Violencia vicaria: 20% de mujeres agredidas reportan agresiones hacia sus hijos
Entre enero y octubre de 2025, el 14% de las denuncias por violencia doméstica en Uruguay estuvieron relacionadas con violencia vicaria.

Este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una marcha y un evento institucional en la Torre Ejecutiva concentraron la atención pública. Autoridades políticas y técnicas disertaron sobre un tipo específico de agresión que ha ganado notoriedad tras un hecho reciente. El gobierno decidió colocar a la violencia vicaria en el centro del debate conmemorativo.
A casi tres meses del infanticidio de Alfonsina, de dos años, y Francisco, de seis, a manos de su progenitor, Andrés Morosini, la definición política fue clara. Morosini sustrajo a sus hijos del domicilio de su madre en Mercedes, Soriano, y posteriormente hundió el vehículo en el que viajaban en el Arroyo Don Esteban. Según los informes de Fiscalía, el agresor actuó con el objetivo de infligir un daño severo a su expareja, de la que se había separado recientemente, lo que configura un caso de violencia vicaria. La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, reportó que durante 2024 se registraron cuatro casos de menores de edad asesinados en este contexto, de acuerdo con las cifras del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia.
Violencia vicaria en Uruguay: cifras y definiciones actuales
La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Manuela Reguera, precisó la conceptualización de esta modalidad de agresión. La definió como una forma de violencia de género donde los niños «son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres». «Es una forma de violencia desplazada hacia los hijos para dañar a las madres. Se considera especialmente cruel porque el agresor es consciente del dolor irreparable que va a causar no solamente arrebatando la vida de hijos e hijas en los casos más crueles, sino que además condena a la madre a un sufrimiento perpetuo por su ausencia».
Para dimensionar la problemática, Xavier recordó un estudio realizado por Inmujeres, Sipiav y Unicef. Dicho análisis evidenció que en el 20% de los casos donde las mujeres sufren agresiones, el victimario también las dirige contra los niños y adolescentes del núcleo familiar. Con el propósito de profundizar en el fenómeno, se anunció la realización de un estudio «destinado a construir una definición compartida (de violencia vicaria) y crear indicadores específicos para medirla». Información presentada por la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior indica que, del total de denuncias por violencia doméstica recibidas entre enero y octubre de 2025, un 14% estuvieron vinculadas a situaciones de violencia vicaria.
Aunque en numerosas ocasiones los menores son blanco de agresiones físicas directas, la ausencia de estas no los exime de sufrir consecuencias. La presidenta del INAU, Claudia Romero, subrayó que «cada golpe, cada insulto, cada forma de expresión de una violencia hacia su mamá o hacia una mujer que los cuida es un golpe directo a ellos. Eso impacta no solamente en el desarrollo neurocognitivo, emocional y físico, sino en su forma de establecer relaciones y vínculos a posterior».
Élida 360: cómo funciona el nuevo dispositivo para víctimas
El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó el más reciente lanzamiento de su cartera para la protección de víctimas: Élida 360. Se trata de un teléfono celular que contiene una aplicación diseñada para que las personas en situación de violencia puedan ampliar su denuncia de manera remota, solicitar auxilio inmediato, realizar consultas, entre otras funcionalidades. El dispositivo está dirigido a mujeres que el sistema judicial categoriza en un riesgo medio o bajo y cuyos casos no han recibido la asignación de otras medidas, como la tobillera electrónica. «Considero que debería mover la aguja, debería cambiar sustancialmente algunas situaciones que hoy no se están viendo abarcadas (…) es una novedad que va a causar un impacto, va a tener seguramente una reacción en los datos y así esperemos que ocurra», dijo.
De forma complementaria, Xavier informó que entre los meses de enero y setiembre del presente año, los servicios telefónicos de Inmujeres procesaron 6.080 llamadas. Simultáneamente, en los centros de atención las 24 horas se dispuso de alojamiento para 82 mujeres y 90 niños que se encontraban en un contexto de violencia de género.
Cuestionamientos al sistema judicial y estatal
Durante el mismo evento, expuso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, quien manifestó su consideración de que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a las mujeres que padecen violencia doméstica. Solicitó una asignación de mayor presupuesto, una postura que fue compartida por representantes de la Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual. El magistrado recordó que la ley de violencia de género establece la creación de 24 juzgados especializados, pero solo se provisionaron fondos para tres en 2020. Este año se prometieron recursos para instalar dos más en 2027. La existencia actual de ocho juzgados de esta naturaleza se debe a que, «viendo la realidad social, el Poder Judicial ha convertido diversos juzgados sacrificando materias igualmente sensibles».
En la proclama de este año, leída durante la marcha contra la Violencia de Género, la organización Mujeres de Negro dirigió su mensaje directamente a las víctimas. «La violencia no es solo el golpe. También es cuando te gritan, cuando te humillan, cuando te hacen sentir que no servís, cuando te revisan el teléfono, cuando te controlan con quién hablás o a dónde vas. Violencia es cuando te hacen creer que sin esa persona no podés vivir. Cuando te aislan, te hacen dudar de vos misma, te quitan la alegría, la libertad o el sueño», expusieron.
«Desde Mujeres de Negro seguimos de pie, con el corazón firme y la ropa negra como símbolo de duelo, pero también como señal de resistencia (…) seguimos exigiendo que el Estado cumpla su deber de proteger, que la justicia escuche y actúe, que las leyes se apliquen con perspectiva de género, y que la sociedad entera se comprometa», agregaron.
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