Gobierno argentino negocia entregar centrales nucleares del estado a empresa de EE.UU.

En medio de un hermetismo absoluto, la administración nacional impulsa un acuerdo que permitiría a Palantir Technologies asumir la gestión operativa de los tres complejos nucleares del país. La firma, originalmente financiada por la Agencia Central de Inteligencia y especializada en análisis militar, estableció como requisito ineludible una profunda reorganización de la Comisión Nacional de Energía Atómica, proceso que ya está en marcha mediante cesantías.

La comunicación llegó a las oficinas de Nucleoeléctrica Argentina y del otro extremo de la línea no se trataba de un simple reajuste administrativo.

La propuesta combinaba inteligencia artificial de última generación, una corporación surgida bajo la influencia del aparato de defensa estadounidense y el acceso a las tres instalaciones atómicas responsables de generar aproximadamente el 10% de la electricidad nacional.

La gestión de Javier Milei mantiene conversaciones con la compañía norteamericana Palantir Technologies para concretar la cesión del manejo operativo de Atucha I, Atucha II y Embalse, según logró confirmar Argentina Desigual mediante fuentes gubernamentales y del ámbito nuclear.

Esta iniciativa, aún en fase preliminar, ya genera inquietud en la Comisión Nacional de Energía Atómica y plantea un interrogante que ningún representante oficial se anima a responder públicamente: ¿qué motivación tiene una empresa dedicada a la inteligencia para administrar reactores atómicos?

Los detalles de una negociación que avanza en las sombras

Los datos que circulan en las dependencias oficiales y que confirmaron a este medio funcionarios con acceso directo a las tratativas indican que esta transferencia constituye el primer movimiento de una estrategia más extensa de renovación del sector energético.

El razonamiento que atrae al gobierno nacional resulta directo: incorporar tecnología avanzada para reducir gastos operacionales que, expresados en moneda estadounidense, resultan progresivamente más complicados de mantener en el marco del ajuste presupuestario vigente. Sin embargo, existe un elemento que genera mayor tensión.

Palantir no se conformó con presentar un plan de optimización; estableció un prerequisito antes de considerar cualquier formalización. La empresa exige una transformación estructural profunda de la CNEA. En términos concretos: reducir el aparato estatal previo a que asuman el comando.

Este requerimiento no constituye una mera declaración de intenciones. Trabajadores de la CNEA que dialogaron con diversos medio bajo condición de anonimato y confirmaron que las desvinculaciones laborales que comenzaron a materializarse y las que se proyectan para las semanas venideras no obedecen a una reorganización interna definida desde Buenos Aires. Representan el preludio del convenio.

La corporación estadounidense, según relatan, requiere observar un organismo más liviano, con menor entramado burocrático y una plantilla reducida de empleados permanentes, antes de hacerse cargo de la operación de las plantas. Los telegramas de despido que arribaron en los últimos tiempos, interpretados bajo esta perspectiva, dejan de ser simplemente otro recorte de la política de ajuste libertaria para transformarse en una garantía de negociación.

Quién es realmente Palantir Technologies

Resulta necesario analizar la identidad de Palantir. No se trata de una empresa eléctrica con un siglo de trayectoria en reactores, como Westinghouse o General Electric. Se trata de una compañía establecida por Peter Thiel, respaldada económicamente en sus orígenes por la CIA y especializada en procesar millones de datos para detectar células «terroristas» en Oriente Medio o para que el servicio migratorio estadounidense rastree inmigrantes irregulares.

Su plataforma aprendió a identificar patrones en las montañas afganas y ahora el ejecutivo argentino pretende implementarlo para prever cuándo colapsará una turbina o cuándo resulta necesario modificar la potencia de un reactor.

La tecnología no es ficción: los sistemas de predicción basados en inteligencia artificial que comercializa Palantir posibilitan anticipar fallas y perfeccionar el mantenimiento con una exactitud que ningún equipo humano puede replicar. Eso resulta indiscutible.

La incertidumbre que arroja el convenio no reside en la efectividad de los algoritmos, sino en lo que permanece oculto. ¿Qué datos van a capturar esos sistemas sobre la infraestructura crítica argentina y hacia dónde se dirigirán? Palantir construyó su imperio comercializando inteligencia a organismos de defensa estadounidenses.

Sus acuerdos con el Pentágono y la NSA implican que los datos procesados generalmente permanecen dentro de un ecosistema supervisado por Washington. ¿Existen salvaguardas de que la información sobre el funcionamiento de Atucha II no concluirá en un servidor de Virginia al alcance del Comando Sur? Ningún integrante del gobierno ha esclarecido este aspecto.

El contexto político y el silencio estratégico

El panorama contribuye a comprender por qué el asunto todavía no domina las portadas periodísticas. La gestión libertaria arribó con el compromiso de desarmar lo que considera un aparato estatal sobredimensionado. La CNEA, establecida en 1950 y responsable tanto de la investigación como de la gestión nuclear, simboliza todo aquello que Milei aspira a reconfigurar. Concentra desde investigadores formados en el Instituto Balseiro hasta personal administrativo en las centrales.

