Senado aprobó preinvestigadora por Cardama a solicitud del Frente Amplio

La Cámara de Senadores resolvió este martes dar curso a la solicitud de conformación de una comisión preinvestigadora presentada por legisladores del Frente Amplio para analizar las circunstancias del contrato con la empresa Cardama y sus implicancias. La presidenta del Senado, Carolina Cosse, admitió y firmó la petición, activando el mecanismo parlamentario que establece un plazo de 48 horas para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la instalación de una comisión investigadora en pleno.

El ámbito preinvestigador quedó integrado por los senadores Nicolás Viera y Eduardo Brenta por el Frente Amplio, mientras que por el Partido Nacional se designó a Graciela Bianchi. Este grupo de trabajo tiene la tarea de definir con precisión el objeto de la pesquisa y elaborar los informes preliminares que posteriormente serán elevados al plenario del Senado para su consideración. La instancia representa el primer paso formal en el ámbito legislativo para escrutar los detalles de la operación.

La primera reunión de los legisladores designados está prevista para este miércoles a las 8:30. En dicha oportunidad, recibirán al senador Sebastián Sabini, también del Frente Amplio, quien oficiará como informante por haber sido el denunciante original que impulsó la creación de este mecanismo de control parlamentario. Sabini expondrá ante sus pares los fundamentos de su solicitud y entregará la documentación que respalda su denuncia.

Posturas encontradas sobre Cardama

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, manifestó su desacuerdo con el manejo gubernamental del caso y cuestionó duramente la continuidad de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en el cargo. Durante sus declaraciones, Da Silva calificó la situación como una «puesta en escena que le va a costar 100 millones, 200 millones a la gente». Sus expresiones reflejan una posición crítica dentro de las filas oficialistas respecto a las decisiones administrativas vinculadas al contrato con el astillero.

Da Silva profundizó sus cuestionamientos al referirse a los argumentos esgrimidos por las autoridades. «Es una bobada todo el argumento, es una bobada los argumentos previos, es inadmisible que la ministra Sandra Lazo siga en el cargo, con un rostro, dando cátedra de barcos de guerra, cuando le giró 20 y pico de millones de dólares, y si se lo giró porque lo tenía que girar, porque las cosas se estaban haciendo bien, es inadmisible los argumentos de Jorge Díaz. Por eso es una bobada», sostuvo el legislador blanco, poniendo en duda la consistencia de las explicaciones oficiales.

Estas declaraciones evidencian una fisura interna en la coalición gobernante respecto a la evaluación del proceso que derivó en la contratación y los pagos realizados a Cardama. La solicitud de renuncia a la ministra Lazo constituye una postura de máxima dureza por parte de Da Silva, quien considera que su permanencia resulta insostenible en el contexto de las revelaciones sobre el caso.

Críticas desde el Frente Amplio

Por su parte, el senador frenteamplista Sebastián Sabini ofreció su perspectiva sobre la situación, centrando sus críticas en la gestión del contrato durante la administración saliente. Sabini aseguró que el estado uruguayo no corre riesgo de perder un eventual juicio con la empresa Cardama, desestimando versiones que pudieran circular en sentido contrario. Además, cuestionó a los partidos que integraban el gobierno anterior por las características del acuerdo firmado.

El legislador también se refirió a los tiempos administrativos que rodearon al expediente. «Estuvo 11 meses parado el expediente y surgió el apuro en octubre, cuando vieron que iban a perder las elecciones. Dan la orden en febrero, cuando iban a entregar el gobierno. Entonces, si hay una prueba de buena fe del gobierno uruguayo, es que se realizaron los pagos, y los que no cumplieron los hitos porque no podían cumplirlos porque era irrealizable ese contrato, porque quisieron ahorrar en algo que no se puede ahorrar, porque no hay forma, porque no hay ningún astillero del mundo capaz de hacer dos OPV por 90 millones de dólares», afirmó Sabini, poniendo el foco en la viabilidad técnica del proyecto.

En su exposición, Sabini identificó presuntas irregularidades en la gestión del contrato. Para el senador frenteamplista «hubo errores y faltas graves que pueden tener consecuencias jurídicas», y señaló que persisten interrogantes sobre las razones que llevaron a seleccionar la propuesta que el gobierno saliente consideró adecuada, a pesar de las objeciones técnicas que ahora se plantean sobre su factibilidad. El legislador también aclaró que su bancada «no fue consultada» sobre la comisión investigadora que funciona en Diputados.