Carolina Ache y Beatriz Argimón fueron designadas como embajadoras en Unesco y Portugal

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo realizó una votación para las designaciones diplomáticas propuestas por el Poder Ejecutivo. En la sesión, se aprobaron las venias para tres cargos: José Luis Cancela como embajador en la República de Costa Rica, Carolina Ache como embajadora en Portugal y Beatriz Argimón para la representación permanente ante la Unesco y la OCDE. La decisión se tomó en un contexto de revisiones legislativas habituales para posiciones de jefatura de misión en el exterior.

Los senadores presentes evaluaron los planes de trabajo presentados por los candidatos. Carolina Ache, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, expuso su propuesta tanto por escrito como de manera oral. La venia para su designación en Portugal recibió únicamente los votos del Frente Amplio, mientras que las de Argimón y Cancela contaron con mayor consenso en la comisión.

Argimón, quien ocupó el cargo de vicepresidenta durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, también detalló sus objetivos para las representaciones multilaterales. La aprobación de estas venias marca un paso formal en el proceso de nombramientos diplomáticos, que aún requiere una instancia adicional en el pleno del Senado.

La aprobación de las venias

Carolina Ache expresó su posición tras la votación. Indicó que se siente agradecida por la convocatoria del gobierno actual. «Es un honor y creo que también habla de una amplitud muy grande del gobierno, estoy muy honrada. Estuve presentando el plan de trabajo en forma oral, ya lo había mandado por escrito y ahora con el foco puesto en lo que se viene. Todavía falta una instancia, falta una etapa todavía. Si esto termina en que me den esa confianza creo que es una oportunidad muy linda para Uruguay».

En relación con las críticas surgidas por su designación, Ache optó por una respuesta medida. Consultada al respecto, señaló su preferencia por evitar confrontaciones. «Mi granito de arena es no responder agravios porque una persona que aspira a ser un servidor público tiene que colaborar para que haya paz social. Lo que sea que construya lo voy a responder, pero lo otro prefiero no responderlo».

El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, comentó sobre el desarrollo de la sesión. Explicó que solo el Frente Amplio respaldó la venia de Ache. «Nosotros le leímos el artículo 3 y 4 del Estatuto del Servicio Exterior en donde se le pide a los jefes de misión es decoro, reserva, prudencia, lealtad, todas atribuciones que ella no ha cumplido en su pasado reciente como funcionaria pública».

Designaciones diplomáticas no exentas de críticas

Da Silva continuó su intervención con una observación sobre la trayectoria de Ache. Agregó que su caso ilustra un patrón en la política uruguaya. «Carolina Ache representa un ejemplo perfecto de economía circular en la política. Frente a determinadas circunstancias contrata al Dr. Jorge Díaz y después esos honorarios se ven premiados con nada más ni nada menos que con una de las embajadas más codiciadas por parte del servicio exterior que es la Jefatura de Misión en Lisboa».

Por otro lado, el senador Daniel Caggiani, del Frente Amplio, resaltó la importancia de las tres venias aprobadas. Mencionó que incluyen a José Luis Cancela para Costa Rica, Beatriz Argimón para Unesco y OCDE, y Carolina Ache para Portugal. «Son tres venias muy importantes. Carolina Ache tiene todas las características tanto profesionales como políticas para poder ser designada representante en este caso de Uruguay. El Poder Ejecutivo además, entendió pertinente poder cubrir una vacante de un destino que está casi, por lo menos del 2023, sin embajador».

Ache y su relación con el caso Marset

La designación de Ache se enmarca en un historial previo en la Cancillería. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, entre 2020 y 2025, ocupó el puesto de subsecretaria de Relaciones Exteriores. En ese período, se vinculó a un caso relacionado con la emisión de un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset en 2021. Marset, identificado como un narcotraficante ligado al Cartel de Sinaloa, solicitó el documento tras una detención en Dubai por un incidente de tránsito.

El trámite se gestionó a través de la dirección de Asuntos Consulares, donde Ache tenía responsabilidades clave. En agosto de 2022, se hizo pública la información sobre el uso del pasaporte por Marset, quien viajó con él antes de su recaptura en Colombia en 2023 con un documento falsificado. Esto llevó a interpelaciones parlamentarias contra los ministros de Interior, Luis Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por presunto encubrimiento.

Ache fue mencionada en el debate por su rol en el proceso. Se señaló que, desde la cúpula de ese ministerio, se habría acelerado el trámite sin alertar sobre el perfil de Marset, a pesar de conocer sus antecedentes. Conversaciones filtradas muestran que ella advirtió a superiores sobre los riesgos, pero el procedimiento siguió bajo directivas de niveles superiores.

El 20 de diciembre de 2022, Ache presentó su renuncia irrevocable. Argumentó que asumía el costo político para proteger al gobierno. En 2024, durante su declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos, reiteró: «Fui la única política de este gobierno que renunció». Su abogado, Jorge Díaz, enfatizó que ella proporcionó todos los documentos solicitados, a diferencia de otros implicados.

La investigación, abierta de oficio, finalizó el 2 de septiembre de 2024. El fiscal Alejandro Machado archivó la causa, concluyendo que Marset tenía derecho al pasaporte según la normativa y que no se configuraron delitos. Criticó, sin embargo, a autoridades por «faltar a la verdad» ante el Parlamento. Ache comentó en redes sociales: «Se confirma lo que siempre sostuve: no tuve ninguna participación ni injerencia». El archivo también exoneró a funcionarios como Pauline Davies y Fiorella Pardo, validando la legalidad del trámite.

Argimón y las escuchas telefónicas

En paralelo, Beatriz Argimón acumuló experiencia en el Ejecutivo durante el mismo período. Como vicepresidenta, participó en diversas instancias gubernamentales. En junio de 2020, surgió una filtración de un audio de casi 10 minutos entre ella y Fernando Cristino, un productor de eventos y relacionista público con quien mantenía amistad desde años atrás.

En la conversación, Cristino aludió a amenazas anónimas por deudas, incluyendo US$ 5.000 de la Intendencia de Maldonado por un evento. Argimón se ofreció a intervenir ante autoridades locales para el cobro. Se mencionaron favores recíprocos: ella había solicitado empleo para su hijo en la revista Caras, dirigida por él, y él pedía ayuda para su madre con problemas de salud mental.

El segmento más discutido involucró referencias a grabaciones. Argimón aconsejó a Cristino: «Hay que cuidarlos mucho [los teléfonos], lo que tú hablaste el otro día, cuando tú llamaste, todo se sabe, todo queda grabado». Describió intervenciones en llamadas a Presidencia, analizadas por abogados, y su intervención para protegerlo: «Este muchacho es Fernando, yo me ocupo». Recriminó menciones a figuras como el presidente Lacalle Pou, el ministro Jorge Larrañaga y ella misma, pidiendo no hacer «eco de nada» ni referirse al «dealer de Luis», alusión que se vinculó posiblemente a Luis Borsari, director de Turismo de Maldonado.

El audio generó denuncias por presunto espionaje ilegal, tráfico de influencias en el cobro de deudas municipales y una relación con un empresario de la farándula en Punta del Este. Cristino, al sentirse amenazado por las declaraciones de Argimón, presentó una denuncia penal. Estos eventos formaron parte del panorama de controversias durante su mandato, que concluyó en 2025.