Martín Lema había denunciado presuntos delitos en ollas populares: la causa desestimada por falta de pruebas

La Fiscalía de Flagrancia determinó el archivo definitivo de la denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) durante la administración de Martín Lema contra la Coordinadora Popular y Solidaria. La decisión, adoptada por la fiscal Graciela Peraza, fue comunicada oficialmente al Mides el 16 de diciembre de 2025 y cuestiona el proceder de la propia cartera en la investigación administrativa previa.

La resolución de la fiscal Graciela Peraza establece un principio jurídico fundamental: “el derecho penal sanciona conductas individuales subjetivas referidas a personas”, por lo que “no procede frente a una organización social” como la Coordinadora Popular y Solidaria. El documento enfatiza que el colectivo “ni siquiera tiene autoridades constituidas”, sino apenas “algunos referentes que distribuyen tareas”.

La fiscal observó que el Mides realizó una investigación administrativa previa que fue divulgada públicamente, lo que “frustró diligencias que podrían haber sido útiles en la investigación” penal. Esta situación comprometió la posibilidad de recabar pruebas contundentes antes de que los involucrados pudieran anticipar las acciones del ministerio público.

El ministerio público identificó además una “deficiente organización tanto desde” el Mides “como de la propia” coordinadora de ollas. La fiscalía constató que “la mercadería entregada no presenta numeración ni distintivo alguno que permita diferenciarla de otra mercadería que existiera en el mercado”, lo que imposibilita rastrear el destino final de los alimentos donados.

Problemas estructurales en la distribución de alimentos

La investigación fiscal reveló fallas sistémicas en el control de los recursos destinados a las ollas populares. Según el documento, “tampoco se estableció una especie de protocolo de actuación de modo de llevar un registro de todos y cada uno de los usuarios y de los locales, con sus responsables identificados, de modo de efectuar un efectivo contralor del funcionamiento del servicio”.

La registración de la entrega de mercadería “solo contiene remitos genéricos, amplios”, lo que impide verificar con precisión qué alimentos llegaron efectivamente a cada olla. Para evaluar la cantidad a entregar, el Mides se basaba en “declaraciones de personas asistidas por cada olla, sin requerirse ninguna documentación acreditante”, y solo comenzó a solicitar documentación cuando ya había iniciado la investigación administrativa.

La fiscalía verificó que al menos las ollas populares que figuran en la página de la Intendencia de Montevideo existen efectivamente, constatando “coincidencia en cuanto a la existencia al menos” de las iniciativas referidas. Este hallazgo contrasta con las afirmaciones del exministro Lema, quien había denunciado que al menos 68 ollas no funcionaban o nunca habían funcionado.

Testimonios sin respaldo y desavenencias personales

Uno de los aspectos más críticos señalados por la fiscalía es que “de los testimonios aportados por el Mides en la denuncia penal de 2022 no se cuenta con ningún tipo de documentación que pueda acreditar sus dichos”. Las declaraciones recabadas durante la investigación administrativa carecían del respaldo probatorio necesario para sustentar una acusación penal.

La fiscal consignó además que “en algún caso se detectan desinteligencias o desavenencias personales basadas en otros aspectos diversos a la distribución de alimentos”. Este hallazgo sugiere que al menos parte de las acusaciones contra la coordinadora podrían tener origen en conflictos interpersonales más que en irregularidades objetivas en el manejo de recursos.

El ministerio público también señaló que la mercadería entregada a las ollas provenía de “donaciones que provienen de organismos públicos” como el propio Mides denunciante y las intendencias, lo que añade una capa adicional de complejidad a la cadena de responsabilidades. La falta de un sistema único de registro y control afectaba tanto al ministerio como a las organizaciones receptoras.

El contexto de la denuncia y las declaraciones de Lema

En noviembre de 2022, el entonces ministro Martín Lema anunció la denuncia penal con declaraciones contundentes. Lema calificó a la coordinadora de ollas como “una organización con fines políticos que realizó maniobras que pudieron perjudicar a personas que necesitaban la llegada eficiente de alimentos”. El jerarca afirmó que las investigaciones internas habían revelado que “se inflaron números” y que “la distribución de alimentos no era transparente”.

El exministro sostuvo que se habían realizado unas 200 visitas y recabado 53 declaraciones. Entre otras acusaciones, Lema denunció que “se retiraron alimentos de Uruguay Adelante que no fueron entregados a varias ollas y merenderos que declaraban”, que algunos alimentos “se vendían” y que “algunos referentes” eran obligados a asistir a plenarios “bajo presión de que se les iban a retirar los alimentos proporcionados”.

El gobierno de Luis Lacalle Pou tomó medidas inmediatas tras la denuncia, retirando a la Coordinadora Popular y Solidaria como intermediario en la distribución de alimentos y encargando la operativa a las Fuerzas Armadas. Esta decisión administrativa se mantuvo independientemente del resultado de la investigación penal.

El precedente del “café vencido” y los cambios de gobierno

La denuncia contra la coordinadora de ollas se inscribe en un contexto más amplio de tensiones políticas en torno a la gestión del MIDES. En febrero de 2021, durante el mismo gobierno, el ministerio había presentado otra denuncia penal contra la administración anterior del Frente Amplio por presuntas irregularidades.

Esa denuncia, impulsada por Nicolás Martinelli, entonces director general de Secretaría del MIDES, incluía hallazgos como café vencido, pañales sin repartir y leche en polvo vencida. El episodio del “café vencido” se convirtió en un símbolo mediático recurrente en el debate político uruguayo. Una nota de opinión de la época relativizó el hallazgo, señalando que el ministerio repartía miles de pañales por semana y que la cantidad vencida era mínima frente al total distribuido.