Mar Libre de Petroleras intentó sin éxito denunciar al Estado uruguayo en la COP4 del Acuerdo de Escazú

La cuarta edición de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú —el principal tratado ambiental de América Latina y el Caribe— cerró el 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas, con diez decisiones aprobadas y una agenda cargada de temas regionales. Entre bastidores, sin embargo, un colectivo uruguayo llegó con una denuncia concreta contra el Estado y se fue sin haberla podido instalar en el debate oficial.

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay intentó, en el marco de esa cumbre, denunciar formalmente al Estado uruguayo por lo que describió como «grave incumplimiento de los principios» consagrados en el Acuerdo. La denuncia apuntaba al proceso de autorización de la prospección sísmica offshore en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). El intento no encontró vía formal para prosperar dentro de la conferencia.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica en 2018 y entró en vigor en 2021. Uruguay lo ratificó y está vinculado a sus disposiciones, que regulan el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones con impacto ambiental y el acceso a la justicia en esa materia. Es, además, el único tratado del mundo con disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del ambiente.

El trasfondo de la denuncia: meses de fricciones con el Estado

La disputa entre los colectivos ambientalistas y las autoridades uruguayas no comenzó en Nassau. En julio de 2025, Mar Libre de Petroleras presentó una denuncia ante el Ministerio de Ambiente por incumplimiento de los plazos legales en la entrega de información ambiental pública. El reclamo se centró en los informes de impacto ambiental elaborados para los proyectos de prospección sísmica tridimensional de las empresas Searcher Geodata y TGS. Según la normativa vigente y el propio Acuerdo de Escazú, el ministerio debía responder antes del 30 de junio de ese año. Al 17 de julio, las organizaciones no habían recibido notificación oficial alguna. «Dependemos de esta información para hacer observaciones con fundamento técnico. Si no accedemos a los estudios, nuestra participación queda limitada y vaciada de contenido», señalaron desde el colectivo.

Semanas antes de que terminara 2025, el Ministerio de Ambiente emitió la autorización ambiental previa a cuatro empresas: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS, habilitando actividades de exploración sísmica en bloques de la ZEE uruguaya con superficies que van de los 12.900 a los 16.450 kilómetros cuadrados por firma. Las organizaciones ambientalistas —entre ellas Amigos del Océano, SOCOBIOMA, Mar Libre de Petroleras y la Red Unión de la Costa— cuestionaron que el proceso de consulta pública hubiera cumplido con los principios de transparencia y participación establecidos en el tratado regional.

El ministro Edgardo Ortuño sostuvo en conferencia de prensa que la exploración se realizará «con las máximas garantías ambientales», que se duplicaron las condiciones de protección para la fauna marina, se acortaron los plazos operativos y se establecieron compensaciones económicas para el sector pesquero. Señaló además que la actividad se desarrollará entre 150 y 300 kilómetros de la costa, con una distancia mínima de 100 kilómetros entre buques. «La prospección sísmica no es lo nuevo. Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales que ha resuelto esta administración», declaró.

la vía judicial: un laberinto de competencias

En noviembre de 2025, SOCOBIOMA y Mar Libre de Petroleras presentaron una medida cautelar de no innovar ante la Justicia Civil, solicitando la suspensión de las prospecciones y la movilización de equipos hasta que se resolviera la posible nulidad de los contratos firmados entre Ancap y las empresas petroleras. La resolución del magistrado Federico Tobía fue desfavorable: el juzgado declaró que no tenía competencia para analizar la acción. Según el fallo, «no es posible juzgar la regularidad de los contratos celebrados entre la administración y los particulares sin previamente haber impugnado el acto administrativo en que aquellos se fundamentaron».

Las organizaciones rechazaron ese argumento. «Un contrato no es un acto administrativo. El artículo 309 de la Constitución circunscribe la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la anulación de actos administrativos, no de contratos», respondieron en un comunicado. Anunciaron la presentación de un recurso de apelación y la evaluación de otras vías procesales para garantizar «una tutela judicial efectiva».

En paralelo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) presentó su propio recurso de amparo, dirigido al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a Ancap y a las empresas multinacionales involucradas. La presidenta de la institución, Mariana Mota, señaló que de continuar la prospección, Uruguay incumpliría compromisos internacionales, entre ellos el Acuerdo de París de 2015. Los informes ambientales de las propias empresas adjudicatarias, sostuvo, reconocen «daños con impactos altos» derivados de la actividad.

lo que se aprobó en Nassau y lo que quedó afuera

La COP4 del Acuerdo de Escazú reunió a representantes de 27 países signatarios y contó con la participación de organismos regionales e internacionales y sociedad civil. Aprobó diez decisiones, entre las que se cuentan la creación de dos grupos de trabajo regionales: uno sobre registros de emisiones y transferencia de contaminantes, y otro orientado al acceso a la justicia ambiental. También avanzó en la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del tratado y en el diseño de hojas de ruta nacionales.

La reunión se desarrolló en un escenario de tensiones sobre la implementación efectiva del Acuerdo. Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, describió la situación regional antes del cierre: «Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP». Un tema que no quedó incorporado en las decisiones finales fue el pedido de incluir de forma explícita a pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia.

Irene Murillo, representante electa del público en la COP4, advirtió que «la elaboración de este plan es urgente y su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa». Anunció que los representantes electos presentarán un reporte sobre ese tema a principios de 2027. La próxima COP5 está prevista para abril de 2028 en Panamá.

la sísmica avanza mientras los recursos se acumulan

El primer buque destinado a las operaciones de prospección sísmica offshore en aguas uruguayas —el BGP Prospector, operando para CGG Services— llegó al puerto de Montevideo en febrero de 2026. Ante su arribo, Mar Libre de Petroleras convocó movilizaciones en la capital y a lo largo de la costa. La organización reiteró que su exigencia central era que ninguna prospección comenzara antes de que la Justicia se pronunciara sobre la nulidad de los contratos.

El respaldo ciudadano a esa postura se había materializado meses antes: la asamblea reunió más de 21.700 firmas y las entregó al Ministerio de Ambiente. Las movilizaciones del 15 de diciembre de 2025 abarcaron Montevideo, Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia. La Zona Económica Exclusiva uruguaya donde operarán los buques tiene características que los colectivos señalan como sensibles: es zona de rutas migratorias de cetáceos, área de pesca artesanal y espacio con ecosistemas de aguas profundas cuya biodiversidad fue catalogada en 2025 como de «valor incalculable» por una expedición de la Universidad de la República y el Schmidt Ocean Institute.

La tensión entre la política energética del gobierno, los compromisos internacionales asumidos por Uruguay y los reclamos de acceso a la justicia ambiental de los colectivos organizados no encontró resolución ni en los tribunales locales ni en la COP4. El grupo de trabajo sobre acceso a la justicia ambiental creado en Nassau deberá elaborar lineamientos regionales que, en el mediano plazo, podrían incidir en casos como el uruguayo. Por ahora, los buques operan y los recursos judiciales siguen su curso.