7.076 casos de violencia doméstica: el informe de Fiscalía que muestra lo que no se ve

El Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación sistematiza, de forma periódica, los datos que sus fiscales generan durante investigaciones penales. El organismo elaboró un informe que condensa las imputaciones por los principales delitos de género (a pedido del diario El País) registradas entre 2019 y 2024, tomando como base el sistema informático del Ministerio Público, plataforma que desde ese año opera con desagregación individual por persona.

El documento abarca cuatro categorías: homicidio muy especialmente agravado por femicidio, abuso sexual, atentado violento al pudor y violencia doméstica. Los números de 2025 no están incluidos en el procesamiento completo, aunque algunos registros parciales de ese año sí aparecen en el informe.

En el período analizado, el promedio anual de imputaciones por femicidio fue de 18,5. El año con mayor cantidad de formalizaciones fue 2019, con 25 casos. Le siguieron 2023 con 23, 2021 con 19, 2020 y 2024 con 15 cada uno, y 2022 con 14. El acumulado total entre 2019 y 2024, más un caso del año siguiente, alcanzó los 113 femicidas imputados.

La unidad de víctimas opera desde 2017 y amplió su capacidad de atención en 2024

Cuando se desagregan esos datos por mes, diciembre concentra la mayor cantidad de imputaciones por femicidio dentro del período: 16 en total. Marzo registra 12, mientras que junio y agosto computan 11 cada uno. Los meses restantes presentan cifras más bajas, aunque ninguno queda en cero dentro del período.

En cuanto a los otros delitos relevados, entre 2019 y el 2 de diciembre de 2025 se contabilizaron 2.426 imputaciones por abuso sexual, 640 por atentado violento al pudor y 7.076 por violencia doméstica. El año con mayor cantidad de imputaciones por abuso sexual fue 2024, con 409 casos, seguido de cerca por 2022, que sumó 399. En materia de atentado violento al pudor, el pico se ubicó en 2019 con 125 imputaciones, aunque 2020 alcanzó 109 y 2021, 93.

La violencia doméstica tuvo su año de mayor registro en 2020, con 1.157 imputaciones, seguido por 2024 con 1.120 y 2023 con 1.082. No existe en los datos disponibles una tendencia de reducción sostenida en ninguna de estas categorías.

Los niños huérfanos por femicidio también integran el universo de atención institucional

La Unidad de Víctimas y Testigos fue creada en 2017, año en que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, normativa que asignó a la Fiscalía un rol central en las investigaciones penales. Hasta 2023, su dotación era inferior a la actual; en 2024 incorporó 14 funcionarios adicionales, llevando su plantilla a unos 40 técnicos entre psicólogos y trabajadores sociales. Ese incremento representó un crecimiento del 30% en la capacidad de atención.

Desde 2024, la Unidad procesa alrededor de 4.200 víctimas y testigos por año. El perfil mayoritario de quienes la consultan es femenino: el 80% de los casos corresponde a mujeres. Dentro de ese grupo, el 60% son víctimas de delitos sexuales y el 20% lo son de violencia doméstica. El 20% restante comprende mujeres, niñas o adolescentes afectadas por otro tipo de delitos.

La directora de la Unidad, Manuela Reguera, describió la situación en términos directos al señalar que hay una «violencia creciente» verificada en los últimos años, que no se limita a las consecuencias físicas sobre las víctimas directas, sino que se extiende a «niveles comunitarios» y a contextos ligados a organizaciones criminales, donde, según indicó, «también se reproducen roles y estereotipos de género».

Femicidios y abuso sexual: cifras de violencia de género en siete añosLa violencia contra las mujeres es una categoría conceptual y de análisis independiente al resto de las violencias y delitos, y cada vez más visibilizada por autoridades públicas y especialistas que lidian con esta problemática todos los días.

