Por qué Ni Una Menos sigue siendo un movimiento clave en la lucha contra la violencia de género

Uno de los casos más recientes y alarmantes ocurrió en Ciudad del Plata (San José), donde una joven de 19 años llamada Avril fue asesinada de 41 puñaladas. El agresor, de 21 años, planificó el ataque utilizando inteligencia artificial para buscar cómo cometer el asesinato para que sea efectivo y consultar sobre las penas. La Justicia lo declaró inimputable por esquizofrenia y ordenó su internación por 180 días. Este trágico suceso con absolutamente ninguna justicia ha detonado masivas movilizaciones ciudadanas exigiendo mayor seguridad, políticas públicas y cumplimiento de la ley que condena a los agresores.

Caraballo no tenía historial psiquiatrico ni antecedentes, sin embargo la justicia que es rápida y eficiente para garantizar impunidad a los agresores, estableció en tiempo record que es inimputable y dispuso su internación en un neuropsiquiátrico por 180 días.

En contraste, el caso de Moisés Martinez, un varón de 28 años, hijo de un señor que lo abusó y maltrató desde la infancia, al igual que a sus hermanas y ejercía violencia sobre su madre. A él, la justicia Uruguaya lo condenó a 12 años de prisión por matar a su padre, un violador violento que arruinó sus vidas incluso muerto. Lo hizo cuando se enteró que sus hermanas habían sufrido los mismos abusos que él y que su madre tenía miedo porque el violento se mudaría otra vez a la misma ciudad.

A Moisés, víctima de múltiples violencias a manos de quien debería protegerlo pero era un violento y violador que no tuvo ninguna sanción, la justicia de Uruguay lo condenó y le negó el «Perdón”, una figura que le hubiera permitido eludir la pena, porque la jueza consideró que la vida de la familia no estaba lo suficientemente arruinada por las agresiones y abusos del difunto violento violador.

¿Qué pasa con la justicia? ¿Dónde pone la vara con la que mide las vidas? ¿A quíén termina protegiendo?. En la famosa cuenta social feminista, Mujeres Que No Fueron Tapa, las analistas se expresan: «Si matás a una mujer: loquito suelto, internación 180 días. Si matás al violento que abuso de vos y a tus hermanas: lucidez y condena. El mensaje es claro, también deberían ser claras nuestras respuestas frente a la injusticia».

El análisis actual de feminicidios en América Latina y el Caribe

El análisis actual de feminicidios en América Latina y el Caribe para 2026 se basa de forma rigurosa en los consolidados oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través de su Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, los reportes de las Naciones Unidas y el monitoreo de redes regionales como el Mapa Latinoamericano de Feminicidios.

Debido a los tiempos de consolidación judicial de los ministerios públicos de cada país, la foto estadística del año actual se nutre del balance de tendencias de los últimos meses, reflejando una persistente crisis estructural. Los datos duros validados por la CEPAL:

Magnitud del crimen: Se promedia un total acumulado de más de 19,254 feminicidios registrados en el último quinquenio en la región. Frecuencia fatal: Las cifras oficiales sostienen una media de al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.

Tasa de prevalencia: De los países medidos en América Latina con datos consolidados, 12 de ellos mantienen una tasa igual o superior a 1 víctima por cada 100,000 mujeres.

Vínculo con el agresor y patrones delictivos

El análisis de variables del Mapa Latinoamericano de Feminicidios expone de dónde proviene el mayor riesgo para la vida de las mujeres en el continente:

Entorno íntimo: El 42% de los feminicidios en latinoamérica y el Caribe son cometidos por la pareja o expareja directa de la víctima, de los cuales se nos vienen muchos casos a la mente como por ejemplo el del femicida Pablo Laurta quien asesinó a Antonella junto a su madre (suegra de Pablo) y secuestró a su hijo. 

Esta persona perversa y peligrosa tenía vínculos directos con personajes políticos de La Libertad avanza. “Varones unidos es una organización de derechos humanos para los hombres”, decía Pablo Laurta el 10 de abril de 2018 en el Palacio de la Legislatura de Montevideo, recibía allí a Nicolás Marquez y Agustín Laje que presentaban “El libro negro de la nueva izquierda”.

