Organización ambiental presenta recurso de amparo contra exploración petrolera en Uruguay

La organización ambientalista Costa Viva Rocha presentó un recurso de amparo ante el sistema judicial con el objetivo de paralizar las actividades de exploración petrolera en la zona marítima de Uruguay. La medida se sustenta en una denuncia por parte del colectivo acerca de un “riesgo ambiental y social” vinculado a los trabajos programados.

La herramienta legal fue interpuesta al amparo de la Ley 16.011. El abogado Hoenir Sarthou figura como responsable de la presentación, de acuerdo a la información difundida por la propia agrupación impulsora. La acción busca una resolución expedita por parte de la justicia.

“Constituye una acción judicial expedita destinada a proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, como el artículo 47, que se consideran vulnerados por las actividades de exploración sísmica offshore”, señalaron los integrantes de la organización en su denuncia.

Respaldo constitucional y apoyo gremial

El artículo 47 de la Constitución uruguaya, invocado en la presentación, establece disposiciones sobre la protección del medio ambiente. El texto constitucional determina, entre otros puntos, que “la protección del medio ambiente es de interés general”. Los demandantes sostienen que las operaciones previstas afectan dicha prerrogativa.

El letrado que patrocina la causa manifestó que “se están tomando decisiones que afectan a un conjunto de personas y a un recurso vital del país sin contar con un respaldo institucional, parlamentario, y sin garantías de control”. La afirmación forma parte de los argumentos esgrimidos en el recurso.

La iniciativa impulsada por Costa Viva Rocha cuenta con la adhesión de otros colectivos. Según el comunicado, el recurso “cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, sindicales y ambientales como la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y Acuicultura (AUVEPA), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (SUDEPPU), la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera de Uruguay (OTIPU) y Mar Azul Uruguayo”.

Informe científico y efectos negativos de la prospección sísmica

El recurso de amparo presentado ante la sede judicial “incorpora un informe elaborado por científicos uruguayos (…) pertenecientes a la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Ciencias del Mar (Undecimar), el Centro Universitario Regional del Este (CURE), el Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) y de la Universidad de Chile”. El documento es parte central de la argumentación técnica.

“El documento presenta evidencia científica internacional sobre los impactos de las prospecciones sísmicas en los ecosistemas marinos, con especial énfasis en sus implicancias en aguas uruguayas”. El texto enumera los “efectos negativos” que las actividades podrían generar en la biodiversidad.

Los efectos detallados abarcan un amplio espectro de la fauna y flora marina, “desde organismos microscópicos como el plancton hasta crustáceos, peces, corales, tortugas y mamíferos marinos”. El informe busca establecer una correlación entre las técnicas de exploración y las posibles afectaciones a estas especies.

“El estudio señala la contradicción entre estas actividades extractivas y las políticas de conservación que lleva adelante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente que tiene la intención de crear áreas marinas protegidas en la zona”, agregaron los ambientalistas en el comunicado que difundió la presentación judicial.

Postergación y antecedentes recientes

Los académicos que participaron en la elaboración del informe plantean una postura respecto al calendario de las operaciones. Los científicos “en consecuencia, plantean la necesidad de postergar estas intervenciones hasta contar con evaluaciones ambientales integrales, que incluyan mecanismos claros de medición de impacto y contemplen escenarios de incertidumbre”, sentenció el texto difundido por los demandantes.

Previo a esta acción legal, el gobierno nacional había autorizado formalmente el inicio de las tareas de exploración. Hace exactamente un mes, la administración dio el aval a la empresa Viridien (CGG Services) para comenzar con las tareas de exploración sísmica en el mar territorial uruguayo. La firma se encontraba entre las cuatro que habían recibido la autorización ambiental meses atrás.

El comienzo de las labores por parte de la compañía estaba condicionado a la aprobación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que la misma presentara. Una vez obtenido ese aval específico, la empresa quedó habilitada para desplegar los equipos y dar inicio a las operaciones en la zona designada.

Los derechos humanos en el medio

El proceso de exploración ha enfrentado objeciones desde antes de la autorización final. Otras organizaciones sociales y la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) intentaron, sin éxito, detener el proceso en instancias previas. Estos intentos no lograron modificar el curso administrativo que derivó en la luz verde para las actividades.

Simultáneamente, el sector productivo vinculado a la pesca manifestó su posición respecto a las medidas de mitigación implementadas. Las cámaras pesqueras consideraron “insuficientes” las compensaciones económicas que les darán por las pérdidas que tendrán. El reclamo del sector se centró en el impacto que las maniobras sísmicas podrían generar en la actividad extractiva pesquera.

Actualmente, el buque encargado de las tareas se encuentra en la zona de operaciones, según lo establecido en el cronograma autorizado por las autoridades nacionales.