La oposición rechaza la creación de agencias para gestión de inmuebles estatales y antidopaje

El proyecto de Rendición de Cuentas crea dos entes de derecho público no estatal con alcances distintos. La Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales incorpora facultades para crear sociedades comerciales y prestar consultoría, lo que activó el rechazo de la Coalición Republicana. La Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (Onadu) responde a una advertencia de la WADA y, según los registros de comisión, no recibió objeciones individuales.

Los artículos 40 y 41 del proyecto establecen la agencia de inmuebles como persona jurídica de derecho público no estatal, vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es “fortalecer la institucionalidad encargada de administrar el patrimonio inmobiliario estatal” y mejorar el aprovechamiento de bienes sin uso o cuya venta genere recursos. La agencia asumirá competencias del Prubie, creado por ley en 2020, cuyos resultados fueron limitados: durante el gobierno de Lacalle Pou apenas una veintena de inmuebles fueron vendidos, con ingresos inferiores a 800.000 dólares.

Dos agencias que generan discordia

La figura de persona jurídica de derecho público no estatal no convierte a la agencia en un organismo privado, pero sí le otorga autonomía funcional con vínculo directo con el Poder Ejecutivo. El contraste con Prubie es clave: el programa anterior se concentró en la racionalización de uso y en la venta de inmuebles. La nueva agencia suma instrumentos de gestión comercial y alianzas con privados.

El alcance de sus facultades generó el rechazo opositor. Además de administrar y disponer de inmuebles, la agencia podrá crear o integrar sociedades comerciales, participar en fideicomisos, consorcios especializados y desarrollar proyectos vinculados a la explotación o gestión de inmuebles públicos. También podrá administrar proyectos financiados con recursos públicos o donaciones internacionales y prestar servicios de consultoría tanto a organismos públicos como al sector privado.

En la práctica, ese diseño habilita que la agencia actúe como desarrollador inmobiliario estatal. La posibilidad de integrar fideicomisos y consorcios especializados abre la puerta a proyectos de explotación o gestión de bienes públicos. Para la oposición, ese diseño se aparta de la función esencial de administrar el patrimonio y se acerca a la actividad empresarial del Estado.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez planteó el cuestionamiento más fuerte en comisión. Según la cobertura de En Perspectiva, sostuvo que las competencias otorgadas al organismo son “amplísimas” y exceden la simple administración de inmuebles, habilitando actividades que a su juicio corresponden al ámbito privado.

Gurméndez preguntó directamente si el gobierno pretende ampliar la actividad empresarial y comercial del Estado, algo que consideró contrario a la necesidad de concentrar la acción estatal en funciones esenciales.

La pregunta no fue respondida por la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas durante la sesión. El diputado colorado Conrado Rodríguez remarcó que la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales no tuvo respaldo opositor en comisión. El balance de la Coalición Republicana ubica este tema entre los principales desacuerdos, junto a la reforma del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y los cambios a la ley de medios.

La Onadu responde a una exigencia internacional

Uruguay recibió una advertencia por incumplir estándares del Código Mundial Antidopaje, porque el control antidopaje está en manos de la Fundación Deporte Uruguay, integrada por la Secretaría Nacional del Deporte y el Comité Olímpico. Esa estructura mezcla funciones de regulador deportivo y de control, algo que la WADA exige separar. El proyecto crea un ente independiente: la Onadu contará con recursos propios y una reasignación inicial de 8 millones de pesos. Según La Mañana, se constituye como ente de derecho público no estatal, conforme al artículo 33.

A diferencia de la agencia de inmuebles, no se registró un cuestionamiento específico de un legislador de la oposición contra la Onadu en particular. La crítica que recibe viene enmarcada dentro del rechazo más general a la multiplicación de organismos. La editorial de La Mañana la incluye, junto con la agencia de inmuebles y el nuevo Instituto Nacional de Reinserción, como parte de lo que llama “la metástasis de desarrollo de institucionalidad pública”. Ese diagnóstico se traducirá, según la editorial, en más funcionarios, alquileres de locales y vehículos.

El cuadro político general que ayuda a dimensionar el desacuerdo

La Coalición Republicana no acompañó la Rendición de Cuentas en general, aunque en comisión sí respaldó 194 de los 351 artículos. Entre los artículos con respaldo opositor aparecen la creación de 300 cargos policiales, recursos para custodia penitenciaria, beneficios para cooperativas de vivienda y la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. El proyecto terminó aprobándose en general gracias al acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, mientras que Identidad Soberana y la Coalición Republicana mantuvieron su rechazo.

En el plenario de Diputados, la diputada nacionalista Fernanda Auersperg resumió la posición opositora: “no discrepamos por discrepar ni porque seamos oposición, ni tampoco discrepamos con el todo”, pero “discrepamos profundamente” porque los “anuncios se encuentran con los resultados, las promesas con los números”.

La diferencia entre ambos organismos quedó marcada por el tipo de debate: la Onadu se discutió como cumplimiento normativo internacional; la agencia de inmuebles se discutió como una posible ampliación del papel empresarial del Estado. Esa distinción explica por qué una de las dos creaciones mantiene respaldo técnico y la otra sigue sin acuerdo político.