El PN se opone a instalación de sitio de memoria en donde ocurrieron torturas en dictadura

La bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Lavalleja —con excepción de una de sus integrantes— anunció la presentación de dos recursos administrativos contra el intendente frenteamplista Daniel Ximénez para intentar bloquear la colocación de un sitio de memoria frente al Batallón de Infantería N° 11 de Minas, prevista para el próximo 29 de mayo.

La medida llega dos semanas después de que la Junta Departamental aprobara la iniciativa con 17 votos afirmativos, los 16 de la bancada del Frente Amplio y el de la edila nacionalista Verónica Machado. Los ediles del Partido Nacional restantes abandonaron la sala tras ver rechazada su moción procedimental.

El texto que se busca instalar en el cantero central de la avenida Artigas de Minas es preciso en su alcance histórico: «Este edificio del Batallón de Infantería Nº11 fue centro de tortura entre 1968 y 1984. Nunca más terrorismo de Estado. Ley Nº 19.641. Comisión Sitios de Memoria de Lavalleja.»

La disputa jurídica y política

El argumento de los ediles blancos es de orden procedimental: según su interpretación de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515, la propuesta no habría alcanzado los votos necesarios en el legislativo departamental para avanzar. El presidente de la Junta, Mauro Álvarez, y la Intendencia sostienen la posición contraria y decidieron continuar con los preparativos.

Los recursos administrativos presentados contra Ximénez buscan suspender el proceso antes de que la placa sea instalada. De no prosperar en sede administrativa, la batalla podría extenderse a la vía judicial.

El edil colorado Julio Sánchez, quien firmó el informe en minoría de la Comisión de Nomenclátor, argumentó en sesión que la señalización «promueve el señalamiento de una institución y a sus integrantes» y que «en lugar de unir, genera divisiones». Agregó que el batallón «lleva más de 100 años de arraigo y de servicio a la patria». El Frente Amplio y la Comisión Departamental de Sitios de Memoria rechazaron esa caracterización.

Lo que ocurrió entre 1968 y 1984

El Batallón N° 11 funciona como cuartel activo desde hace más de un siglo, a unas diez cuadras del centro de Minas. Pero la historia que la placa busca inscribir en el espacio público comienza mucho antes del golpe de Estado de 1973.

Según documentación aportada por el colectivo Todos Somos Familiares Lavalleja a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, los primeros casos registrados datan de 1968, cuando dirigentes sindicales de entes autónomos fueron detenidos durante una militarización decretada por el gobierno constitucional de la época. En 1969, durante la huelga bancaria de 70 días, fueron trasladados al batallón dirigentes y militantes de la filial de AEBU en Minas.

En 1972, la represión se intensificó. Militantes del MLN-Tupamaros detenidos en Lavalleja fueron sometidos a torturas dentro del cuartel. Entre las víctimas documentadas de ese período se encuentran Nerys Díaz, Raúl Vernengo, Marcelino Perlas y Adán Pedro Vergara. El caso más extremo ocurrió el 2 de junio de ese año: Marianela Tourné fue detenida estando embarazada y dio a luz a su hijo Emiliano en cautiverio.

Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, el batallón se convirtió en punto de detención masiva. Dirigentes gremiales de FANCAP Minas, FOSE, el telégrafo, la asociación de profesores y el transporte fueron recluidos allí. También militantes de partidos políticos que repartían volantes contra el golpe: colorados, blancos y frenteamplistas por igual.

En 1974, el propio general Líber Seregni —fundador del Frente Amplio— estuvo detenido en el Batallón N° 11, hecho documentado en el libro «Seregni, un artiguista del siglo XX» de Gerardo Caetano.

El último ciclo represivo documentado con sede en ese cuartel ocurrió en junio de 1980, cuando una ola de detenciones apuntó contra quienes militaban por el No en el plebiscito constitucional de ese año. Entre los detenidos en esa oportunidad figuran Elena Chaín, Lolita Rubial, Fernando Larrea, Pablo Leiva y Araí Píriz.

En total, el colectivo Todos Somos Familiares Lavalleja identificó a más de 165 personas detenidas clandestinamente y torturadas en ese espacio entre 1968 y 1984, provenientes de distintas ideologías y partidos políticos.

La memoria como disputa territorial

La señalización del Batallón N° 11 es parte de un proceso más amplio. En Lavalleja hay identificados tres espacios que funcionaron como centros de detención durante la dictadura cívico-militar: el propio Batallón N° 11, la lindante Brigada de Infantería N° 4, y la División del Ejército IV sobre la Ruta 8. Esta última estuvo bajo el mando del dictador Gregorio Álvarez entre 1974 y 1978, con jurisdicción represiva sobre cinco departamentos. Ninguno de los tres había sido señalizado hasta ahora.

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria aprobó la señalización del Batallón N° 11 en marzo pasado. La colocación de la placa, si los recursos administrativos no prosperan, está programada para el 29 de mayo.

La representante de la Comisión Departamental de Sitios de Memoria, Adriana Vernengo —cuyo padre Raúl Vernengo fue una de las víctimas documentadas—, sostuvo ante la prensa que «la memoria no pertenece a ningún partido político» y trazó una comparación con otras memorias históricas que la humanidad eligió preservar: el Holocausto judío, el genocidio armenio y las luchas artiguistas por la independencia nacional.

Los recursos administrativos presentados esta semana abren un compás de espera jurídica en el que el gobierno departamental, la junta legislativa y las organizaciones de derechos humanos observan si el 29 de mayo la placa llegará a instalarse.

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