Asesor legal de Katoen Natie también trabaja por contrato para el Banco Hipotecario del Uruguay

En  medio de la polémica por la extensísima concesión en la que el gobierno de Luis Lacalle Pou le entregó a la empresa belga Katoen Natie el puerto de Montevideo, surgió una nueva capa que suma al debate que se está dando en las esferas políticas y la opinión pública: el abogado Álvaro Díez de Medina, asesor legal de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), consorcio integrado por Katoen Natie -como socio mayoritario- y por el Estado uruguayo, es a su vez asesor de la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Casilda Echevarría.

Según publicó en las últimas horas Montevideo Portal, citando el acta de la sesión del directorio del BHU del 27 de abril de 2020, Díez de Medina trabaja “bajo el régimen de arrendamiento de servicios para prestar funciones como asesor en la Secretaría de la Presidencia del Directorio”. Consultado por dicho medio, el letrado asegura que “no existe contradicción ni conflicto alguno” entre su actividad privada como asesor legal de la empresa portuaria que ejerce al mismo tiempo en que lo hace para el ente estatal.

Remarcó que “no es funcionario” del Banco Hipotecario sino que es “un proveedor de un servicio”. En cuanto a Katoen Natie, manifestó que está habilitado para hacer “libre ejercicio” de su actividad profesional. En efecto, el acta del directorio indica que el abogado “no se encuentra amparado por el Estatuto del Funcionario del BHU, ni sujeto al régimen disciplinario de los funcionarios de la Institución” y agrega más adelante que la “contratación no supone en forma alguna una vía oblicua de incorporación a la función pública”, según indica el portal web antes mencionado.

El pago mensual por su contrato es de US$120.000 más IVA “el cual se ajustará en igual ocasión y porcentaje en que lo hagan las remuneraciones de los funcionarios del BHU”.

El cuestionado acuerdo

El 80% de las acciones de Terminal Cuenca del Plata (especializada en contenedores que opera en el puerto de Montevideo) pertenece a Katoen Natie y el 20% al puerto de Montevideo, que a su vez está bajo el amparo de la Administración Nacional de Puertos (ANP)

A finales de julio, el Frente Amplio se manifestó en contra de que el acuerdo con la naviera Katoen Natie ya que entienden que se configura un monopolio privado, que estaría prohibido en la Constitución de la República.

El senador por el Frente Amplio, Charles Carrera, en representación de la bancada del FA, dijo días atrás que el exministro de Transportes, Luis Alberto Heber (hoy a cargo del Ministerio del Interior), habría actuado “con dolo o total negligencia” en el acuerdo entre el gobierno y la empresa.

No compartimos la política pública que se está desarrollando en el puerto de Montevideo, y en especial este acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Katoen Natie. En primer lugar estamos pidiendo la responsabilidad política del firmante, que representó Lacalle Pou, al ministro Heber y al equipo negociador, y buscamos denunciar este hecho que es muy grave”, aseguró Carrera en una conferencia de prensa el pasado 11 de agosto, en la que estuvo acompañado por varios senadores, entre ellos Lilian Kechichian, Oscar Andrade y Eduardo Bonomi.