Uruguay evita pagar US$ 840 millones tras cerrar dos arbitrajes internacionales vinculados a Montecon

El Estado uruguayo consiguió cerrar un segundo arbitraje internacional relacionado con Montecon sin pagar indemnizaciones, luego de alcanzar un acuerdo con la empresa canadiense ATCO, que reclamaba aproximadamente US$ 240 millones por presuntos perjuicios derivados de las decisiones adoptadas sobre la operativa del puerto de Montevideo.

La resolución, anunciada este viernes 13 de noviembre por Presidencia de la República, se suma al cierre del procedimiento iniciado por Neltume Ports, otra de las compañías vinculadas a Montecon, que había presentado una reclamación por unos US$ 600 millones. Entre ambos litigios, Uruguay enfrentaba pretensiones económicas estimadas en US$ 840 millones, que finalmente quedaron sin efecto como consecuencia de los acuerdos alcanzados.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó el resultado de las negociaciones y calificó el cierre de este nuevo procedimiento como “una amenaza menos en el camino” para el Estado uruguayo. El jerarca atribuyó el desenlace a “un trabajo permanente” y consideró que deja “un saldo netamente favorable a Uruguay”.

ATCO renuncia definitivamente al reclamo de US$ 240 millones

La empresa canadiense ATCO había iniciado en abril de 2024 un procedimiento de arbitraje contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución vinculada al Banco Mundial que interviene en controversias jurídicas entre inversores extranjeros y Estados.

La compañía cuestionaba las consecuencias del acuerdo suscrito en 2021 entre el gobierno uruguayo y la empresa belga Katoen Natie, mediante el cual se extendió la concesión de la Terminal Cuenca del Plata y se establecieron condiciones para la actividad de contenedores en el puerto de Montevideo.

ATCO sostenía que aquellas decisiones afectaban sus inversiones y que el Estado había incumplido obligaciones contempladas en el tratado bilateral de protección de inversiones entre Uruguay y Canadá. No obstante, el acuerdo anunciado por el Gobierno establece la renuncia irrevocable de la compañía a todas las reclamaciones presentadas en ese arbitraje.

Uruguay no pagará indemnizaciones ni otorgará beneficios a las empresas

De acuerdo con la información oficial de Presidencia, el entendimiento alcanzado contiene tres elementos fundamentales: ninguna de las partes reconoce responsabilidad por la controversia, ninguna está obligada a compensar económicamente a la otra y Uruguay no concedió beneficios ni contraprestaciones a ATCO o Montecon.

Estas disposiciones permiten cerrar el procedimiento sin que el Estado deba afrontar el pago de los US$ 240 millones reclamados por la empresa canadiense. La finalización del arbitraje es consecuencia de un acuerdo entre las partes y no de un laudo que haya resuelto el fondo de todas las acusaciones.

El Gobierno presentó el desenlace como un resultado favorable para la defensa de los recursos públicos, dado que elimina una reclamación de considerable magnitud económica sin establecer obligaciones indemnizatorias. El acuerdo también representa el segundo cierre de un procedimiento internacional relacionado con el conflicto portuario.

El antecedente de Neltume: otro reclamo de US$ 600 millones que quedó sin efecto

El 4 de setiembre de 2026, el Poder Ejecutivo había anunciado un acuerdo similar con Neltume Ports, compañía vinculada a la propiedad de Montecon que había demandado a Uruguay por aproximadamente US$ 600 millones al amparo del tratado de inversiones entre Uruguay y Chile.

En aquella oportunidad, la empresa aceptó renunciar de manera irrevocable a sus pretensiones y reclamaciones contra el Estado. El entendimiento también comprendió compromisos destinados a impedir nuevas acciones judiciales relacionadas con los hechos que habían dado origen a la controversia.

Jorge Díaz calificó entonces el acuerdo como “un triunfo de Uruguay a nivel internacional”. La resolución con ATCO completa ahora el cierre de los dos procedimientos internacionales promovidos por los accionistas vinculados a Montecon y permite dejar atrás reclamaciones que, sumadas, alcanzaban aproximadamente US$ 840 millones.