Números, cifras e información variada vinculados a espastedDame un texto periodístico pensado totalmente distinto, sin plagiar en redacción, usa el siguiente texto. Lo que esté entre comillas dejalo igual porque son cita textuales.no agregues opinión ni criterio
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no ignores ninguno de los datos relevantes que te doyViolencia de género: en siete años hubo más de 100 femicidas y 2.426 imputaciones por abuso sexual

De acuerdo a datos de la Fiscalía, entre 2019 y diciembre de 2025 se registraron 7.076 audiencias por violencia doméstica; desde la Unidad de Víctimas advierten una «crueldad creciente» contra las mujeres.Mostrar más7:11 p. m.Violencia de género: en siete años hubo más de 100 femicidas y 2.426 imputaciones por abuso sexual
De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Nación, entre 2019 y diciembre de 2025 se registraron 7.076 audiencias por violencia doméstica; desde la Unidad de Víctimas advierten una «crueldad creciente» contra las mujeres.

El Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación sistematiza, de forma periódica, los datos que sus fiscales generan durante investigaciones penales. A pedido de El País, elaboró un informe que condensa las imputaciones por los principales delitos de género registradas entre 2019 y 2024, tomando como base el sistema informático del Ministerio Público, plataforma que desde ese año opera con desagregación individual por persona.
El documento abarca cuatro categorías: homicidio muy especialmente agravado por femicidio, abuso sexual, atentado violento al pudor y violencia doméstica. Los números de 2025 no están incluidos en el procesamiento completo, aunque algunos registros parciales de ese año sí aparecen en el informe.
En el período analizado, el promedio anual de imputaciones por femicidio fue de 18,5. El año con mayor cantidad de formalizaciones fue 2019, con 25 casos. Le siguieron 2023 con 23, 2021 con 19, 2020 y 2024 con 15 cada uno, y 2022 con 14. El acumulado total entre 2019 y 2024, más un caso del año siguiente, alcanzó los 113 femicidas imputados.

la distribución mensual de los femicidios muestra patrones que no siguen una lógica estacional uniforme
Cuando se desagregan esos datos por mes, diciembre concentra la mayor cantidad de imputaciones por femicidio dentro del período: 16 en total. Marzo registra 12, mientras que junio y agosto computan 11 cada uno. Los meses restantes presentan cifras más bajas, aunque ninguno queda en cero dentro del período.
En cuanto a los otros delitos relevados, entre 2019 y el 2 de diciembre de 2025 se contabilizaron 2.426 imputaciones por abuso sexual, 640 por atentado violento al pudor y 7.076 por violencia doméstica. El año con mayor cantidad de imputaciones por abuso sexual fue 2024, con 409 casos, seguido de cerca por 2022, que sumó 399. En materia de atentado violento al pudor, el pico se ubicó en 2019 con 125 imputaciones, aunque 2020 alcanzó 109 y 2021, 93.
La violencia doméstica tuvo su año de mayor registro en 2020, con 1.157 imputaciones, seguido por 2024 con 1.120 y 2023 con 1.082. No existe en los datos disponibles una tendencia de reducción sostenida en ninguna de estas categorías.

la unidad de víctimas opera desde 2017 y amplió su capacidad de atención en 2024
La Unidad de Víctimas y Testigos fue creada en 2017, año en que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, normativa que asignó a la Fiscalía un rol central en las investigaciones penales. Hasta 2023, su dotación era inferior a la actual; en 2024 incorporó 14 funcionarios adicionales, llevando su plantilla a unos 40 técnicos entre psicólogos y trabajadores sociales. Ese incremento representó un crecimiento del 30% en la capacidad de atención.
Desde 2024, la Unidad procesa alrededor de 4.200 víctimas y testigos por año. El perfil mayoritario de quienes la consultan es femenino: el 80% de los casos corresponde a mujeres. Dentro de ese grupo, el 60% son víctimas de delitos sexuales y el 20% lo son de violencia doméstica. El 20% restante comprende mujeres, niñas o adolescentes afectadas por otro tipo de delitos.
La directora de la Unidad, Manuela Reguera, describió la situación en términos directos al señalar que hay una «violencia creciente» verificada en los últimos años, que no se limita a las consecuencias físicas sobre las víctimas directas, sino que se extiende a «niveles comunitarios» y a contextos ligados a organizaciones criminales, donde, según indicó, «también se reproducen roles y estereotipos de género».

