72% de los delitos en Uruguay nunca llegan a la Justicia: La IA podría cambiar eso y romper el sistema

Solo el 27,5 por ciento de los delitos que los uruguayos dicen haber sufrido termina en una denuncia formal ante la Policía. El dato surge del primer Informe sobre Percepción de Seguridad y Victimización, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) junto al Ministerio del Interior con datos del año 2025.

Es la primera vez que el Estado uruguayo mide, de forma sistemática, la llamada “cifra negra”: la diferencia entre los delitos que ocurren y los que quedan registrados en algún expediente. El resultado confirma algo que hasta ahora era intuición: la mayoría de los hechos delictivos en Uruguay no dejan rastro administrativo.

El informe distingue entre robos, que incluyen rapiñas y hurtos tanto a hogares como a personas, y estafas, un delito que crece de la mano de las transferencias bancarias y los códigos QR. En ambos casos la brecha entre lo vivido y lo denunciado es amplia, pero no es igual.

De los 55.200 robos que ocurren en promedio cada mes en el país, un 45 por ciento llega a algún tipo de reporte policial, pero solo el 35,1 por ciento se traduce en una denuncia formal, según el desglose del propio informe. Con las estafas la diferencia es mucho mayor: de 26.900 casos mensuales, apenas el 11,7 por ciento termina denunciado.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, presentó estos datos como una herramienta y no como un reemplazo de las denuncias. Según explicó en la presentación del informe, este tipo de encuestas “nos dan herramientas profesionales, objetivas y potentes” para el debate político y académico, y remarcó que la Encuesta Continua de Hogares complementa, pero no sustituye, el sistema tradicional de denuncias.

Por qué los uruguayos no denuncian los delitos

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, identificó los dos motivos que las propias víctimas mencionan con más frecuencia para no radicar una denuncia: la desconfianza en que el trámite tenga algún resultado y la sensación de que se trata, directamente, de una pérdida de tiempo.

Este patrón no es exclusivo de Uruguay. Encuestas similares en Perú, México y Argentina muestran el mismo motivo como el más citado por las víctimas. Lo particular del caso uruguayo es que aparece confirmado, por primera vez, con metodología propia y no solo por comparación regional.

La brecha entre delito percibido y delito denunciado también convive con una sensación de inseguridad que no baja al mismo ritmo que las estadísticas policiales. Según el módulo de victimización de la Encuesta Continua de Hogares, cerca de cuatro de cada diez uruguayos declara sentirse inseguro o muy inseguro al caminar solo de noche por su barrio, un porcentaje que se mantiene estable respecto a mediciones anteriores.

Qué pasa con las denuncias que sí se hacen

El Código del Proceso Penal vigente en Uruguay habilita a que un fiscal decida archivar una denuncia sin necesidad de investigarla, siempre que fundamente esa decisión y la comunique al denunciante. Esa notificación, según detalla la propia Fiscalía General de la Nación, se realiza habitualmente por mensaje de texto.

Quien recibe un archivo de este tipo puede solicitar que el caso sea reexaminado por otro fiscal, pero ese trámite exige contar con asistencia de un abogado dentro de los treinta días posteriores a la notificación. Es un paso adicional que, en la práctica, deja fuera a buena parte de quienes ya decidieron no litigar por un hurto o una estafa de monto menor.

El factor que puede alterar esta ecuación: la inteligencia artificial

Estos datos de Uruguay no existen en el vacío. En el Reino Unido, un reportaje de la revista The Economist describió un fenómeno al que denominó “inundación agéntica”: el uso creciente de inteligencia artificial por parte de ciudadanos comunes para redactar demandas laborales, reclamos y denuncias sin necesidad de pagar un abogado. El artículo vinculó ese fenómeno con un salto de los casos pendientes en los tribunales británicos, que según ese reporte cerraron el año con 64.000 causas sin resolver, un 55 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Lo relevante de ese caso no es la tecnología en sí, sino lo que expone: sistemas judiciales que durante años funcionaron con una demanda contenida por barreras de tiempo, costo o desconocimiento legal. Cuando esas barreras bajan, la demanda represada aparece de golpe. The Economist plantea una opción que dejaría a mucha gente afuera del sistema y que, a su vez, expone un sistema que deja afuera a muchos ya de por sí: que la Justicia cobre una tarifa por presentar una denuncia.

Trasladado a Uruguay, el ejercicio es hipotético pero pertinente. Si el 72,5 por ciento de los delitos que hoy no se denuncian —según el propio informe del INE y el Ministerio del Interior— dejara de tropezar con la barrera que las víctimas identifican como “pérdida de tiempo”, la cifra negra no desaparecería: se convertiría en carpetas fiscales reales. Ningún organismo uruguayo ha proyectado todavía qué pasaría si herramientas de inteligencia artificial facilitaran la redacción de denuncias o reclamos administrativos a gran escala, pero la lógica que describe el caso británico permite anticipar el tipo de tensión que generaría: un sistema dimensionado para un volumen de denuncias bajo, expuesto de golpe al volumen real de delitos que hoy se pierde antes de llegar a una seccional.

Un fenómeno regional con matices propios

Comparado con otros países de la región, Uruguay mantiene niveles de victimización y de cifra negra más bajos que los reportados en México o Perú, donde distintas encuestas nacionales ubican el subregistro de delitos por encima del 90 por ciento. Aun así, el hecho de que casi tres de cada cuatro delitos uruguayos no lleguen a una denuncia formal contradice la imagen de un sistema plenamente eficiente.

El propio Índice de Paz Global, elaborado por el Institute for Economics and Peace, ubica a Uruguay como el país más seguro de Sudamérica y el segundo de toda América Latina, solo detrás de Costa Rica. Ese dato convive, sin contradecirse, con una cifra negra significativa: un país puede tener niveles de violencia bajos en términos comparativos y, al mismo tiempo, un subregistro alto de delitos patrimoniales menores.

Lo que muestran estos datos hacia adelante

El informe del INE y el Ministerio del Interior no es un hecho aislado sino el primero de una serie que se repetirá de forma semestral y anual, lo que permitirá comparar la evolución de la cifra negra a lo largo del tiempo. Esa continuidad metodológica es, en sí misma, una novedad para la región, donde este tipo de mediciones suelen depender de encuestas puntuales y no de un sistema estadístico permanente.

Esa es, en definitiva, la pregunta que dejan abiertas tanto el informe uruguayo como el reportaje británico: si una institución judicial solo resulta manejable porque una mayoría de las víctimas renuncia a ejercer su derecho a denunciar, el problema no es el volumen de delito. Es el diseño del sistema que lo procesa. Para las autoridades uruguayas, el desafío no es solo policial: implica revisar por qué denunciar un hurto o una estafa sigue percibiéndose, para la mayoría de las víctimas, como un trámite que no vale la pena iniciar, incluso antes de que una herramienta tecnológica les facilite hacerlo.