EE.UU. evalúa sanciones contra Brasil por el sistema PIX: Visa y Mastercard presionan

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), mantiene abierta una investigación formal contra Brasil bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El expediente incluye al sistema de pagos instantáneos PIX, desarrollado y operado por el Banco Central de Brasil, como uno de los puntos centrales de la controversia. La investigación, iniciada en 2025, se encuentra en sus etapas finales y podría derivar en medidas unilaterales como la imposición de aranceles a productos brasileños.

La estructura del caso se basa en alegaciones presentadas por empresas estadounidenses del sector de pagos electrónicos, entre ellas Visa y Mastercard. Estas compañías sostienen que el PIX, al ser administrado por una entidad estatal y ofrecer transferencias gratuitas para personas físicas y costos reducidos para comerciantes, altera las condiciones de competencia en el mercado brasileño.

Documentos de la USTR recogen el argumento de que el Banco Central de Brasil otorga un “preferential treatment” (trato preferencial) al sistema público, en detrimento de los proveedores privados estadounidenses que tradicionalmente operan con base en comisiones por transacción.

Desde su lanzamiento en 2020, el PIX se ha convertido en el medio de pago más utilizado en Brasil. Según datos del Banco Central, alcanza al 93 % de la población adulta y lidera las transacciones en comercio electrónico, superando al uso de tarjetas de crédito. La expansión del sistema redujo significativamente el volumen de comisiones que empresas como Visa y Mastercard percibían en operaciones con tarjetas de débito y crédito, lo que motivó la presentación de quejas ante la oficina comercial estadounidense.

PIX en la mira de Washington: ¿Sanciones en el horizonte?

La investigación se inscribe en un conjunto más amplio de revisiones comerciales que la USTR ha emprendido contra políticas brasileñas. Además del PIX, el expediente incluye análisis sobre la regulación de plataformas digitales en Brasil y el impuesto a las compras internacionales conocido como “taxa das blusinhas”. La estrategia de Washington ha sido utilizar la Sección 301 como herramienta de presión para abrir negociaciones integrales con el gobierno de Brasilia, buscando acuerdos que abarquen múltiples sectores.

El mecanismo de la Sección 301 permite al gobierno estadounidense determinar si prácticas comerciales de otros países son injustas o discriminatorias y, en caso afirmativo, aplicar represalias como aranceles adicionales a las importaciones. En los últimos años, el mismo instrumento fue utilizado para imponer gravámenes a productos chinos, configurando un precedente en cuanto a la amplitud de las medidas que pueden derivarse de una conclusión adversa para el país investigado.

Consultores y analistas de comercio exterior señalan que, de prosperar una determinación negativa para Brasil, las represalias podrían incluir aranceles de hasta el 50 % sobre productos brasileños exportados hacia Estados Unidos. Entre los sectores potencialmente afectados se encuentran el acero, el aluminio, productos agrícolas y manufacturas, aunque la lista definitiva dependería de la decisión final de la USTR y de eventuales negociaciones de último momento entre ambos gobiernos.

La defensa de Brasil ante las acusaciones

El Banco Central de Brasil ha sostenido que el PIX constituye una infraestructura pública neutral, diseñada para fomentar la inclusión financiera y la competitividad. Autoridades de la entidad han calificado al sistema como un “neutral provider of public digital infrastructure” (proveedor neutral de infraestructura digital pública), argumentando que su función es permitir la entrada de nuevos actores al mercado de pagos y reducir las barreras de acceso para la población no bancarizada.

Desde su implementación, más de 70 millones de brasileños ingresaron al sistema financiero formal, según estadísticas del Banco Central. La institución ha enfatizado que el PIX no impide la operación de empresas privadas, sino que convive con ellas, y que las tarifas cobradas a comerciantes por recibir pagos a través de llaves PIX persona jurídica son reguladas pero no eliminadas.

El gobierno brasileño prepara una respuesta técnica y diplomática. Según fuentes consultadas por medios especializados, la estrategia incluye argumentar ante la USTR que la regulación de servicios financieros forma parte de la soberanía nacional y que existen salvaguardas en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para medidas orientadas a la estabilidad financiera y la inclusión. En caso de que Estados Unidos imponga aranceles, Brasil evaluaría recurrir a la OMC para impugnar la medida.

Las quejas de Visa y Mastercard

La investigación de la USTR se encuentra en fase de revisión final. Si bien no se ha anunciado una fecha exacta para la publicación de determinación, reportes indican que la decisión podría conocerse en el transcurso de los próximos meses. La resolución puede adoptar tres formas: el archivo del caso si se considera que no existen prácticas discriminatorias; la continuación de las negociaciones con un acuerdo comercial que aborde las preocupaciones estadounidenses; o la imposición de aranceles como represalia.

En paralelo, representantes del sector financiero en Estados Unidos han mantenido reuniones con funcionarios de la USTR para reforzar sus planteamientos. Visa y Mastercard, junto con otras empresas de pagos, han documentado pérdidas de participación en el mercado brasileño y han solicitado medidas que, según sus argumentos, restablezcan condiciones de competencia equitativas.