Sturla volvió a atacar el aborto y hace un paralelismo entre la eutanasia y el nazismo
Desde la implementación de la ley, Uruguay ha registrado una disminución en la mortalidad materna, atribuida en parte al acceso seguro y legal al aborto. Además, se ha observado una estabilización en el número de abortos realizados, lo que sugiere que la legalización no ha llevado a un aumento significativo en su práctica.
El cardenal de Montevide, Daniel Sturla, reiteró su postura crítica hacia la legalización del aborto y la eutanasia durante una reciente intervención pública. Según el líder religioso, estos temas reflejan una “cultura de la muerte” que prioriza la autonomía individual sobre el Derecho Natural, fundamentado en principios éticos históricos como el juramento hipocrático y los Diez Mandamientos.
En una entrevista publicada por el diario El País, Sturla argumentó que la defensa de la vida humana es un valor universal que trasciende las creencias religiosas. “La Iglesia no legisla, pero aporta una visión basada en su experiencia y en lo que ocurre en otros países”, afirmó. Alertó sobre riesgos de normalizar prácticas como la eutanasia, comparándolas con políticas de regímenes totalitarios.
El religioso cuestionó dónde se establecerían los límites si se avanza en estas legislaciones. “¿Qué impediría extender la eutanasia a personas mayores o con discapacidades, como hizo el nazismo?”, planteó. Para Sturla, el Derecho Penal uruguayo, que contempla la “muerte pirosa”, ya genera tensiones éticas, aunque aclaró no defender su aplicación.
Sturla dice que hay una “hiperinflación de derechos sin deberes”
Sobre el aborto, recordó que Uruguay pasó de despenalizarlo a considerarlo un derecho, un cambio que atribuye a una “agenda global” contraria a valores judeocristianos. “Se habla de ampliar semanas gestacionales para abortar, algo impensable antes”, señaló. Rechazó la idea de que más derechos implican progreso moral, citando tragedias del siglo XX.
Al ser consultado sobre la evolución de derechos, como la aceptación de la homosexualidad, Sturla reconoció avances, pero advirtió sobre una “hiperinflación de derechos sin deberes”. Mencionó conflictos actuales —Ucrania, Medio Oriente, África— para cuestionar la narrativa de progreso lineal. “El desarrollo tecnológico no garantiza madurez ética”, sostuvo.
El cardenal también se refirió al sufrimiento de mujeres que se practicaron abortos: “Las acompañamos sin juzgar, pero no por eso dejamos de defender la vida”. Insistió en que la defensa de la vida debe ser un pilar social, incluso ante cambios culturales. “Occidente, antes cristiano, descarta los valores que le dieron sentido”, lamentó.
La conquista del derecho al aborto en Uruguay, un hito mundial
La despenalización del aborto en Uruguay ha sido el resultado de un proceso legislativo y social que se extendió por varias décadas, reflejando cambios en la percepción pública y en las políticas de salud del país.
En 1934, el Código Penal uruguayo contempló excepciones a la penalización del aborto, permitiéndolo en casos específicos como riesgo para la vida de la mujer, violación o pobreza extrema. Sin embargo, estas disposiciones eran limitadas y no garantizaban un acceso seguro y legal al procedimiento para la mayoría de las mujeres.
Desde el retorno a la democracia en 1985, se presentaron múltiples proyectos de ley para despenalizar el aborto, pero enfrentaron resistencia política y social. En 2008, el Parlamento aprobó una ley que fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, impidiendo su implementación.
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012)
El 17 de octubre de 2012, durante el gobierno de José Mujica, el Senado aprobó la Ley N.º 18.987, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas condiciones. La ley establece que las mujeres pueden acceder al aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. En casos de violación, el plazo se extiende a 14 semanas, y no hay límite cuando la vida de la mujer está en peligro o existen anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina.
El procedimiento requiere que la mujer consulte a un equipo multidisciplinario de salud para recibir información sobre los aspectos médicos y sociales del aborto. Después de un período de reflexión de cinco días, si la mujer mantiene su decisión, se procede a la interrupción del embarazo.
En 2013, se llevó a cabo una consulta popular para decidir si se convocaba a un referéndum que pudiera derogar la ley. Sin embargo, la participación fue insuficiente para activar el mecanismo de referéndum, lo que permitió que la ley permaneciera vigente. Diversas encuestas realizadas en ese período mostraron que aproximadamente el 60% de la población apoyaba la despenalización del aborto.
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