Andrés Ojeda debería ir a juicio político por cometer falta “gravísima”, dice informe contratado por el FA

Un informe de once caras comenzó a circular en los teléfonos de la bancada oficialista, y todo se revolucionó. No llevaba membretes rimbombantes ni había sido filtrado por error. El constitucionalista Rafael Ochs había respondido, punto por punto, el cuestionario que el Frente Amplio le había hecho llegar semanas atrás. Y su conclusión, contenida en un lenguaje técnico pero afilado, desmontaba la arquitectura jurídica que el senador colorado Andrés Ojeda había construido para sostenerse en su banca.

Ochs no dejó espacios intermedios. Para él, el artículo 124 numeral 2 de la Constitución no admite matices. “La interpretación no puede hacerse jamás contra el texto”, escribió, citando a Justino Jiménez de Aréchaga. Y ese texto, sostiene, es claro: un legislador no puede tramitar asuntos de terceros ante la Fiscalía. Ojeda lo hizo en octubre, cuando presentó un escrito por un cliente. La falta, según Ochs, es “gravísima”. Y la sanción no es opinable: es la pérdida inmediata del cargo.

Piden juicio político contra Andrés Ojeda

El informe, al que accedió el semanario Búsqueda, no se limita a señalar la infracción. Apunta también a la maniobra defensiva del senador. El 10 de diciembre, Ojeda había obtenido un dictamen de los servicios técnicos del Senado que concluía que su actuación no estaba prohibida. Ese documento, que el legislador presentó como un salvoconducto, es para Ochs “jurídicamente objetable”. Y agrega un señalamiento de orden institucional: el senador “no tenía imparcialidad para impulsar, tramitar y menos aún clausurar” un asunto en el que él mismo era “sujeto imputado”.

El constitucionalista también pone el foco sobre un punto que hasta ahora había quedado en segundo plano: el riesgo político. Habilitar que los legisladores ejerzan su profesión ante organismos que controlan, advierte, es “abrir la puerta a algo abiertamente indeseable”. Puede llevar, dice, a que el legislador rebaje la intensidad de su fiscalización, o a que el administrador, para congraciarse con quien lo controla, ejerza su función “de un modo torcido”. No es una acusación. Es una advertencia sobre el precedente.

El escenario político: dos caminos y una misma piedra

El Frente Amplio tiene ahora sobre la mesa un dictamen que le da sustento jurídico para avanzar. Pero el problema, como en diciembre, sigue siendo el mismo: los números.

La Constitución ofrece dos vías. Una es la remoción por indignidad, con dos tercios de la cámara respectiva. La otra es el juicio político: acusación en Diputados por mayoría simple y condena en el Senado con dos tercios. Ochs se inclina por esta última por “garantías”. Pero en cualquiera de los dos escenarios, la oposición tiene los votos para bloquear.

El FA suma 48 diputados. Necesita 50 para acusar. En el Senado tiene 17; se requieren 21 para destituir. La coalición ya cerró filas en diciembre y nada indica que haya cambiado de posición. Bordaberry, rival interno de Ojeda, fue quien puso más énfasis en los reparos de forma cuando el tema se trató en comisión.

El martes, la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo sugirió archivar la denuncia presentada por el convencional colorado Juan Ezequiel Ibarra. El fundamento era de forma, no de fondo: Ibarra no tiene legitimación para iniciar un juicio político. Algunos leyeron ahí un cierre del caso. El presidente de la Comisión de Constitución, Nicolás Viera, salió el miércoles a aclarar en X: “No archivamos nada. Recibimos un informe jurídico con recomendaciones”.

Ojeda, en cambio, lo interpretó como un punto final. Entrevistado en 12 PM, por Azul FM, dijo que con estas recomendaciones el asunto está “saldado”. El informe de Ochs, sin embargo, sigue ahí. Once caras que el Frente Amplio estudia mientras define si da el paso.