Cuando el agresor es desconocido: En un 34% a 36% de los expedientes oficiales se registra que no hay relación previa establecida o el atacante permanece sin identificar.

Esto coincide con un aumento de muertes en zonas bajo control del crimen organizado y dinámicas de narcotráfico y pobreza, particularmente visible en zonas de Ecuador, Rosario en Argentina, y el istmo centroamericano.

Feminicidios frustrados: Los ministerios registran además más de 5,000 tentativas de feminicidio al año en la región, ataques que no terminaron en muerte gracias a intervenciones médicas o de terceros.

El problema metodológico de los datos en 2026

Los distintos medios masivos replican la advertencia de Naciones Unidas: existe una brecha de subregistro.

No todos los países tipifican el delito bajo el mismo criterio legal. Mientras algunos países catalogan cualquier homicidio violento de una mujer como feminicidio (aunque son muy pocos), otros limitan el término estrictamente al ámbito familiar o de pareja estable, lo que diluye las estadísticas criminales vinculadas a la trata o a redes delictivas.

En Uruguay, las investigaciones científicas y los datos oficiales confirman que las denuncias falsas por violencia de género son excepcionales y, a nivel global e institucional, representan menos del 1% del total de casos. Debido a la falta previa de estadísticas nacionales, la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH —con apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de los Países Bajos— publicó un estudio científico pionero que cuantifica este fenómeno en el sistema judicial uruguayo.

El estudio analizó exhaustivamente expedientes, sentencias del período 2021-2023 y entrevistó a operadores del sistema judicial, concluyendo que, tras rastrear los motores de búsqueda de la Base de Jurisprudencia Nacional, no se hallaron casos con condenas firmes por denuncias falsas en el marco de la Ley Nº 19.580 (Ley de Violencia de Género).

Las defensas que intentaron usar este argumento carecieron de sustento probatorio en la práctica.

Casos instrumentales: La investigación detectó situaciones excepcionales donde el concepto se desvirtúa. En un caso, un varón utilizó denuncias falsas consecutivas como una estrategia de hostigamiento contra su expareja (operando como violencia de género inversa). En otro caso de índole sexual fuera de la Ley 19.580, el sistema detectó la falsedad de forma inmediata, neutralizando daños.

Confusión con el archivo de causas: El estudio aclara que un alto porcentaje de causas archivadas por la Fiscalía no equivale a denuncias falsas. El archivo suele responder a la falta de elementos probatorios suficientes o la prescripción, pero esto no implica la existencia de simulación o dolo.

Marco legal Uruguayo

El ordenamiento jurídico de Uruguay contempla herramientas específicas en su Código Penal para sancionar estos hechos, demostrando que el sistema ya está blindado para detectarlos:

Simulación de delito (Artículo 179): Castiga a quien informe a la autoridad un delito imaginario o simule los rastros de uno.

Difamación e Injurias: Aplicable si se daña el honor de una persona mediante atribuciones falsas.

Falso testimonio (Artículo 180): Sanciona penalmente a los testigos o peritos que declaren falsedades ante la justicia.Percepción Ciudadana vs. Evidencia Científica

Existe una marcada brecha entre la narrativa pública y la realidad estadística de los tribunales.

Una encuesta nacional de la Usina de Percepción Ciudadana relevó que el 52% de los uruguayos cree que las denuncias falsas son «muchas o la mayoría», impulsado por discursos políticos y mediáticos. No obstante, los datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ratifican que la legislación cuenta con mecanismos de filtro efectivos y que el fenómeno real bajo investigación científica sigue siendo marginal.

En Argentina por ejemplo, las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de las causas penales, según datos del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos.

Actualmente existe un proyecto de ley que penaliza este acto, proyecto presentado por Carolina Losada, aliada de La Libertad Avanza por supuesto, para endurecer las sanciones a quienes se atrevan a denunciar, porque vale aclarar que ya existe un subregistro de denuncias por causas de género, lo que ha generado fuertes discusiones políticas y recomendaciones internacionales. La falsa denuncia y el falso testimonio son delitos ya penados por el Código Penal Argentino desde hace más de un siglo:

Falsa denuncia (Artículo 245): Castiga con prisión de 2 meses a 1 año o multa a quien denuncie ante la autoridad un delito que no existió.

