Ahorristas del Banco Montevideo ampliarán denuncia penal contra ex directores del BCU

Los máximos jerarcas del BCU durante el gobierno de Jorge Batlle, el presidente de la entidad monetaria, Miguel Vieytes, el vicepresidente Julio De Brum, y el director Andrés Pieroni, serán sumados en la denuncia presentada contra la Comisión Asesora del Directorio.

Los ahorristas denunciantes acusaron a la comisión de beneficiar a «determinadas personas» vinculadas al grupo financiero de la familia Peirano Basso, en perjuicio de centenares de ahorristas con «iguales o incluso mejores requisitos» para recuperar el dinero que invirtieron.

Por «abuso de funciones en casos no previstos por la ley», el fiscal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat, ya solicitó al juez de 19º Turno, Luis Charles, el «procesamiento» de Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause, de la Comisión Asesora del Directorio del BCU.

Según los denunciantes de los asesores, y ahora de los directores, la comisión asesora reconoció la condición de «ahorristas» del Banco de Montevideo a 22 personas cuyos fondos fueron transferidos a la off shore TC&B, en Islas Cayman Tres habían sido gerentes del banco.

La ampliación de denuncia que será presentada a fines de setiembre, anunciaron LA REPUBLICA fuentes del grupo, responsabilizará a los tres ex directores por haber «avalado», «ratificado» y «homologado con su firma» el trabajo de una comisión que benefició ciertos ahorristas.

Según los ahorristas, el documento que involucraría a los ex directores en las resoluciones de los ex asesores del Directorio es un sumario administrativo que el BCU instruyó a una funcionaria, donde quedó en evidencia que el BCU ya conocía, en febrero de 2004, el «ocultamiento» de desvíos ilícitos.

Además admite que el Banco de Montevideo y el TC&B pertenecían a «un mismo grupo económico» que se prestaba dinero a sí mismo, y que realizaba presuntas inversiones financieras en el extranjero con dinero de clientes, pero «sin recabar el consentimiento» de ninguno.

Con posterioridad, la comisión, y luego el Directorio, reconocieron la condición de ahorristas del banco a personas que tenían su dinero en el TC&B. Entre los beneficiados figuran «tres ex gerentes del banco y algunos de sus familiares y amigos directos», según los denunciantes.

 

La prueba

La incorporación del documento oficial al expediente provocaría un brusco giro en las indagaciones judiciales, en particular, cuando pase a estudio del fiscal actuante, quien podría solicitar la documentación que escudriñaron los sumariantes que detectaron las irregularidades.

El Proyecto de Resolución de sumario estableció en su Resultando que «en el Area de Banca Privada se ha constatado el ocultamiento deliberado al Banco Central del Uruguay de determinadas opciones de inversión ofrecidas a los clientes, así como maniobras tendientes a ocultar la posición asumida por Banco de Montevideo con empresas de su mismo grupo económico, la realización de algunas inversiones por cuenta de clientes sin recabar el consentimiento y/o instrucciones puntuales de los mismos y la desaparición de la carpeta del cliente».

La off shore TC&B (Trade & Commerce Bank), con domicilio en Islas Caimán, fue utilizada por la familia Peirano para «desviar» fondos que ahorristas habían depositado en Banco de Montevideo creyendo que se trataba de depósitos a plazo fijo, según acusaron los denunciantes.

La Comisión Asesora fue creada por el artículo 31 de la Ley 17.613, de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FSB), para analizar si todos los «ahorristas damnificados» por el Banco de Montevideo dieron su «consentimiento» para que sus fondos fueran «transferidos» al TC&B.

Los ex asesores del BCU fueron denunciados por unos 120 ahorristas dañados por el cierre del Banco de Montevideo, de la familia Peirano Basso. Los denunciantes están representados por la escribana Alicia Barbani; son patrocinados por el abogado penalista Víctor Della Valle. *