Disputan terreno ocupado por asentamiento 21 de Febrero

La Comisión Pro Vivienda del barrio Nuevo Tres Cruces reaccionó airadamente ante declaraciones de sus «vecinos», los ocupantes del asentamiento 21 de Febrero, catalogándolas de «falsas, erróneas y con la maliciosa intención de sacar provecho para que la Justicia no los desaloje, de una predio al que penetraron ilegalmente violando una sentencia judicial y provocando destrozos en la red interna de suministro de agua».

Como se recordará, LA REPUBLICA publicó, el pasado 17 de marzo, el reclamo que formularon ocupantes del asentamiento 21 de Febrero, quienes solicitaban su permanencia en el predio ocupado, tras conocer la denuncia realizada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que podría derivar en el desalojo judicial de casi 300 personas.

Los ocupantes declararon en la oportunidad que, a pedido de la cartera de Vivienda, se intimaría a desalojar las casas que están levantadas en el predio donde estaba previsto la construcción de una cancha de fútbol. Consideraron: «En vez de otorgar soluciones a los sin techo, prefiere construir una cancha y dejarnos en la calle».

Tras la publicación del día 17 de marzo, los integrantes de la Comisión Pro Vivienda Decorosa del barrio Nuevo Tres Cruces, salieron al cruce de los declarado por sus vecinos, porque entienden que en sus afirmaciones se falta a la verdad.

Asimismo, insinuaron que pudo cometerse adulteración de documentos: «…Cuando se dice que tienen un documento con la firma de la mayoría de los residentes del barrio Nuevo Tres Cruces, expresando la no oposición a la continuación en el predio que nos pertenece».

Víctor Ures, Nelly Núñez, Mario Sánchez y Bélgica Galli, en diálogo con LA REPUBLICA, relataron su experiencia habitacional desde 1991, año que, según indicaron, fueron trasladados por el Ministerio de Transporte de la zona de Tres Cruces hacia el predio ubicado en las intersecciones de Teniente Rinaldi, Matilde Pacheco e Ignacio Bazzano. Los vecinos son parte de 118 familias que residían en 5 manzanas donde actualmente está emplazada la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Muchos estaban en calidad de ocupantes y, según indicaron, el ministro de Transporte de entonces, Alejandro Atchugarry, planteó la opción de tomar 5.000 dólares por la vivienda o trasladarse a un predio que proporcionaría la propia secretaría de Estado donde se construirían casas.

«No es verdad lo que dicen del asentamiento 21 de Febrero, que nosotros ocupábamos un edificio sin terminar perteneciente del Banco Hipotecario en la zona de Tres Cruces. Cuarenta y seis familias en 1991 hicieron la opción por el traslado a otras viviendas que proporcionaba el Ministerio de Transporte».

En 1993 –según acotaron los denunciantes– el Poder Ejecutivo aprobó una ley mediante la cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podía pasar las casas en custodia al Ministerio de Vivienda, para que éste las agrimensara y adjudicara las escrituras a sus ocupantes. «El expediente durmió hasta 1998 en un escritorio, cuando fue descubierto.

Entonces se decidió el acondicionamiento de la cancha cuya construcción estaba prevista en los planos originales. A los pocos días que las máquinas comenzaron a limpiar el lugar, se inició la ocupación de nuestros espacios verdes y la cancha.

Algunos de los predios tomados fueron vendidos hasta en 5.000 pesos y ciertas personas que usufructuaban las viviendas de Nuevo Tres Cruces las traspasaron por dinero, tras lo cual ocuparon el predio de la cancha», acotó Víctor Ures.

Criticaron a sus «vecinos», a los que acusaron de «romper la red de agua de uso interno y dejar sin luz a quienes la pagan, por «colgarse» de los cables de tendido eléctrico».

Manifestaron su confianza en que «la Justicia emita un fallo justo con quienes violaron terrenos privados».