El Ministerio de Ambiente preautorizó prospección sísmica petrolera en el mar uruguayo

Por Carlos Loría, redactor periodístico

El Ministerio de Ambiente, por medio de su ministro, Edgar Ortuño Silva, otorgó el pasado viernes la Autorización Ambiental Previa a la empresa CGG SERVICES (US) INC para la primera fase de un extenso proyecto de prospección sísmica tridimensional en la Zona Económica Exclusiva del Uruguay.

La resolución 1482/2025, de más de diez folios, da luz verde a la “Fase I-aguas someras”, que se desarrollará en parte de los bloques OFF-1, OFF-2 y OFF-4 al OFF-7, un área marina de 51.000 km² que será explorada en etapas hasta 2027.

El visto bueno llega tras un largo proceso de evaluación que comenzó en abril de 2024. El ministerio clasificó el proyecto en la categoría “C” (impacto moderado) y sometió el Estudio de Impacto Ambiental a un riguroso escrutinio, afirmaron desde la cartera estatal, pero las dudas prevalecen entre los ambientalistas y la sociedad civil, que ven con recelo el proyecto.

El proceso incluyó consultas a diversas instituciones como la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y Cancillería, dos mesas técnicas, y una audiencia pública celebrada el 19 de mayo de 2025.

Durante la instancia de participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y actores clave del sector pesquero –la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) y la empresa Cooke Uruguay S.A.– presentaron observaciones y preocupaciones. Si bien el ministerio asegura que estas fueron “incorporadas a la tramitación y analizadas”, la autorización final deja una sensación ambivalente: por un lado, establece un entramado de condiciones de una rigurosidad inédita en proyectos similares en la región; por otro, no disipa completamente los temores sobre los efectos acumulativos y a largo plazo de esta técnica en el ecosistema marino.

Uruguay autoriza una mega prospección sísmica bajo un manto de condiciones frágiles

La resolución es, en esencia, un documento de condiciones. Suficientes para el ministerio, pero lo contrario para las organizaciones ambientales. La autorización para la Fase I es extremadamente acotada: solo podrá ejecutarse entre los meses de noviembre y abril, dentro de un polígono específico cuyas coordenadas geográficas se detallan minuciosamente.

Además, el permiso para las fases siguientes queda expresamente condicionado a los resultados de los monitoreos de esta primera etapa y a la definición de un área marina protegida con medidas de prohibición.

Críticos cuestionan si el Estado podrá fiscalizar la riesgosa prospección sísmica

La prospección se podrá realizar, dice el ministerio en su autorización, bajo cuatro requerimientos presuntamente estrictos, aunque débiles para sus críticos, no solo por la complejidad instrumental que esto agrega a la ejecución, sino también por el incremento en los costos a la hora de realizar las tareas.

• Protección de fauna: Se prohíbe activar las fuentes de sonido si hay cetáceos, tortugas o pinnípedos en un radio de 1.000 metros, y se deben apagar de inmediato si estos animales ingresan a zonas de mitigación de 1.000 metros (cetáceos) o 600 metros (tortugas y pinnípedos). Se requieren al menos cuatro Observadores de Fauna Marina y dos operadores de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) en todo momento.
• Control del ruido: Se exigirán monitoreos in situ para validar los modelos de propagación del sonido, cuyos resultados deberán presentarse en un plazo de tres meses.

• Compensación pesquera: La empresa deberá crear un mecanismo, con garantías financieras, para compensar económicamente a los pescadores con permisos de categoría A y C que demuestren pérdidas de captura, desplazamiento o daños en sus artes de pesca.

• Plan de Gestión Ambiental: Un mes antes de comenzar, CGG debe presentar un plan detallado que incluya monitoreo biológico específico sobre merluza, anchoíta y calamar; un programa para verificar los niveles de ruido; y un plan de relacionamiento comunitario, especialmente con el sector pesquero.

Visto esto, las preguntas que se hacen muchos no son pocas, y las respuestas deberían venir más pronto que tarde del gobierno. ¿Tiene la empresa autorizada todo el instrumental y el personal técnico para cumplir a rajatabla con lo exigido? ¿Están realmente dispuestos y con la voluntad de hacerlo? Y, más importante aún, ¿las autoridades tienen los mecanismos, herramientas, personal y capacidad técnica para controlar que se cumpla con lo ordenado?

La crítica soterrada: entre la precaución y la permisividad

La visión crítica, aunque matizada, surge al leer entre líneas. El hecho de que el ministerio destaque haber contemplado “precautoriamente” los impactos acumulativos y la protección de sitios prioritarios es un reconocimiento implícito de que el riesgo existe y es significativo.

La condición que impone una distancia mínima de 100 km entre buques sísmicos operando simultáneamente en áreas aledañas revela una preocupación por la saturación acústica en el ecosistema, lo cual ya han venido señalando expertos y organizaciones.

El escepticismo de la sociedad civil y del sector pesquero, expresado en la audiencia pública, no se refiere a la falta de normativa, sino a la capacidad real de hacerla cumplir en medio del océano y a la efectividad de estas medidas para proteger, por ejemplo, las rutas migratorias de ballenas o las zonas de desove de la merluza.

La resolución delega en la empresa la responsabilidad de la “adecuada gestión ambiental” y de presentar sus propios informes de cierre, lo que plantea dudas sobre el nivel de control independiente y continuo.

Un experimento a gran escala que podría costarle carísimo a Uruguay

La resolución ministerial aborda explícitamente muchos de estos impactos a través de sus condiciones. Las zonas de exclusión de 1000 metros para cetáceos, los observadores y el PAM buscan mitigar el impacto directo, pero se sabe poco, como se dijo anteriormente, de las capacidades de la cartera para poder controlar que todo se cumpla.

La restricción estacional (noviembre-abril) intenta evitar épocas críticas de migración o reproducción. Los planes de monitoreo específicos para merluza, anchoíta, huevos y larvas buscan cuantificar el impacto pesquero. La condición sobre los impactos acumulativos y la distancia entre buques reconoce este riesgo global.

Pero, en resumidas cuentas, el permiso intenta, a través de una supervisión extrema, convertir una actividad de alto impacto potencial en una operación controlada y monitoreada, aunque la discusión sobre si es posible realmente “mitigar” todos los efectos negativos sigue abierta en la comunidad científica y ambiental. ¿Qué tan posible es llevarla a ese utópico escenario? Está por verse si este experimento a gran escala no le cuesta demasiado caro al país.