entre las producciones mencionadas en el conflicto figura La uruguaya, película basada en la novela del escritor argentino Pedro Mairal, que se convirtió en uno de los primeros grandes ejemplos del modelo de financiación colectiva de Casciari.

El proyecto reunió aproximadamente 600.000 dólares aportados por cerca de 2.000 participantes y fue presentado como una experiencia innovadora para la industria audiovisual latinoamericana.

La película permitió demostrar que una comunidad de pequeños inversores podía reunir recursos suficientes para financiar una producción cinematográfica de considerable escala, sin depender de los mecanismos habituales del sector.

Sin embargo, algunos participantes cuestionan ahora la información relacionada con los ingresos posteriores, los acuerdos de distribución y la recuperación de sus inversiones. La discusión no se limita al resultado comercial de la película, sino también a las obligaciones de información y rendición de cuentas asumidas por quienes administraban el proyecto.

La muerte de un comediante y Canelones, entre las producciones cuestionadas

Otra de las obras mencionadas es La muerte de un comediante, protagonizada y dirigida por Diego Peretti, cuyo presupuesto superó los 1,8 millones de dólares. Los denunciantes reclaman explicaciones sobre los costos de producción, las decisiones financieras y los resultados económicos comunicados a los inversores.

También aparece Canelones, una producción que inicialmente fue presentada como una miniserie de seis episodios y posteriormente experimentó modificaciones hasta convertirse en una película.

Según los cuestionamientos de algunos aportantes, esos cambios alteraron las condiciones originales del proyecto y no estuvieron acompañados de los mecanismos de consulta e información que esperaban recibir.

Entre otras obras mencionadas se encuentra Sola en el paraíso, documental protagonizado por Justina Bustos. Algunos inversores cuestionaron su disponibilidad gratuita en YouTube, al considerar que esa decisión podía afectar las posibilidades de recuperar el capital aportado.

Las críticas también alcanzan a otros proyectos audiovisuales de Orsai, aunque las circunstancias económicas y contractuales de cada producción son diferentes.

Inversores aseguran haber recuperado apenas una pequeña parte de sus aportes

Entre los testimonios publicados por medios argentinos figura el de Luis Salvatto, quien aseguró haber invertido 2.500 dólares en Canelones y La muerte de un comediante. Según su relato, hasta marzo de 2026 había recibido solamente 56,40 dólares como retorno de sus participaciones.

Otro inversor, Facundo Pedrotti, afirmó haber aportado 850 dólares a esas producciones y recuperado apenas 9,87 dólares. Estos testimonios ilustran el descontento de algunos participantes, aunque no permiten establecer por sí solos el resultado financiero global de Orsai ni demostrar la existencia de una conducta delictiva.

Los denunciantes consideran que las diferencias entre las expectativas económicas iniciales y los resultados obtenidos deben analizarse junto con la documentación contable y las condiciones contractuales.

Casciari reconoce errores, pero rechaza haber cometido una estafa

Ante la repercusión de la denuncia, Hernán Casciari respondió públicamente el 17 de octubre, mediante un video difundido en sus redes sociales. El escritor reconoció equivocaciones en la gestión empresarial y en la comunicación con los inversores, pero negó que existiera una maniobra deliberada para perjudicarlos.

“No supimos hacerlo bien”, expresó al referirse a las dificultades que atravesó el funcionamiento de Orsai. Sin embargo, fue categórico al rechazar la principal acusación: “No acepto que se hable de estafa”.

Casciari explicó que la productora llegó a desarrollar simultáneamente siete u ocho proyectos audiovisuales y reconoció que algunos resultados estuvieron por debajo de lo esperado. También sostuvo que durante 2025 había pedido disculpas personalmente a determinados inversores por errores cometidos durante la administración.

Su defensa se apoya en una distinción fundamental: una inversión que genera pérdidas no implica necesariamente que haya existido fraude. El escritor insistió en que las dificultades económicas y administrativas no respondieron a una intención de engañar a los participantes.

La documentación contable y la discusión sobre la transparencia

Como parte de su respuesta, Casciari difundió un código QR que, según explicó, permite consultar documentación vinculada con los gastos, pagos y facturas de diferentes producciones realizadas entre 2021 y 2025.

La iniciativa busca responder a los cuestionamientos sobre la falta de transparencia y ofrecer información sobre el funcionamiento financiero de la productora.

No obstante, la publicación de documentos no equivale a una auditoría independiente. Será necesario determinar si los registros son completos, si corresponden efectivamente a las operaciones cuestionadas y si permiten reconstruir los movimientos económicos de cada proyecto.

Los denunciantes reclaman una revisión integral de la contabilidad, incluyendo contratos comerciales, movimientos bancarios, ingresos por distribución y eventuales transferencias entre producciones.

También solicitan que se examine el cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a los socios productores.