Wilson Ezquerra, intendente de Tacuarembó, será imputado por conjunción del interés público con el privado

La Fiscalía uruguaya solicitará ante la justicia la formalización del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, por el delito de conjunción del interés público con el privado. La información fue confirmada por el periodista Eduardo Preve y tiene como antecedente directo la denuncia presentada por la radio comunitaria La Kandela FM.

Ezquerra, quien ha ejercido el cargo de intendente departamental en cuatro períodos consecutivos, enfrenta señalamientos que involucran la venta de un campo de su propiedad a una empresa de capital brasilero y las gestiones institucionales que habría impulsado posteriormente para beneficiar ese mismo emprendimiento.

El 30 de agosto de 2024, el colectivo de radio comunitaria La Kandela radicó la denuncia formal ante las autoridades competentes. En aquella instancia, el periodista Sebastián Ríos detalló los fundamentos de la acusación. «Nosotros difundimos la información y los documentos que prueban que el intendente le vendió un predio de su propiedad a la empresa Ballintoy S.A., que trabaja en el rubro de la madera, y luego solicitó a la Junta Departamental que declarara al emprendimiento de interés departamental y además que ese campo fuera recategorizado, cambiando de rural a suburbano para que llegaran los inversores», explicó entonces el periodista Sebastián Ríos.

los montos de la transacción y la recategorización del predio

Posteriormente, el periodista Diego Martini, del medio M24, informó que Ezquerra había adquirido el campo por 32.000 dólares y lo había vendido en 210.000 dólares. Según ese reporte, el precio de venta ya incorporaba tanto la recategorización del terreno —de zona rural a suburbana— como la declaratoria de interés departamental que el propio intendente habría promovido ante la Junta Departamental.

En un primer momento, Ezquerra declaró públicamente que desconocía la identidad de los compradores del campo. Sin embargo, la existencia de un video de archivo contradijo esa versión: en las imágenes, el propio intendente aparecía anunciando la concreción del emprendimiento, señalando que «se había reunido con los inversores», antes de que la situación se convirtiera en un caso de dominio público.

La contradicción entre la declaración pública del intendente y lo registrado en el material audiovisual pasó a ser uno de los elementos centrales del debate político y judicial en torno al caso. La empresa Ballintoy S.A., dedicada al rubro maderero, habría sido la compradora del predio cuya categoría fue modificada en el marco del proceso denunciado.

denuncias acumuladas ante organismos partidarios y de contralor

A principios de junio de 2025, el dirigente del Partido Nacional John Duhalde radicó una denuncia ante la Comisión de Ética del Partido Nacional por un «posible conflicto de intereses». Duhalde también había requerido previamente que la Junta de Ética y Transparencia Pública (JUTEP) examinara el asunto. «Oh casualidad que esa chacra es del Intendente cuando él pide que se declare de interés departamental», expresó Duhalde a Canal 4.

En forma paralela, 19 ediles de distintos partidos políticos presentaron también una denuncia ante la JUTEP, sumando respaldo transpartidario al proceso de contralor institucional sobre el comportamiento del jerarca departamental. La acumulación de denuncias de distintos sectores amplió el alcance del escrutinio sobre la gestión de Ezquerra en relación con el predio y los actos administrativos vinculados.

El periodista Sebastián Ríos, del colectivo La Kandela, explicó que el medio esperaba que algún edil, en su condición de funcionario público, formalizara la denuncia penal. «Nosotros esperábamos que algún edil, como funcionarios públicos que son, hiciera la denuncia penal. Pero como eso no ocurrió, el colectivo de La Kandela resolvió presentarla auspiciados por el abogado Juan Fagúndez», señaló Ríos.

el historial de denuncias penales de la radio comunitaria La Kandela

La Kandela acumula un historial de denuncias penales por actos de corrupción contra jerarcas de la Intendencia de Tacuarembó. Según se informó, en todos los casos anteriores el colectivo logró que los imputados fueran formalizados por la justicia, lo que constituye un antecedente directo para evaluar el alcance institucional del presente proceso.

La eventual formalización de Ezquerra, de concretarse la solicitud de la Fiscalía, representaría un hito relevante en la trayectoria del intendente, quien ha gobernado el departamento de Tacuarembó durante cuatro mandatos. El delito de conjunción del interés público con el privado está tipificado en la legislación uruguaya y se configura cuando un funcionario público actúa en una transacción donde convergen sus intereses personales con decisiones de carácter institucional.