Fiscal de Corte subrogante alerta: “me están llevando a la impunidad” si se aprueba nueva reforma penal sin presupuesto

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, fue tajante el pasado 16 de mayo ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Encabezó una delegación de la Fiscalía para analizar el proyecto de reforma del Código de Proceso Penal (CPP) remitido por el gobierno de Yamandú Orsi. Su mensaje central: acortar plazos sin aumentar el presupuesto es un camino directo hacia la impunidad.

“Todo tiene un costo, porque si ustedes me traen un proyecto de código nuevo en el que se van a acortar los plazos y donde va a haber otro tipo de circunstancias de accionamiento, entiendo que también hay costos”, afirmó Ferrero, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

La advertencia no fue un lamento gremial menor. Uruguay enfrenta una escalada de violencia vinculada al narcotráfico. Ferrero detalló: “Hoy, un día sí y otro también, hay un muerto”. Y añadió un cambio cualitativo: “Antes eran las guerras entre las bandas de los narcotraficantes y uno podía decir: ‘Bueno, es entre ellos’. Pero hoy están llegando los daños colaterales, se están llevando personas que no tienen nada que ver, así sea el hijo del narco”.

En ese contexto, la fiscal subrogante sentenció: “Si vamos a poner un código donde tenemos plazos cortos para investigar a los grandes narcos o al crimen organizado, hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad. Lo digo yo; me hago cargo: me están llevando a la impunidad”.

La delegación incluyó a la fiscal Adriana Edelman, quien describió al crimen organizado como un fenómeno “cada vez más sofisticado, cada vez utiliza herramientas más complejas y busca permear en toda la sociedad”. Edelman subrayó: “La peor señal que podemos dar es la impunidad, ya sea por falta de recursos, ya sea porque los plazos no nos den”.

El reclamo presupuestal que no cede

Ferrero recordó que la reforma exige más recursos para tres áreas concretas: capacitación de fiscales, modificación del sistema informático Sippau y personal para investigar con plazos reducidos. “Si hoy cuesta un montón de dinero, imagínense después”, dijo.

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini respondió que “el gobierno no le dio un peso a la Fiscalía” es una interpretación falsa. Afirmó que el Ministerio Público fue “priorizado” en el último presupuesto y que hubo “uno de los aumentos más importantes que tuvo la Fiscalía” en los últimos años. Sin embargo, reconoció un “desfasaje” con las nuevas exigencias del CPP.

Ferrero replicó con una frase que ya es parte del expediente político: “Me quedo tranquila, pero fui muy agradecida de lo que se le dio a la Fiscalía, porque además cuando yo vine, por el tema del presupuesto, a mí casi me matan. Casi me matan, a mí y a mi hijo”. Aludió así al atentado con granada en su hogar, ocurrido en 2023, que vinculó directamente a la falta de recursos para proteger fiscales.

Qué cambia realmente con la reforma (y por qué tensa la política)

El proyecto no es menor. Modifica unos 180 artículos del CPP actual, que fue aprobado en diciembre de 2014 y aplicado desde noviembre de 2017. Desde entonces, sufrió al menos 14 modificaciones parciales. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Enrique Moller, lo resumió: “El CPP es un código dificilísimo de manejar, porque tiene muchos retazos”.

Entre los cambios centrales se destacan:

Reinstauración de la suspensión condicional del proceso (probation). Eliminada en 2020 por la LUC, permitía que delitos leves se resolvieran con tareas comunitarias sin prisión ni antecedentes. El ex presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, calificó su eliminación como “un error empíricamente constatado” que elevó la tasa de encarcelamiento y saturó el sistema.

Modificación del régimen de prisión preventiva. Se eliminan presunciones automáticas basadas en la gravedad del delito o la reincidencia. El fiscal deberá justificar la prisión preventiva por riesgos concretos (fuga o entorpecimiento), y el juez la evaluará como cualquier otra medida.

Plazos definidos para investigar y acusar. La investigación podrá durar de nueve meses a un año, con un máximo de dos años. La acusación fiscal tendrá un límite de 30 días. Es justamente este acortamiento de plazos el que motivó la advertencia de Ferrero.

Rol más activo del juez de garantías, que podrá suspender una investigación si detecta vulneración de derechos. También se fortalecen el principio de inocencia y el estatuto de la víctima, aunque sin consagrar la querella privada.

El artículo sobre libertad anticipada generó tanta polvareda que el gobierno dio marcha atrás y lo retiró, encomendando a su bancada buscar una redacción alternativa.

Tensión política: reforma técnica o desguace de la LUC

El proyecto fue elaborado por un Grupo Asesor Técnico (GAT) que trabajó seis meses y mantuvo más de 30 reuniones. El 16 de marzo de 2026 se entregó al presidente Orsi, y el 27 de marzo ingresó al Parlamento. Pero el argumento técnico choca con la realidad electoral: la LUC fue ratificada por referéndum en 2022, y Cabildo Abierto ya anunció que no votará cambios que “desarmen lo ratificado por las urnas”.

El prosecretario Jorge Díaz, al presentar la reforma ante el Senado, afirmó que el objetivo es corregir situaciones que hoy derivan en “una serie de injusticias”. Sin embargo, la oposición ve una avanzada ideológica disfrazada de modernización.

Ferrero, por su parte, pidió no “apurarse con una legislación que no contemple al entorno”, porque “la realidad que está viviendo el Uruguay” no es un tupper cerrado. “No estamos en un tupper”, remató.