los niños huérfanos por femicidio también integran el universo de atención institucional
Entre 2017 y 2025, la Unidad atendió a 196 niñas y niños que quedaron sin madre —o sin ambos progenitores en casos donde el agresor tomó su propia vida— tras un femicidio. La intervención inicial consiste en lo que Reguera describió como «un acompañamiento en la crisis, en ayudar a ordenar el día después de los hechos». En etapas posteriores se trabaja en psicoeducación y en orientar a los entornos familiares con «pautas sobre cómo dar las malas noticias». Los casos son luego derivados al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), articulado habitualmente con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
Reguera también señaló que Uruguay cuenta con una «legislación muy robusta» en la materia, aunque identificó como pendientes los «cambios del orden cultural» y la superación de «algunos de los principales obstáculos que pueden existir para el acceso a la justicia, ya sea barreras económicas, confianza en el sistema, o la ausencia de perspectiva de género de algunos actores del sistema de justicia». A eso sumó la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta institucionales, indicando que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no siempre actúan con la celeridad requerida.
Sobre el estado general del sistema, la jerarca reflexionó: «O muchas veces esa sensación de impunidad. Sabemos que aún queda mucho por derribar, pero también es cierto que la Fiscalía, en términos generales, ha hecho un esfuerzo en construir, por ejemplo, materiales escritos, guías y protocolos que orientan el trabajo tanto de los fiscales como de los técnicos de la Unidad de Víctimas, que de alguna manera permiten tener acuerdos comunes sobre cómo trabajar, atender a las víctimas, protegerlas y, sobre todo, garantizarles el pleno acceso y ejercicio del derecho de poder transitar por el proceso judicial».

Los datos no muestran una curva descendente en ninguna de las categorías relevadas

Entre 2017 y 2025, la Unidad atendió a 196 niñas y niños que quedaron sin madre —o sin ambos progenitores en casos donde el agresor tomó su propia vida— tras un femicidio. La intervención inicial consiste en lo que Reguera describió como «un acompañamiento en la crisis, en ayudar a ordenar el día después de los hechos». En etapas posteriores se trabaja en psicoeducación y en orientar a los entornos familiares con «pautas sobre cómo dar las malas noticias». Los casos son luego derivados al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), articulado habitualmente con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Reguera también señaló que Uruguay cuenta con una «legislación muy robusta» en la materia, aunque identificó como pendientes los «cambios del orden cultural» y la superación de «algunos de los principales obstáculos que pueden existir para el acceso a la justicia, ya sea barreras económicas, confianza en el sistema, o la ausencia de perspectiva de género de algunos actores del sistema de justicia». A eso sumó la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta institucionales, indicando que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no siempre actúan con la celeridad requerida.

Sobre el estado general del sistema, la jerarca reflexionó: «O muchas veces esa sensación de impunidad. Sabemos que aún queda mucho por derribar, pero también es cierto que la Fiscalía, en términos generales, ha hecho un esfuerzo en construir, por ejemplo, materiales escritos, guías y protocolos que orientan el trabajo tanto de los fiscales como de los técnicos de la Unidad de Víctimas, que de alguna manera permiten tener acuerdos comunes sobre cómo trabajar, atender a las víctimas, protegerlas y, sobre todo, garantizarles el pleno acceso y ejercicio del derecho de poder transitar por el proceso judicial».

El análisis agregado de los registros no permite identificar una mejora sostenida en ninguna de las categorías delictivas relevadas. Los números oscilan año a año sin mostrar reducciones consistentes. Reguera no atribuyó ese comportamiento estadístico a un estancamiento de las políticas, sino a lo que denominó un «recrudecimiento» —o «crueldad creciente»— de la violencia como fenómeno social más amplio, que atraviesa distintas expresiones delictivas más allá del género.

El informe de Fiscalía cubre únicamente los datos que surgen de las actuaciones judiciales formalizadas; no incluye estimaciones sobre casos no denunciados ni estadísticas de otras instituciones con competencia en la materia.