Los arquitectos del problema: el PN ofrece recetas para una crisis de calle que empeoró 54% bajo su mandato

Por Carlos Loría – redactor periodístico

En una sala del directorio del Partido Nacional, el senador y exministro de Desarrollo Social Martín Lema desplegó el martes una batería de propuestas que, aseguró, permitirán “mejorar” la atención de las personas en situación de calle.

Flanqueado por dirigentes que hasta hace un año ocupaban los despachos del Poder Ejecutivo, Lema habló de internaciones compulsivas, de duplicar la cantidad de policías en Montevideo y Canelones y de recuperar el control de los espacios públicos. “Hoy necesitamos hacer”, repitió varias veces, como si la urgencia acabara de estallar.

La escena contenía, sin embargo, una paradoja que el propio senador no se detuvo a desmontar: los mismos partidos y, en buena medida, las mismas figuras que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020–2025) tuvieron a su cargo las políticas sociales, hoy vuelven al ruedo con un recetario que presentan como novedad.

Y lo hacen en un momento en que el problema que dicen querer resolver no solo no cedió durante su gestión, sino que se agravó de forma sostenida.

Martín Lema dice tener las respuestas

Según los censos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en 2016 había 1.393 personas en situación de calle en Montevideo. En 2019, al cierre de la administración del Frente Amplio, la cifra había trepado a 1.745. Pero el punto de inflexión más pronunciado ocurrió dentro del período blanco: en 2020 el conteo llegó a 2.082 personas, en 2021 a 2.215 y en 2023 alcanzó las 2.755.

Esto implica un aumento del 58% respecto de 2019, del 32% respecto del primer año de Lacalle Pou y un salto del 54% entre 2020 y 2023, todo bajo la supervisión del entonces ministro Lema.

Las cifras más duras —las que registran a quienes duermen a la intemperie— también se dispararon: de 920 personas en 2021 se pasó a 1.360 en 2023, un 48% más. El propio Lema lo reconoció al presentar esos números en su momento: “Aún en contexto de récord en oferta disponible de centros, se mantiene la tendencia al alza”. Hoy, desde la oposición, el diagnóstico cambió de tono, pero los datos que deja su administración son elocuentes.

La propuesta: internación, policías y control del espacio público

El documento que el Partido Nacional difundió el martes está estructurado en torno a varios ejes. El primero y más enfático es la aplicación firme de la internación compulsiva y de la hospitalización involuntaria para personas en situación de calle con trastornos de salud mental o consumo problemático de sustancias.

Lema recordó que la ley aprobada en 2024 —durante el gobierno que integró— habilita esos procedimientos cuando la persona representa un riesgo para sí misma o para terceros, y dejó la puerta abierta a nuevas reformas legales si hicieran falta.

“Nueve de cada diez personas en situación de calle consumen sustancias psicoactivas”, afirmó el senador, citando el censo de 2023. Ese mismo relevamiento indica que el 77% consume pasta base, el 72% lo hace de forma diaria y el 57% nunca recibió tratamiento. La propuesta blanca reclama, en paralelo, fortalecer la red de atención en salud mental y adicciones, ampliar cupos y crear más “casas de medio camino”.

Pero el documento no se limita a la salud. En materia de seguridad, el texto pide “más presencia, más control y aplicación tajante de la ley de faltas” y propone duplicar la cantidad de policías en Montevideo y Canelones, además de restaurar y ampliar la presencia de guardaparques. Lema habló de “violencia social” y de un “uso indebido del espacio público” que, según afirmó, lleva a que “vecinos dejen de ir a los parques con niños porque no están tranquilos”. Para el senador, el gobierno de Yamandú Orsi mantiene una postura “tibia” frente a estos fenómenos.

Las propuestas serán presentadas ante la Presidencia de la República y el Congreso de Intendentes. Desde el Partido Nacional insistieron en que su objetivo es “ayudar al gobierno a que cumpla con la ley” y pasar “del discurso a la acción”.

La respuesta oficial y el contraste de los tiempos

El anuncio blanco coincidió con la primera gran emergencia climática del invierno. Ante la llegada de un ciclón extratropical y un brusco descenso de la temperatura, el gobierno del Frente Amplio decretó una alerta roja que habilita el traslado obligatorio de personas en situación de calle a refugios, incluso contra su voluntad.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que el operativo será coordinado entre el MIDES, la Policía y otros organismos, y subrayó: “Para este gobierno, estar en la calle no es un derecho, sino que requiere de políticas públicas más amplias”.

Lema reconoció que la alerta roja es “coherente” ante la emergencia climática, pero enseguida marcó distancia. “La violencia social se da independientemente del clima”, afirmó. Para el exministro, el problema es “estructural” y la respuesta del gobierno se concentra en la emergencia sin atacar lo que él considera sus causas de fondo. En otras palabras, el Partido Nacional reclama ahora, desde la oposición, un abordaje integral que excede la contingencia meteorológica.

La “maldita droga”: el debate y la responsabilidad del PN

Lo que no se dijo en la conferencia de prensa es que la estructura institucional que hoy se considera insuficiente es, en gran medida, la que el propio Partido Nacional dejó funcionando hace poco más de un año.

Durante su gestión se sancionó la ley que permite la internación compulsiva y se aumentó la oferta de centros de atención, pero las cifras no dejaron de crecer. Según el actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, entre 2023 y 2024 unas 11.000 personas fueron registradas al menos una vez en los servicios del MIDES, la gran mayoría en situación de calle o en riesgo inminente de caer en ella.

Durante su etapa como ministro, Lema atribuyó el fenómeno a “la maldita droga” y destacó, como un logro, que el ritmo de crecimiento se había “desacelerado”: entre 2016 y 2019 el aumento había sido del 88%, mientras que entre 2020 y 2023 fue del 54%. La métrica fue entonces la velocidad; ahora el foco está en el volumen absoluto y en la percepción de inseguridad.

Ese desplazamiento retórico —de la “desaceleración” a la denuncia de una “violencia social” desbordada— refleja, en buena medida, el cambio de rol. En el gobierno, el Partido Nacional gestionó un problema que se expandía; en la oposición, propone “medidas” para “mejorar” una realidad que, en los números y en las calles, lleva su firma.

El debate sobre la situación de calle en Uruguay tiene décadas, pero pocas veces ha quedado tan expuesta la tensión entre la emergencia humanitaria y el rédito político. Mientras el frío aprieta y los refugios se preparan para recibir a quienes no tienen otro lugar donde dormir, el partido que hasta hace un año gobernaba el país vuelve a hablar como si las respuestas estuvieran recién ahora a su alcance. Los datos, mudos pero obstinados, cuentan una historia distinta.