Nueva ley permitirá a intendencias expropiar propiedades abandonadas para crear vivienda accesible

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por unanimidad (22 votos a favor) el proyecto de ley que acorta los plazos de expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable.

La iniciativa, impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA), ya contaba con media sanción de Diputados, por lo que la votación en el Senado significó la sanción definitiva. Ahora solo resta la promulgación del Poder Ejecutivo.

El mecanismo de expropiación con deuda compensable es utilizado habitualmente por las intendencias, pero la normativa vigente generaba demoras significativas. El senador del FA Óscar Andrade, exdirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), expuso ante el plenario los hallazgos de la Comisión de Vivienda.

Allí se realizó “un estudio bastante riguroso” de la situación, que evidenció “que es pavoroso el retraso que existe en la última década y media –y puedo ir más, en los últimos 30 años– en la utilización de normas que intentan enfrentar un problema grave, que es el de la vacancia urbana”.

Andrade calificó el proyecto como “modesto” y que “no agrega mucha cosa a las herramientas que hoy existen”, pero destacó que apunta a dar respuesta a la “situación desesperante” de tener “suelo urbano sin utilizar”.

Un cambio para atacar la falta de vivienda

La ley modifica la legislación vigente (ley 18.308 de ordenamiento territorial) al permitir que, durante el proceso jurisdiccional de expropiación, el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales puedan solicitar medidas provisionales para garantizar seguridad edilicia, salubridad e higiene pública.

Eso deberá acreditarse “mediante informe técnico elaborado por profesional competente, que deberá constar en procedimiento administrativo previo junto a la notificación al propietario”.

Además, se establece que la toma de posesión del inmueble podrá efectuarse antes de la determinación definitiva de la indemnización, “previa consignación judicial de la suma que el tribunal fije provisoriamente”. En los casos en que “el inmueble registre deudas con el organismo expropiante, el monto de las mismas se imputará a la indemnización provisoria”.

La vicepresidenta Carolina Cosse, quien preside el Senado y también votó a favor, recordó su gestión al frente de la Intendencia de Montevideo. Participó en “reuniones de trabajo alrededor de estos temas, haciendo relevamientos, buscando soluciones, tratando de encontrar los trámites más cortos posibles para lograr en el entramado urbano, sin necesidad de ir a la periferia, espacios donde poder enriquecer la cartera de tierra” de la comuna capitalina, con el objetivo de “darles oportunidades de vivienda a montevideanas y montevideanos”.

Andrade mencionó ejemplos concretos de lo que ya se puede lograr con herramientas similares. La Intendencia de Maldonado “recuperó cuatro bocas de pasta base que estaban en el centro de la ciudad e hizo un estacionamiento”. En Montevideo, una experiencia piloto “con 60 predios que cedió a una cooperativa” dio resultados para 1.054 familias, y además “se recuperó deuda por diez millones de dólares”.

Apoyo político transversal

El senador nacionalista Sebastián da Silva puso el foco en las “miles de hectáreas” de escuelas rurales “que están abandonadas”. Según Da Silva, esos terrenos “pueden llegar a ser un polo de desarrollo para esta nueva economía de emprendimientos”, como “pollos de campo, huevo casero, apicultura o morrón”. Y criticó la inercia estatal: “Yo estoy desesperado. En el gobierno pasado intenté también, [pero] pasa aquello insólito del dantesco Estado uruguayo que dice ‘no, esta botella es mía y me la guardo, y chau, santas pascuas, nadie me lo va a quitar’”.

Por el Partido Colorado, el senador y exintendente de Rivera Tabaré Viera afirmó que la iniciativa “tiene directa referencia e incidencia en lo que tiene que ver con la política de tierras” y que, aunque “no es la solución para el resto de los problemas”, supone “una herramienta más”.

El senador del FA Gustavo González, exdirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), valoró la aprobación unánime como “una buena señal para nuestra gente” en “momentos difíciles del país, de la región y del mundo”. Señaló que la vivienda requiere tres elementos: recursos estatales, marco legal y cartera de tierras.

“Esta ley justamente va por poder sumar a todas las intendencias del país los inmuebles abandonados”, sostuvo, y añadió: “Hasta que el ser humano no le gane a la ley de gravedad y podamos flotar, el suelo es un elemento clave para la construcción de la vivienda”.

Decenas de miles de viviendas abandonadas en Uruguay

Los datos del Censo 2023 respaldan la urgencia de la medida. Sobre un total de 1.659.048 viviendas relevadas en todo el país, el 19,5% se encuentran desocupadas. Montevideo, con el 90,4% de viviendas ocupadas, registra solo 9,6% de desocupación. En las antípodas, Maldonado y Rocha presentan los índices más altos: 45,2% y 42,1% respectivamente. Lavalleja (28,4%), Treinta y Tres (26,7%) y Colonia (24,0%) también superan ampliamente la media nacional.

Andrade anticipó que ya se trabaja en otro proyecto para abordar el “suelo urbano público sin utilizar, que es el más vergonzoso”. Según informó, hubo una reunión entre la Comisión de Vivienda del Senado y autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para empezar a delinear esa nueva iniciativa.

La ley sancionada no resuelve por sí sola el déficit habitacional, pero entrega a las intendencias una herramienta procesal más ágil para recuperar inmuebles abandonados con deuda, convertirlos en suelo disponible y reducir la extensión de la mancha urbana sin necesidad de ocupar nueva periferia. El texto final aguarda ahora la promulgación del Ejecutivo para entrar en vigor.