El origen del conflicto: la concesión del puerto a Katoen Natie

El enfrentamiento jurídico entre los accionistas de Montecon y el Estado uruguayo se remonta al acuerdo portuario firmado en 2021, durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Mediante ese convenio, el Gobierno extendió hasta 2081 la concesión de la Terminal Cuenca del Plata, cuya propiedad mayoritaria corresponde a la multinacional belga Katoen Natie.

El entendimiento otorgó prioridad a la terminal especializada para atender operaciones de contenedores y modificó las condiciones bajo las cuales se desarrollaba parte de la actividad portuaria. Estas decisiones fueron cuestionadas por empresas que entendían que las nuevas reglas podían afectar sus operaciones comerciales y sus inversiones en Uruguay.

Montecon, que desarrolla actividades de carga y descarga en el puerto de Montevideo, quedó en el centro de la controversia. Sus accionistas impulsaron reclamaciones internacionales al considerar que las decisiones estatales habían perjudicado sus intereses y vulnerado compromisos asumidos por Uruguay en tratados de protección de inversiones.

Dos arbitrajes cerrados y una controversia que comenzó durante el gobierno anterior

El conflicto también tiene antecedentes relacionados con la propia Katoen Natie. Antes del acuerdo de 2021, la empresa belga había promovido un arbitraje internacional contra Uruguay por aproximadamente US$ 1.500 millones, alegando que decisiones de las autoridades portuarias habían perjudicado sus derechos como inversora.

La administración de Lacalle Pou negoció una solución con la multinacional y acordó una extensión de la concesión de la terminal especializada, lo que permitió cerrar aquella controversia. Sin embargo, el entendimiento generó nuevos cuestionamientos y posteriores procedimientos de arbitraje por parte de empresas vinculadas a Montecon.

El actual gobierno de Yamandú Orsi heredó estos litigios y emprendió negociaciones para obtener su cierre. El objetivo planteado públicamente por Jorge Díaz fue que las compañías abandonaran sus reclamaciones sin imponer obligaciones ni condiciones económicas al Estado uruguayo.

El resultado económico y jurídico para el Estado uruguayo

El cierre de los arbitrajes supone que Uruguay ya no enfrenta las reclamaciones indemnizatorias planteadas por ATCO y Neltume en estos procedimientos. Los montos inicialmente solicitados sumaban alrededor de US$ 840 millones, una cifra de considerable relevancia para las finanzas públicas.

No obstante, es importante distinguir entre el valor de las pretensiones presentadas por las empresas y una obligación efectivamente determinada por un tribunal. Los US$ 840 millones representan el monto conjunto de las reclamaciones retiradas, no una condena económica que Uruguay estuviera obligado a pagar ni un ahorro presupuestal ya realizado.

El resultado sí elimina la exposición a eventuales condenas derivadas de ambos procedimientos y permite dar por concluidas las controversias sin las indemnizaciones exigidas. También evita que los litigios continúen avanzando hacia nuevas etapas de un proceso internacional potencialmente prolongado.

Jorge Díaz destaca la defensa del patrimonio público

Desde Presidencia se destacó que los acuerdos alcanzados reflejan una estrategia jurídica dirigida a proteger los intereses nacionales y resolver controversias de inversión sin comprometer recursos del Estado. El prosecretario Jorge Díaz señaló que el desenlace responde a un trabajo sostenido de negociación y defensa jurídica.

En sus comunicaciones públicas sobre el cierre del procedimiento con ATCO, el jerarca expresó: “Defendemos con firmeza y eficacia el patrimonio de los uruguayos”. La declaración resume la posición del Poder Ejecutivo sobre la importancia de concluir ambos litigios sin indemnizaciones ni beneficios económicos para las compañías reclamantes.

Con los procedimientos de ATCO y Neltume Ports finalizados, Uruguay alcanza un resultado favorable en dos controversias internacionales vinculadas al sistema portuario. El desenlace deja sin efecto reclamaciones multimillonarias y cierra una etapa judicial del conflicto generado por la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata.