Salto: Albisu contrató a 52 funcionarios de confianza después de despedir a 291
Aunque Albisu acusó al Frente Amplio de contratar personas por “clientelismo”, insertó a 52 funcionarios de su confianza y círculos más cercanos.
La Intendencia de Salto está bajo fuego cruzado. El intendente Carlos Albisu, del Partido Nacional, ordenó el despido de 291 funcionarios municipales, justificando que sus contratos, regularizados en 2024 bajo la gestión del frenteamplista Andrés Lima, eran “ilegales” y fruto de supuesto clientelismo político.
Pero la polémica estalló al revelarse que, en paralelo, Albisu incorporó a 52 personas en cargos de confianza, muchos de ellos provenientes de su círculo íntimo y político. La maniobra, presentada como un “ordenamiento administrativo”, es señalada como una movida política en una ciudad donde el desempleo ronda el 12% y la confianza en los políticos se desploma.
El anuncio de los despidos se hizo el 24 de septiembre en una conferencia de prensa en la Intendencia. Acompañado por su secretario general, Walter Texeira Núñez, y el jefe jurídico, Alejandro Secco, Albisu explicó que los 291 ceses responden a un convenio colectivo firmado con ADEOM y avalado por el Ministerio de Trabajo, ahora considerado “violatorio de normas legales”.
Albisu y su círculo íntimo niegan que sea revanchismo, si no que es una decisión meramente técnica. Sin embargo, un pedido de acceso a la información impulsado por ediles del Frente Amplio destapó que, desde julio, la comuna incorporó 52 cargos de confianza, desatando acusaciones de amiguismo.
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Estos nuevos contratados no son extraños para Albisu. La lista incluye a excolaboradores de su paso por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, militantes de su sector en el Partido Nacional y personas de su entorno cercano, designadas en roles como asesores, coordinadores y enlaces comunitarios.
“Es una afrenta. Despiden a 291 trabajadores, muchos con años de servicio, y llenan la Intendencia con sus leales, con sueldos promedio de 80.000 pesos”, denunció otra persona de la localidad. Según la oposición, estos cargos consumen un 20% del ahorro proyectado de 150 millones de pesos anuales por los despidos, desmintiendo la narrativa de austeridad.
Albisu, que asumió en mayo de 2025 con el 48% de los votos gracias a una coalición con el Partido Colorado, defiende su decisión. “Tomamos 42 personas, no 52, y varios ya eran funcionarios. La gestión anterior tenía 74 cargos de confianza”, afirmó, sin detallar los criterios de selección.
La ausencia de concursos públicos y la designación de personas de su círculo íntimo –muchos con vínculos personales o profesionales de larga data– han avivado las críticas. “Esto no es un ajuste, es un acomodo para los suyos”, sentenció Rodríguez. La coalición oficialista, con mayoría en la Junta, bloquea cualquier intento de interpelación, pero el malestar crece.
El impacto social es devastador en Salto, donde la industria citrícola no alcanza para sostener el empleo y la desocupación golpea duro. “Trabajé cinco años en mantenimiento. Ahora estoy sin nada, pero los cercanos al intendente tienen cargos nuevos. ¿Eso es justo?”, cuestiona un exfuncionario del barrio Artigas que habla en anonimato.
ADEOM, el sindicato municipal, movilizó a cientos el 22 de agosto en una marcha bajo el lema “No al revanchismo”. Su líder, Mario Martínez, acusó a Albisu de usar la legalidad como excusa para una purga política y premiar a su entorno. El PIT-CNT, desde Montevideo, calificó la medida como “una violación de derechos sindicales” y anunció una queja ante la OIT.
¿Otra vez Albisu?
El historial de Albisu no ayuda a calmar las aguas. Su paso por Salto Grande en 2023 terminó en renuncia tras acusaciones de contrataciones clientelistas, y su doble rol como intendente y director de una mutualista que presta servicios a la comuna –con un sueldo de 300.000 pesos mensuales– genera sospechas.
“Prometió transparencia, pero rodearse de su círculo de confianza sin concursos no es transparencia”, dice un exfuncionario despedido que también pidió anonimato. Albisu asegura que revisará “casos puntuales” de despidos –solo 10 han sido notificados para posible reintegro– y defiende los nuevos cargos como “esenciales” para proyectos de infraestructura. Pero los números no cierran: los sueldos de los 52 contratados erosionan el supuesto ahorro, y la falta de criterios objetivos para las designaciones alimenta la desconfianza.
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