Falso testimonio (Artículo 275): Castiga a quien declare falsamente como testigo o intérprete. Las penas van de 1 mes a 4 años, pudiendo escalar hasta 10 años si se comete en perjuicio de un imputado en una causa penal.

Argentina de La Libertad Avanza: Polémico debate Legislativo que busca revictimizar

El Senado de la Nación ha debatido un proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada (expediente S-228/25).

De esta manera buscan aumentar las penas para la falsa denuncia y el falso testimonio (hasta 6 y 8 años de prisión, respectivamente) con un pequeño gran detalle: incorporando agravantes si estas denuncias están vinculadas a casos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores.

Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos debaten la efectividad de la medida, argumentando que la misma claramente desalentaría a las víctimas reales de denunciar, siendo falso que las falsas denuncias represententen un problema, mas bien todo lo contrario: el 77% de las mujeres que sufren violencia de género en Argentina no denuncian o no les toman la denunca, como pasó hace poco con la madre de Dulce en Misiones, Argentina. No le tomaron la denuncia cuando aún la adolescente estaba viva, 10 días depués apareció su cuerpo en una cámara séptica en un predio abandonado.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU solicitó retirar esta propuesta al estado argentino argumentando que crearía mayores obstáculos en el acceso a la justicia.

Observatorio de Violencia de Género del Consejo Federal de Ministerios Públicos de la República Argentina

Según el relevamiento de los Ministerios Públicos (2023-2025), las falsas denuncias son el 0,09% del total, concentrándose mayormente en conflictos patrimoniales o vecinales (86%), mientras que solo el 8% se vincula a violencia de género o familiar. Los datos muestran que el problema mayor es el subregistro, ya que el 77,3% de las mujeres en Argentina que sufren violencia por su pareja no denuncian.

La tasa de femicidios: América Latina es la región más violenta del mundo para las mujeres fuera de zonas de conflicto

En Europa o EE. UU., un subregistro puede significar abusos que quedan impunes de manera silenciosa y entorno a todos los números esto aparentaría ser la mayor parte de los casos: invisibilizados. Hasta el 90% de las mujeres que sufren violencia por motivos de género por parte de su pareja o ex pareja no lo denuncian.

La imagen que debemos tener en América Latina con respecto a la violencia de género es que en promedio el 70% de las mujeres asesinadas no tenía denuncias previas, lo que demuestra que el subregistro deviene directamente en crímenes letales y cabría preguntarse que políticas existen para incentivar las denuncias y proteger a las víctimas de represalias (está de más decir reales, no?).

La confianza en las instituciones cae (advertencia: información sensible)

En EE. UU. y Europa, los motivos para no denunciar suelen centrarse en la vergüenza, el aislamiento, la autoculpa o el miedo a represalias por parte del agresor.

En América Latina se suma un componente estructural: la percepción de corrupción o inacción policial, donde las víctimas asumen que denunciar expandirá el riesgo en lugar de otorgar protección o directamente no te toman la denuncia.

Abundan los casos donde las denunciantes no son tomadas seriamente y no se respetan los protocolos oficiales establecidos por la ley. Como paso en el caso por la desaparición de Dulce, una adolescente de 17 años que supuestamente fue a la iglesia y nunca más volvió. Su familia vive en la pobreza y con muchas complicaciones, su madre intento hacer la denuncia en la comisaría y no se la registraron hasta 10 días después, en contra de todo protocolo. Cuando el cuerpo fue hallado en una cámara séptica de unas ruinas en un predio abandonado ya llevaba ahí 4 días, según informaron los forenses (Es uno de los casos recientes de feminicidio en Misiones, Argentina, Mayo-Junio 2026).

Los sistemas europeos y estadounidenses poseen redes de refugios públicos mejor financiadas por el estado y fundaciones de derechos humanos y de la mujer que actúan más rápido y en consonancia, lo que permite que el sistema intercepte la violencia de forma asistencial, reduciendo la dependencia económica y/o social de la víctima en su agresor.