Denuncian que edil del PN destrozó una casa vacacional con fiestas multitudinarias

Matías Silvera Ortiz, edil del Partido Nacional en Treinta y Tres y presidente de la Comisión de Hacienda departamental, concentra dos episodios de distinta naturaleza que han circulado públicamente: una denuncia penal radicada en Fiscalía tras un presunto intercambio amenazante con un legislador durante 2022, y una acusación reciente formulada por una trabajadora del sector inmobiliario que lo señala como responsable de daños materiales y conducta deshonesta en el marco de un contrato de arrendamiento en Punta del Este. Silvera es hijo del intendente departamental Mario Silvera e hijastro del exministro Germán Cardoso.

Los hechos, separados en el tiempo y distintos en su contexto, configuran un registro de comportamiento que distintas personas han trasladado a instancias formales o públicas. En ninguno de los dos casos se registran hasta el momento sanciones, condenas ni consecuencias institucionales para el edil.

Antecedentes y contexto del denunciado

El primer incidente data del año 2022, durante el Congreso Nacional de Ediles celebrado en Maldonado. El entonces diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini —actualmente senador— declaró públicamente que Silvera se le aproximó en ese evento sin mediar conocimiento previo entre ambos.

Según el propio Antonini, el edil le dijo: «No vengo a saludarlo, vengo a decir que usted ha hecho mucho daño a mi familia y eso lo va a pagar«. Ante la consulta del legislador sobre si se trataba de una amenaza, la respuesta registrada fue: «Quisiera usted que el que lo amenazara fuera yo, porque los que le van a cobrar no perdonan».

Antonini formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía y comunicó la situación a las autoridades competentes. El expediente no avanzó. La ausencia de testigos directos y la dificultad probatoria propia de este tipo de intercambios verbales determinaron que la causa no tuviera continuidad judicial. El hecho quedó registrado en declaraciones públicas del legislador pero sin derivaciones en el sistema de justicia.

La denuncia inmobiliaria y los daños documentados

El segundo episodio fue difundido a través de redes sociales por Marie Clavier, quien se desempeña en el sector inmobiliario y gestionó el alquiler de una cabaña ubicada en la zona de Pinares, en el departamento de Maldonado.

«Con éste mensaje busco advertirles de experiencias indeseables para evitarles un disgusto. Si bien fue debidamente intimado judicialmente y hay pruebas (videos, fotos y testigos) luego de agotar la vía del diálogo, considero importante compartirles ésto que pasó este verano para que no vuelva a ocurrir», empezó relatando en una publicación de Facebook de la mencionada.

«Actuando de mala fe, ésta persona pidió una casa en zona residencial, en buen estado y amplio jardín para dos parejas y un niño. Mintió desde el inicio, encubriendo su verdadera intención, que era la de usar la casa para fiestas!! El estado de guerra en que fue devuelta la casa excede el depósito en 29000 pesos y no quiere hacerse cargo!! Hasta un árbol arrancaron de cuajo», agregó.

Clavier fue entrevistada posteriormente por el medio Crónicas del Este, donde amplió los detalles de lo ocurrido.

Según su relato, Silvera Ortiz presentó condiciones distintas a las reales al momento de suscribir el contrato de arrendamiento: «Mintió con mala fe respecto a que eran dos parejas y un niño, por eso les alquilé la casa, sino no se las hubiese alquilado«. La declarante sostuvo que la ocupación efectiva del inmueble difirió sustancialmente de lo acordado, con la realización de reuniones de gran cantidad de personas. «La primer fiesta duró más de 12 horas y fue multitudinaria«, indicó. «Hizo varias fiestas».

Daños materiales y gestión posterior al contrato

El inventario de daños consignado por Clavier abarca el jardín, utilizado como espacio de estacionamiento de vehículos pesados que generaron hundimientos en el terreno: «Usaron el jardín de estacionamiento… quedaban enterradas camionetas… el jardín quedó destruido». La denunciante también documentó el arrancamiento de vegetación: «Tengo fotos del arbolito de flora indígena… lo arrancaron de cuajo».

El monto de la garantía pactada en el contrato, equivalente a 500 dólares, resultó insuficiente para cubrir los desperfectos. Clavier afirmó haber afrontado de su propio patrimonio el saldo restante para saldar la deuda con la propietaria del inmueble: «Tuve que poner yo de mi bolsillo $30.000 para pagarle a la dueña de la casa». Sobre la actitud de Silvera al ser contactada, señaló: «Este muchacho es hijo del intendente actual de Treinta y Tres… tuve el disgusto de hablar y se me rió en la cara, se lavó las manos literal».

Hasta la publicación del presente artículo, no se registran declaraciones públicas de Silvera Ortiz en respuesta a ninguna de las dos acusaciones. Tampoco constan pronunciamientos de la Intendencia de Treinta y Tres, del Partido Nacional ni de ninguna autoridad del directorio departamental o nacional del partido.

Familia política y su posición en el PN

Matías Silvera Ortiz ejerce como edil en la Junta Departamental de Treinta y Tres y preside la Comisión de Hacienda, órgano con competencia en el análisis del presupuesto departamental y en el control del gasto de la intendencia. Su padre, Mario Silvera, encabeza el Ejecutivo departamental. Su padrastro, Germán Cardoso, se desempeñó como ministro durante la administración anterior del Partido Nacional.

Los dos episodios descritos —el intercambio con Antonini en 2022 y la denuncia de Clavier en 2025— no han derivado en ningún procedimiento disciplinario interno dentro del partido ni en interpelaciones formales ante la Junta Departamental. La acumulación de registros públicos sin respuesta institucional contrasta con las funciones de fiscalización que Silvera ejerce en su cargo actual.