Bajo esa lógica, incorporar a un actor privado con tecnología de vanguardia que disminuya costos y reduzca la nómina parece una conquista anticipada del discurso oficial. La dificultad radica en los detalles: entregar el manejo operativo de infraestructura estratégica a una empresa cuya especialidad no es la generación eléctrica sino la inteligencia.

El impacto en trabajadores y tarifas eléctricas

La repercusión más directa y tangible la están experimentando las familias de los empleados de la CNEA en localidades como Lima, Zárate o Embalse, donde el Estado constituye el principal generador de empleo. Las cesantías ya se iniciaron y, según los propios afectados, se intensificarán en las próximas semanas.

Pero existe un segundo nivel que alcanza al conjunto de la población: la factura eléctrica. Si la eficiencia anunciada se traduce en tarifas dolarizadas que prioricen la rentabilidad del operador extranjero, los hogares argentinos podrían terminar abonando más caro el mismo servicio que anteriormente gestionaba el Estado. Hasta el momento, el gobierno argentino no brindó especificaciones sobre cómo funcionará el esquema de regulación tarifaria bajo un operador privado cuyos contratos habitualmente están protegidos por tratados de resguardo de inversiones.

Un futuro plagado de interrogantes

El panorama inmediato constituye un territorio repleto de incógnitas. La negociación continúa su desarrollo y, mientras tanto, las desvinculaciones en la CNEA operan como un hecho concreto que va moldeando el escenario previo a la llegada del nuevo operador.

Los empleados denuncian que se está desarticulando la capacidad técnica precisamente cuando más se la requeriría para fiscalizar que un privado no actúe con total discrecionalidad sobre algo tan delicado como un reactor nuclear.

La ausencia de información pública respecto a los términos del eventual acuerdo contrasta con la rapidez de los despidos. Ese contraste, por sí mismo, ya constituye noticia.

Permanece sin definirse si un convenio de esta envergadura será sometido al Congreso o si se resolverá en la penumbra de un decreto. También resta conocerse qué mecanismos de control conservará el Estado argentino sobre la gestión cotidiana de las centrales y quién establecerá las decisiones vinculadas a la seguridad nuclear: un gerente en Buenos Aires o un algoritmo alojado en Denver.

Lo único confirmado hasta ahora es que, mientras los argentinos dirigen su atención hacia otros temas como el caso Adorni, el gobierno avanza en una negociación que podría transformar el mapa energético del país con una empresa que domina el análisis de datos, no el manejo de uranio.

La pregunta que atraviesa todo este proceso es si Argentina está preparada para ceder el control de una infraestructura tan sensible a una corporación cuyo ADN corporativo está entrelazado con los servicios de inteligencia estadounidenses. Las centrales nucleares no son simplemente generadoras de electricidad: son activos estratégicos que involucran seguridad nacional, soberanía energética y conocimiento tecnológico crítico.

Entregarlas a un operador privado extranjero, particularmente uno con las características de Palantir, implica riesgos que hasta ahora no han sido debatidos públicamente ni sometidos al escrutinio democrático que una decisión de tal magnitud amerita.

Los próximos movimientos determinarán si este acuerdo se concreta o si la resistencia de los trabajadores, ciudadanía argentina y el sector científico-tecnológico logra frenar una operación que, más allá de las promesas de eficiencia, plantea serias dudas sobre quién controlará realmente la información más sensible de la matriz energética argentina.

La oposición se moviliza para frenar el desguace nuclear

Frente a una administración que impulsa el desmantelamiento del programa nuclear nacional —construído con el dinero de todos los ciudadanos argentinos de las últimas décadas y actualmente con despidos masivos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la venta de activos de carácter estratégico y la entrega de capacidades soberanas—, los bloques parlamentarios de la oposición iniciaron movimientos para defender al sector.

La estrategia que circula entre las bancadas de la Cámara baja podría replicar el mecanismo utilizado para anular los decretos delegados que habilitaban el vaciamiento del INTI y el INTA. Simultáneamente, el Gobierno anuncia la construcción de un reactor nuclear modular en Atucha, supuestamente respaldado con inversión privada estadounidense, aunque con patente argentina.

De esta forma, el Ejecutivo trasladará funciones estatales al sector privado y depositará conocimiento acumulado a lo largo de décadas en manos de una corporación norteamericana. «Un operador privado será quien amplíe la matriz energética argentina y la frontera tecnológica de nuestra nación», expresó con entusiasmo el portavoz oficial, Adrián Ravier.

En un contexto de transformación energética global, Argentina dispone de recursos y capacidades tecnológicas para convertir este proceso en un motor de expansión industrial.

No obstante, la gestión libertaria opta por contrariar la tendencia mundial de reindustrialización, resguardo de competencias locales y búsqueda de independencia tecnológica que el mismísimo Donald Trump se encuentra aplicando.