Error de diseño del Fonasa o ajuste encubierto: el debate que divide al gobierno y la oposición

La sala de la Comisión Permanente del Parlamento aún resonaba con los ecos del debate sobre Venezuela cuando la atención se volvió, con la fuerza de un boomerang, hacia un tema doméstico que ha fracturado la aparente calma del verano político. El aire se cargó de una tensión distinta, más técnica y a la vez más visceral, cuando el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se dispuso a defender lo que para una parte de la oposición es indefendible: un cambio de fórmula que impacta el bolsillo de 155.000 uruguayos y que, según sus detractores, no es más que un impuesto encubierto.

La discusión trascendió lo meramente técnico para convertirse en un campo de batalla sobre las promesas incumplidas, la opacidad y el verdadero costo de la eficiencia. Sebastián Andújar, diputado nacionalista, no titubeó al calificar la modificación del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Fonasa como un “instrumento de ajuste puro y duro”. Su intervención, cargada de una retórica política afilada, contrastó brutalmente con el frío lenguaje de planilla Excel que luego emplearía el subsecretario Martín Vallcorba. Ahí reside el núcleo del conflicto: para la oposición, es una decisión ideológica que grava el trabajo; para el gobierno, una corrección metodológica tardía pero necesaria.

Oddone, con su estilo sobrio y profesoral, insistió en la “equidad” y en corregir un “error de diseño” que data de los orígenes mismos del Sistema Nacional de Salud en 2008. El argumento es complejo, pero se reduce a esto: durante años, el cálculo del CPE asumió que todos los uruguayos habían estado afiliados al sistema desde su nacimiento, lo que artificialmente reducía el promedio al incluir décadas de cobertura inexistente y de cápitas bajas.

La nueva fórmula calcula el promedio solo desde el momento real en que las personas ingresaron al seguro, lo que eleva el costo estimado. El ministro fue categórico al desvincularlo de una necesidad fiscal, aunque admitió, casi de pasada, un alivio para Rentas Generales de entre 70 y 80 millones de dólares anuales.

Oddone vs. la oposición: el duelo semántico por la palabra “impuesto”

Pero fue el senador colorado Pedro Bordaberry quien lanzó la pregunta que flotaba en la sala: ¿por qué el silencio durante el debate presupuestal? Su cuestionamiento apuntó directo a la credibilidad. “Se me deteriora la confianza”, sentenció, dejando al descubierto una herida que va más allá de los números: la percepción de que la modificación se coló por la puerta de atrás, por decreto, evitando el escrutinio parlamentario previo. Este punto es crucial y alimenta la narrativa opositora del “impuesto sorpresa”.

Mientras la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, ofrecía un panorama general del sector, Vallcorba se sumergió en los detalles áridos. Explicó, con paciencia de técnico, que el error original sobrestimaba el peso de las cápitas de jóvenes que, en su mayoría, no estaban en el sistema. La corrección, según él, simplemente refleja la realidad histórica de una cobertura que es joven. Para amortiguar el golpe a los trabajadores no dependientes, el MEF promete un proyecto de ley que fijará la base de cálculo en el 75% del nuevo CPE.

Sin embargo, la sensación que persiste es la de una disonancia. Por un lado, la fría lógica de la corrección técnica, casi inapelable en su coherencia interna. Por otro, el impacto concreto en los ingresos de miles de familias en un contexto económico ya ajustado. La oposición ve una puerta peligrosa abierta: si un “error de diseño” puede corregirse por decreto generando este impacto, ¿qué otros ajustes similares podrían llegar? El gobierno, en cambio, se atrinchera en el rigor contable y acusa a la oposición de politizar una medida necesaria para la sostenibilidad y transparencia del sistema.

La pelota ahora está en el campo del Parlamento, que deberá digerir tanto los gráficos del MEF como el malestar tangible de una ciudadanía que ve, una vez más, cómo los códigos de la economía impactan su vida diaria.