Con respaldos del PC y el PN, el PI demandó a OSE: intentan frenar la represa Casupá

El Partido Independiente presentó este martes una demanda judicial contra OSE con el objetivo de frenar de manera inmediata la construcción de la represa de Casupá. La acción, radicada pasadas las 13:00 horas, incluye entre los demandantes a legisladores del PI, dirigentes políticos, representantes de la Federación Rural del Uruguay, vecinos de la zona y productores rurales. La iniciativa cuenta además con el respaldo explícito de sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, señaló que la acción judicial “solicita la interrupción inmediata de todas las actividades que se desarrollan en la zona” del emprendimiento. En declaraciones a la prensa, Mieres añadió que el planteo busca “evitarle a Uruguay daños graves del tipo ambiental” y reclamó al Gobierno una “actitud de apertura para reconocer que se incurre en un error”.

El senador blanco Martín Lema, quien acompañó el anuncio, fue más allá en sus críticas y calificó la obra como “un atropello”. En conferencia de prensa, Lema señaló al Ministerio de Ambiente como el “promotor de la destrucción” del monte nativo en la zona afectada. El legislador cuestionó además la falta de información oficial sobre los costos del proyecto.

“Hay pedidos de informes sin responder por parte de la cartera de Ambiente y OSE sobre los costos, cuyo plazo de respuesta vencieron”, afirmó Lema. El senador agregó que la obra “pone en riesgo la garantía del agua potable” y denunció “contradicciones del Ministerio de Ambiente” en relación con la destrucción del monte nativo, un ecosistema protegido que, según los denunciantes, se está afectando sin los estudios de impacto correspondientes.

Los argumentos técnicos que reabren el debate sobre la política hídrica

El conflicto por Casupá no puede analizarse sin considerar el contexto más amplio de la política de recursos hídricos que el actual gobierno viene trazando. En julio de 2025, la administración de Yamandú Orsi canceló el proyecto Arazatí, conocido también como Proyecto Neptuno, que había sido impulsado por el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou. Esa decisión, que en su momento generó fuertes críticas desde la oposición, estableció un nuevo rumbo que ahora es puesto en cuestión desde otros sectores.

Las razones técnicas que esgrimió el gobierno para cancelar Arazatí fueron cuatro, según consta en la documentación oficial disponible. La primera de ellas señalaba que la toma de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí (San José), presentaba problemas de salinidad. Un estudio técnico interno reveló que la salinidad había superado lo permitido durante 620 días a lo largo de 34 años en esa toma, lo que dificultaba garantizar agua potable constante sin tratamientos adicionales de alto costo.

El segundo argumento, de carácter estratégico, indicaba que el proyecto no resolvía el problema de fondo del abastecimiento de la zona metropolitana de cara al año 2045. El Frente Amplio se había opuesto desde el inicio con ese mismo razonamiento: la obra no diversificaba realmente la fuente de agua ni garantizaba la demanda futura.

En tercer lugar, el costo y el modelo de negocio fueron determinantes. El proyecto original planteaba una concesión privada por 17 años y medio con una inversión estimada de 900 millones de dólares. Otras estimaciones elevaban el total de pagos del Estado al consorcio a 890-900 millones de dólares en un plazo de 20 años, lo que el gobierno consideró un encarecimiento innecesario.

Finalmente, el gobierno optó por una alternativa que consideró más barata y menos conflictiva: una planta potabilizadora en Aguas Corrientes para procesar 200 mil metros cúbicos de agua diarios, una reserva de agua bruta en Solís Chico para abastecer la Costa de Oro y mejoras en la quinta línea de bombeo. El ahorro estimado sería de un tercio del costo inicial, en una obra de más de 200 millones de dólares, con un plazo de construcción de unos 36 meses.

La paradoja de Casupá: el mismo argumento que se usó para cancelar Arazatí

El contraargumento que entonces esgrimió la oposición —y que hoy resuena con fuerza en el debate por Casupá— fue formulado por el expresidente Lacalle Pou, quien calificó la cancelación de Arazatí como “política y técnicamente desacertada”. Su razonamiento era sencillo: al no diversificar la fuente de agua y seguir utilizando la misma cuenca del Santa Lucía, se perpetuaba la dependencia de un único sistema hídrico y se demoraban años en contar con una reserva realmente independiente.

Esa misma lógica es la que ahora los críticos de Casupá aplican al proyecto actual. Tanto la planta de Aguas Corrientes como la represa de Casupá siguen atadas a la cuenca del Santa Lucía, en lugar de avanzar hacia una diversificación que incorpore al Río de la Plata como fuente alternativa. La paradoja es que el gobierno canceló Arazatí por razones técnicas, económicas y ambientales, pero el proyecto sustituto enfrenta ahora objeciones similares desde el punto de vista estratégico.

La demanda judicial del Partido Independiente no solo cuestiona los impactos ambientales inmediatos o la falta de información sobre costos; plantea además una objeción de fondo sobre la coherencia del diseño de la política hídrica nacional. Si el objetivo era asegurar el abastecimiento a largo plazo con criterios de sustentabilidad, el camino elegido para Casupá parece replicar algunos de los vicios que el propio gobierno señaló en Arazatí.